Foro en Casa Lamm

Pemex no debe ser embudo fiscal para sostener las finanzas

JUAN ANTONIO ZUÑIGA

Petróleos Mexicanos (Pemex) fue creada para ser un eje del desarrollo industrial del país y no un "embudo fiscal" para sostener las finanzas públicas. Pero para llevar a cabo su cometido constitucional debe contar, igual que la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, con autonomía de gestión y ser presupuestalmente autónoma.

A esta conclusión llegaron los especialistas en temas de energía reunidos en el foro El sector energético mexicano: balance y perspectivas, organizado por La Jornada y el centro cultural Casa Lamm.

''No hay razón válida para continuar con el despojo a Pemex'', planteó Antonio Gershenson, analista del sector energético; ''a Petróleos Mexicanos se le extraen más recursos de los que genera'', sostuvo Sergio Benito Osorio, integrante de la Mesa Ciudadana de Observación de la Energía. ''La política aplicada por el presidente Vicente Fox ha propiciado una integración subordinada al mercado estadunidense de energía'', afirmó Víctor Rodríguez Padilla, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Pero todos coincidieron en la necesidad de dotar de autonomía de gestión a las empresas públicas relacionadas con la explotación de la riqueza energética.

Los costos finales terminan siendo muy superiores a los acordados

Antonio Gershenson refirió que desde los proyectos ''llave en mano'' hasta los contratos de servicios múltiples son vías por las que se pretende eludir el artículo 27 constitucional dentro de una agresiva política de endeudamiento de Pemex para financiar sus obras a través del mecanismo de los proyectos de inversión productiva de largo plazo, conocidos como Pidiregas.

Hay casos, dijo, como en las obras encomendadas a empresas coreanas bajo los contratos llave en mano, en la reconversión de la refinería de Cadereyta, en los que se importaron albañiles de aquel país. Pero sobre todo, prácticamente en todas las obras realizadas bajo esta modalidad los costos finales fueron muy superiores a los originalmente acordados.

Ejemplificó. En las obras de Cantarell el costo final fue 123 por ciento superior al aprobado en la firma del contrato respectivo; en la refinería de Cadereyta el sobrecosto fue de 88 por ciento, y en la de Ciudad Madero, de 158 por ciento, según consta en la cuenta pública entre 1988 y 2002, precisó Gershenson. Esto no puede ser atribuido al deslizamiento del peso frente al dólar, puntualizó, porque la devaluación de la moneda nacional en ese periodo fue de 6 por ciento.

Sobre los contratos de servicios múltiples, el especialista consideró que su situación es todavía más delicada que los anteriores, porque no sólo se concesionan obras, sino extensiones territoriales. Aquí, las propias empresas, generalmente trasnacionales, hacen el proyecto, el cual ya no está a cargo de Petróleos Mexicanos. ''Los contratos no están asociados a una obra, sino a una extensión de terreno'', y las concesiones varían de 15 a 20 años. Pero, además, ''todas las zonas gaseras concesionadas en los CSM ya habían sido estudiadas por Pemex''.