Contravienen la Carta Magna los permisos a particulares para generar electricidad

Detecta la ASF ilegalidades cometidas por la Comisión Reguladora de Energía

Plantea el PRD controversia constitucional por los contratos firmados con Repsol

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Los permisos otorgados a particulares para la generación de energía eléctrica que autoriza la Comisión de Reguladora de Energía (CRE) a través de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) ''contravienen el espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previsto en sus artículos 27 y 28'', sostuvo la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

A su vez, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro presentará hoy un punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión empiece, a más tardar en 15 días, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el presidente Vicente Fox, por considerar que los contratos de servicios múltiples autorizados por él con la empresa española Repsol, son ''absolutamente ilegales''.

Pablo Gómez, coordinador de la bancada perredista, informó que ya se encuentran en sus manos las copias de los convenios signados por Petróleos Mexicanos, en los cuales están implicadas al menos cinco empresas nacionales y trasnacionales. El legislador denunció que el presidente de la mesa directiva, Juan de Dios Castro Lozano, ''ocultó'' los contratos durante una semana. Ese hecho propiciará que los legisladores sólo tengan 15 días para elaborar el contenido de la controversia constitucional, y adujo que ya existe un acuerdo con la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para crear una comisión investigadora que dará seguimiento a las inversiones privadas en materia energética.

Al desglosar una serie de ilegalidades cometidas por la CRE durante 2002, la Auditoría Superior de la Federación advierte que los 19 permisos otorgados ''no están fundados ni motivados'' en infracción al artículo tercero, fracción quinta de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), al grado de que en la escritura pública de un permisionario, que incluye como socios a siete municipios y un gobierno, se prevé la formalización de contratos de compraventa de energía eléctrica, ''contraria a los artículos 27 constitucional, y 36 y 90 de la LSPEE''.

Además, la CRE otorgó un permiso en 2002, a pesar de que la opinión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue negativa en dos ocasiones. Tres permisionarios no presentaron el programa de abasto de energéticos requeridos con la solicitud del permiso. Ocho no cumplieron con los requisitos de la norma ecológica, del uso de suelo y de agua, previstos en la solicitud del permiso. En cuatro de los 19 permisos revisados se incluye una salvedad que permite la venta de energía eléctrica a los socios, lo que se presume contrario a los artículos referidos.

Incluso, en una revisión sobre el cumplimento de los permisionarios entre 1994 y 2002 se tomó una muestra de 89 permisos, ''de los cuales 77 se encuentran en operación y no están motivados ni fundados en la LFPA''.

En tres permisos vigentes se encontraron contratos de compraventa de energía eléctrica, entre el permisionario y sus socios, lo que se presume contrario a los artículos 27 constitucional, y 36 y 90 de la LFPA.

También ''en 26 de los 89 permisos revisados se incluye una salvedad que permite la venta de energía eléctrica a los socios, lo que se presume contrario a los artículos de referencia. En 72 casos los permisionarios no cumplieron con la norma ecológica y en 35 con la de uso de suelo. Un permisionario, durante 2002, reportó excedentes de energía eléctrica entregados a la CFE, superiores a los 20 megavatios permitidos fuera de convocatoria, por asignación directa''.

En los cargos por el servicio de porteo se estimó que durante el periodo 2000-2002, la CFE cobró a los autoabastecedores y/o generadores un importe inferior en 140 millones de pesos a sus costos medios contables. Se consideró que durante el periodo de análisis los cobros de la CFE a los autoabastecedores y cogeneradores por el servicio de respaldo fueron menores en 18 millones de pesos. Incluso, un permisionario de autoabasto vendió a la CFE como excedente 91.3 por ciento de la energía total que generó, ''lo que constituye una probable simulación, ya que no cumple con la LSPEE''.

Estas anomalías fueron analizadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que revisó la constitucionalidad y la legalidad de los permisos: ''en el estudio, el instituto hizo apreciaciones relativas a que en la LSPPE y en su reglamento se presume que se contraviene el espíritu de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos previstos en los artículos 27 y 28''. La ASF informó a los legisladores que en breve plazo dará a conocer el análisis del instituto.