La situación es alarmante, advierte en un informe

Alerta el Centro Vitoria sobre estallido social por la pobreza

Debe el gobierno cambiar su estrategia económica, afirma

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

La situación de los derechos a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo y a un ambiente sano es "extremadamente alarmante" en México y los más afectados son los millones de mexicanos en la pobreza, concluye un informe del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

El organismo de defensa de derechos humanos critica las "políticas asistencialistas" aplicadas por el gobierno y exige que tome medidas antes de que el estallido social "sumerja a la nación en pretéritos escenarios" que la llevaron "al luto, la desolación y el retroceso".

Señala que hasta por razones de supervivencia el Estado debe reconsiderar la estrategia económica que apuesta al mercado toda posibilidad de desarrollo humano y, paradójicamente, crea condiciones que lesionan el disfrute de los derechos fundamentales de la población a una existencia digna y solidaria.

El Informe sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales abarca de noviembre de 2002 a noviembre de 2003 y fue elaborado con el apoyo del Instituto de Desarrollo Social (Indeso).

Para el presidente del Centro Vitoria, Miguel Concha Malo, el documento pretende "llenar un vacío" de información más sistemática y continua en la sociedad mexicana y forma parte del trabajo que esta ONG ha realizado a lo largo de dos décadas.

Con la colaboración de estudiosos del tema, el Centro Vitoria elaboró una detallada radiografía sobre estos seis derechos, la cual fue presentada ayer en el Centro Universitario Cultural por Concha Malo, el Indesol y representantes de otras organizaciones sociales.

En las conclusiones, el Centro Vitoria advierte que se requiere atención prioritaria e inmediata por parte del Estado, mediante enérgicas políticas públicas dirigidas específicamente a los sectores más vulnerables de la población, para superar "la visión asistencialista, que conmueve pero no resuelve; enmascara pero no supera el hondo drama de la mayoría de los mexicanos, víctima de la concepción elitista de la función social".

También señala que la información obtenida en medios oficiales es contradictoria y dificulta hacer un diagnóstico exacto que sustente honestamente la elaboración de política públicas eficaces para contrarrestar los efectos de la pobreza.

Refieren que, según instituciones independientes, los indicadores reales establecen que la pobreza y la pobreza extrema alcanzan a más de 70 millones de mexicanos.

René Torres, subdirector de Investigación del Indeso, reconoció que "hay una gran presencia de una política neoliberal y de un grupo tecnocrático en esferas importantes del gobierno, no sólo en esta administración, sino de tiempo atrás". Y pidió a la organización no gubernamental que en posteriores informes incluya datos oficiales sobre programas como el de Oportunidades que, aseguró, han dado buenos resultados en la lucha contra la pobreza.

Los resultados más relevantes del informe dan cuenta, en el caso del derecho a una alimentación adecuada, que las raíces del problema del hambre y la malnutrición en México están, en la mayoría de los casos, en la falta de leyes, instituciones y programas que garanticen el acceso a los alimentos.

Cuestiona al gobierno por pretender solucionar las violaciones a este derecho con la "monetarización de sus obligaciones, lo que se traduce en la transferencia de recursos en efectivo para la atención coyuntural de las demandas, sin llevar a cabo programas productivos y de atención que puedan resolver de forma estructural estas violaciones".

Sobre el derecho a una vivienda adecuada, explica que sólo 30 por ciento de la población tiene acceso a los organismos de vivienda, y el 70 por ciento restante está desprotegida y lo resuelve de manera personal con recursos propios.

Respecto al derecho a la salud, dice que se carece de un sistema que garantice a toda la población asistencia médica adecuada. En el caso del derecho a la educación, explica que el presupuesto es inferior al 8 por ciento del PIB recomendado por organismos internacionales (es de 6.8 por ciento, según la cifra oficial, que considera el gasto de la iniciativa privada) y, por tanto, no hay recursos suficientes para mejorar los salarios de los maestros y atender a miles de jóvenes que no tienen acceso a las preparatorias y a las universidades.

Afirma, por otra parte, que el aumento desmedido del desempleo, una política económica que da continuidad al neoliberalismo tecnocrático y una eventual aprobación de la ley Abascal son ejemplos de violaciones a los derechos humanos laborales.

Por último, señala como problemas graves que impiden el cumplimiento del derecho a un ambiente sano la escasez de agua, la proliferación de empresas dedicadas a servicios ambientales poco serias y poco reguladas, la deforestación y la introducción de basura tecnológica a nuestro país.