Los connacionales no pudieron ejercer su derecho a la asistencia consular, señala

Ordena la CIJ a EU revisar 52 casos de mexicanos condenados a muerte

Tribunal de Oklahoma hace caso omiso y reitera que el 18 de mayo se ejecutará a Osvaldo Torres

AGENCIAS

La Haya, 31 de marzo. En un fallo que reivindica los principios de México en contra de la pena de muerte, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), dictaminó este miércoles que Estados Unidos violó la ley internacional y debe ''revisar y reconsiderar'' los casos de 52 mexicanos condenados a la pena capital en ese país.

Por mayoría de 14 contra uno, los jueces de la CIJ consideraron que los mexicanos afectados no fueron informados a tiempo de su derecho a la asistencia consular y que, por tanto, ''la reparación apropiada en este caso consiste en la obligación para Estados Unidos de revisar, por los medios a su elección, las condenas y las penas pronunciadas contra los mexicanos'' cuyos derechos fueron violados.

Convención de Viena, incumplida

De este modo, y en respaldo al argumento central de México, la Corte Internacional de Justicia resolvió que Estados Unidos incumplió el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Además, los jueces decidieron por unanimidad que Washington debe comprometerse a dar a México garantías de que tal situación de ilegalidad no volverá a ocurrir.

Los magistrados de La Haya insistieron hoy en que la asistencia consular es un derecho fundamental. Su objetivo es garantizar que los extranjeros que tengan problemas con la justicia puedan recibir ayuda legal inmediata de su país de origen a través del personal consular.

En los alegatos que presentó al interponer su querella, en enero de 2003, el Estado mexicano dejó en claro que no cuestionaba la inocencia o culpabilidad de los acusados ni la pena impuesta, sino únicamente la violación de origen al proceso (la asistencia consular), y de ahí su reclamo de reponer los juicios.

Si bien México contabilizó en su denuncia los nombres de 52 connacionales, la CIJ dispuso que se reponga el proceso judicial en 49 de los casos y que en los tres restantes se busque un mecanismo especial, pues en éstos se han agotado todos los recursos legales y la fecha de ejecución ha sido establecida.

El llamado ''Caso Avena y otros nacionales mexicanos'' (México vs Estados Unidos) representa el primer litigio interpuesto por el país ante el órgano judicial de la ONU. Además, para este juicio la corte internacional nombró como juez ad hoc al ex canciller Bernardo Sepúlveda.

Los fallos de la corte son inapelables y de obligado cumplimiento. Esta es, además, la tercera ocasión en que Estados Unidos es llevado ante la CIJ por violaciones al derecho consular, relacionados con sentencias a la pena capital. Ocurrió con Paraguay y recientemente, en 2001, con Alemania, por el caso La Grand, que si bien resultó a favor de la causa germana la ejecución se había consumado en Arizona dos años antes.

En La Haya, el agente postulante del gobierno mexicano, Juan Manuel Gómez Robledo, presente durante la lectura del fallo, dijo que México ''ha obtenido ante todo un triunfo en términos del derecho internacional''. Señaló además que ''ante la estrategia jurídica de Estados Unidos, que descalificó absolutamente todo y pidió a la corte que se declarara incompetente y que no admitiera ninguna de las peticiones de México, el simple hecho de que la CIJ le diera entrada a estos casos es un triunfo indudable''.

A lo largo del proceso, tanto en la presentación de su contramemoria como en el periodo de las audiencias públicas, en diciembre del año pasado, Washington insistió en que su sistema de justicia garantiza condiciones de defensa eficientes para todo procesado y que la instancia de clemencia -en la que se encuentran 49 de los condenados- es parte integral del proceso judicial.

William H. Taft IV, consultor legal del Departamento de Estado y agente del caso, dijo que diseñar un sistema capaz de dar aviso en cada detención a un agente consular supondría una parálisis del sistema policial estadunidense ante la diversidad de nacionalidades de origen que integran su población, y que significaría además la intromisión extranjera en su sistema penal.

Frente a esto, sin embargo, durante las dos horas y media que duró la lectura del complicado fallo judicial, el presidente del tribunal, el chino Shi Jiuyong, se refirió en varias ocasiones al caso de los hermanos alemanes Karl y Walter La Grand, que gravitó a lo largo de todo el proceso que hoy concluyó.

En junio de 2001, y tras una demanda interpuesta por Alemania, la CIJ también falló en contra de Estados Unidos. Los hermanos, acusados de asesinato, habían sido ejecutados dos años antes en Arizona. Las autoridades alemanas habían sido informadas del caso 16 años después de la detención de los hermanos y Estados Unidos ignoró un auto provisional de la corte para aplazar su ejecución.

Lo mismo habría ocurrido en el caso de los 52 mexicanos, de ahí que al presentar su demanda, México solicitó a la corte que se adoptaran medidas precautorias -suspensión de las ejecuciones- en tanto se resolvía el fondo de la cuestión. La CIJ atendió la solicitud y en febrero del año pasado giró la orden de que no se realizara ningún acto irreversible.

Sin embargo, en lo que México considera un abierto ''desacato'' a las disposiciones de la corte, un tribunal de Oklahoma decidió desde hace varias semanas la ejecución, para el próximo 18 de mayo, del connacional Osvaldo Torres. Este es uno de los tres casos para los que la corte internacional dispuso debe encontrarse un mecanismo especial, y que ante el fallo de la Corte de Apelaciones de Oklahoma, de ratificar la fecha de ejecución, provocó de inmediato una reacción indignada por parte del gobierno mexicano, que exigió dar cumplimiento a las medidas cautelares de la CIJ.

Por ello, y de manera significativa, el también representante alterno de México ante la ONU, Juan Manuel Gómez Robledo, declaró hoy mismo que ''tenemos todas las posibilidades abiertas a partir de ahora para volver a liquidar cada uno de estos casos en la instancia procesal en la que se encuentran, y dijo que México tiene pensadas una serie de medidas diplomáticas y jurídicas para agilizar la posibilidad de que la decisión de la CIJ se vuelva realidad ''lo antes posible''.

A su vez, la abogada estadunidense Sandra Babcock, cuya experiencia en la defensa de casos con sentencia de muerte resultó fundamental para el alegato mexicano, dijo que la decisión de la corte de La Haya es muy importante, pues pide a Estados Unidos ''cambiar sus procesos, cambiar la forma en que revisa estas violaciones'' a las garantías consulares.

''Tiene que empezarlas a tomar de manera seria; no puede continuar minimizando la importancia de la asistencia consular y no puede descontar la importancia del derecho de la notificación consular y acceso''.

Explicó que las cortes de apelación de Estados Unidos tendrán que revisar la situación de los mexicanos sentenciados a muerte, en donde se podría decidir un nuevo procedimiento de sentencia o un nuevo juicio. ''Cada uno de estos casos está en fase procesal distinta. Desde luego dependerá en cada caso de lo que se pueda hacer y no descartamos en modo alguno que pueda darse la reposición íntegra del procedimiento'', apuntó a su vez Gómez Robledo.