Han pasado 10 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio en la barriada tijuanense de Lomas Taurinas y el homicidio y sus secuelas todavía gravitan la conciencia nacional y en la vida republicana del país. Según la formalidad legal, ese crimen, al igual que los otros perpetrados en las postrimerías del salinato y en el arranque del zedillismo, está plenamente esclarecido y su responsable ha sido sancionado conforme a derecho. Pero la muerte de Colosio, como antes la de Juan Jesús Posadas Ocampo, y después la de José Francisco Ruiz Massieu, es emblemática de la enorme distancia entre el discurso oficial y la verosimilitud, distancia que hoy día alcanza dimensiones abismales.

La ineptitud policial y la posible acción de intereses todavía ocultos hicieron que la tesis del asesino solitario acabara convertida en verdad jurídica. Pero el sentido común de la sociedad ha señalado, desde la tarde trágica del 23 de marzo de 1994, que el homicidio del candidato presidencial priísta fue la culminación de una conjura dentro del grupo gobernante en aquel entonces, con posibles ramificaciones a sectores de gran poder económico, financiero y delictivo. Los elementos del enrarecido ambiente de aquel primer trimestre de ese año -la insurgencia indígena chiapaneca, que en esas semanas empezaba a mostrarse a México y al mundo; las agrias disputas palaciegas entre los hombres de Salinas, el auge del poder del narcotráfico, así como un perceptible distanciamiento entre el entonces presidente y el aspirante oficial a sucederlo, cuya campaña, para colmo, no terminaba de prender en medio de aquella incertidumbre- obligan a suponer que la muerte del sonorense no fue resultado de una aislada mentalidad delirante, sino respuesta de un sector de la clase política o de grupos de interés económico, o de una combinación de ambos, a lo que se percibía como el inminente derrumbe del sistema. Si a eso se agregan el desaseo y las irregularidades de las primeras fases de la investigación, la explicación oficial se vuelve francamente pueril e inverosímil.

La incapacidad o falta de voluntad para emprender una investigación seria y creíble contagió al gobierno de Ernesto Zedillo las sospechas en las que terminó el de Salinas, y el olvido del caso por el foxismo ha minado también la credibilidad de la administración en curso y reforzado la impresión de que la falta de deslindes claros, en éste y otros terrenos, por parte de gobernantes actuales con respecto a sus predecesores, expresa un designio o un pacto de continuidad y hasta complicidad. Más aún, la falta de respuestas oficiales claras a los muchos misterios del crimen de Lomas Taurinas ha erosionado severamente la imagen de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, así como la de las entidades encargadas de la seguridad en sus distintas facetas.

En términos generales, los sucesos del turbulento año final del salinato siguen siendo, en buena medida, un recordatorio de asuntos irresueltos: no sólo los asesinatos de políticos, sino también el alzamiento indígena de Chiapas y la crisis económica que estalló en diciembre de 1994, un traspié mayúsculo que hundió en la desesperanza y la miseria a millones de mexicanos y cuyos responsables jamás enfrentaron un juicio político, ya no se diga un proceso penal.

El gobierno "del cambio" ha dilapidado el capital político que recibió en el mandato de 2000 y ha agotado su primer trienio en una lamentable autocomplacencia. El país, en tanto, sigue viviendo en la sospecha del continuismo cómplice y en las inercias de un pasado trágico. Los sucesos de hace 10 años deben ser puestos una vez más sobre la mesa, sometidos a revisión y analizados, con el propósito de un pleno esclarecimiento y de una solución real y de fondo. Así podría darse muestra de un verdadero afán de cambio.