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LA CNDH EMITE RECOMENDACION AL ALCALDE DE APODACA, NUEVO LEON

La CNDH emitió su recomendación 15/2004, dirigida al presidente municipal de Apodaca, Nuevo León, José Antonio Elizondo Garza, por el caso de Juan Oziel Mata Hernández, quien fue golpeado por agentes de Seguridad Pública Municipal y retenido ilegalmente en su propio domicilio. La detención ilegal se debió al cobro por los daños que Mata Hernández causó a una patrulla durante una riña. Al terminar ésta, los uniformados persiguieron al quejoso hasta su domicilio y "sin órdenes de aprehensión, cateo ni la presentación de la autoridad competente allanaron" su domicilio al resistirse a ser detenido. "Una vez que fue sometido, lo patearon y arrastraron; en estas acciones resultó con diversas lesiones, entre ellas tres costillas rotas", sostiene la CNDH. La señora Laura Domitila Hernández, madre del quejoso, interpuso la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, que emitió la recomendación 13/2003 dirigida al secretario de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca, pero ésta no fue aceptada, por lo que el 2 de mayo de 2003 la CNDH recibió un recurso de impugnación. Después de su valoración e investigación, la CNDH consideró que el recurso interpuesto por el quejoso "es procedente y fundado", por lo cual la CNDH solicita al alcalde de Apodaca ordene al secretario de Seguridad Pública cumpla con los términos de la recomendación 13/03 de ombudsman estatal.

Aunque la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN) rechazó el 20 de febrero la petición de investigación de habitantes de Coahuila por manejo inadecuado de residuos peligrosos de dos empresas, los habitantes volvieron a presentar la solicitud porque argumentan que hay violaciones del gobierno a la legislación ambiental. Los peticionarios aseveran que el gobierno mexicano incurre en omisiones en la aplicación efectiva de su legislación ambiental al no dar el debido trámite a su denuncia contra las empresas Ecolimpio de México y Transportes J. Guadalupe Jiménez, y no sancionarlas. Argumentaron que ambas empresas operan en forma irregular causando graves daños al medio ambiente y a sus propiedades.