México D.F. Martes 23 de marzo de 2004
MEXICO SA
Carlos Fernández-Vega
Con masacre financiera seguimos rescatando bancos
La ley lo obliga, el plazo venció, pero con descaro el IPAB no cumple con transparencia
A PARTIR DE 1995 MILES DE millones de pesos -todos provenientes del erario- se han canalizado al rescate de la banca reprivatizada, hoy extranjerizada.
DESDE EL PRIMER PESO que se destinó a tal fin, hasta los más de 800 mil millones que dicho rescate acumula -íntegramente facturados a las arcas nacionales, y sin que ello sea sinónimo de que la sangría concluyó-, ninguna autoridad pública ha tenido la cortesía de explicar a los contribuyentes -es decir, a los que aportaron, aportan y aportarán los recursos necesarios para el sostenimiento de esta obra de beneficencia- los qué, cómo, cuándo y dónde de esta masacre financiera en perjuicio del país.
OBVIO RESULTA QUE los banqueros guarden sepulcral silencio sobre esta particular maniobra de saneamiento financiero que los ha beneficiado, pero en esta primera década de sangría (de cuando menos tres originalmente estimadas), la Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Tesorería de la Federación, el Fobaproa-IPAB y demás instancias involucradas en el "rescate" no han actuado como autoridad, sino como cómplices -en el estricto acatamiento de la ley de Omerta-, a pesar de que su obligación es detallar -hacer del conocimiento público- la utilización de los recursos nacionales.
EN ESE LAPSO, CIENTOS, tal vez miles de peticiones, exhortos y demás exigencias para transparentar el susodicho "rescate" han sido inútilmente presentadas por los cauces institucionales, políticos y sociales, e irremediablemente la respuesta de la supuesta autoridad ha sido el silencio, aderezado por el bloqueo legal e informativo. Nunca explicaciones, siempre pretextos.
CON EL SUPUESTO FIN de evitar y combatir prácticas como la descrita, el 10 de junio de 2002 el presidente Fox firmó el decreto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y seis meses después el que sustentó la creación del instituto respectivo, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
A PRINCIPIOS DE 2003 el instituto de reciente creación ordenó al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) la entrega del acta de traspaso del Fobaproa al IPAB -anexos incluidos-, así como la documentación relativa a las sesiones de su junta de gobierno desde su creación (presidida por el secretario de Hacienda en turno). Fijó el 20 de marzo pasado como plazo para la entrega, luego de que dicha entidad se negó a proporcionarla por ser, arguyó, "un órgano colegiado, no unidad administrativa", por lo que reservaba en secreto la documentación por un periodo no menor a 12 años.
LA LEY LO OBLIGA Y EL plazo venció, pero el IPAB descaradamente incumplió y censuró. El pasado viernes 19 subió a su página en Internet una serie de "documentos" que pretende avalar como la información legalmente requerida por el IFAI, consistente en "las actas" de traspaso del Fobaproa al IPAB y "cuatro anexos" (de 22 en total), así como las correspondientes a 98 sesiones -ordinarias y extraordinarias- de su junta de gobierno.
TALES "ACTAS" NO SON MAS que un inventario de "mobiliario, telefonía, equipo de cómputo y enseres de oficina", entre ellos "un reloj checador y un pizarrón blanco medidas 0.92 por 1.52 metros". Hasta allí el detalle de los documentos ''mostrados'' por el IPAB; hasta allí el alcance del rescate bancario.
NO HAY FIRMAS NI nombres de los funcionarios responsables, tampoco transcripción de acuerdos, mucho menos involucrados y beneficiarios del rescate. Por el contrario, son "textos" con miles y miles de asteriscos que dan cuenta de que la información vergonzosamente censurada es de carácter "reservado y/o confidencial".
A LA FECHA, DE ACUERDO con las "actas" referidas, el erario ha erogado y erogará más de 800 mil millones de pesos por concepto no del rescate bancario, sino por la adquisición de "mobiliario, telefonía, equipo de cómputo y enseres de oficina", pizarrón y reloj checador incluidos. La anterior sería la conclusión "lógica", porque en la "documentación" divulgada no hay una sola acción, una sola referencia que justifique cualquier otro gasto que no sea el descrito.
ES UNA VERGÜENZA LA actitud del IPAB, con su secretario ejecutivo a la cabeza, Mario Beauregard, amén de una tomadura de pelo para la ciudadanía y un abierto desacato al IFAI y a la ley que le da cuerpo y sustento.
EL IFAI ORDENO LA divulgación íntegra de los documentos referidos, lo que incumplió el IPAB, pero es tal la cara dura que el organismo decidió (las cursivas son de México SA) "elaborar la versión pública de sus actas y ponerla a disposición del público en la página de Internet del instituto", versión que "contiene el material que puede darse a conocer con apego a la citada ley y otros ordenamientos legales aplicables, excluyendo todo aquello que de acuerdo con ella debe ser reservado o confidencial.
"CONVIENE NOTAR QUE esta nueva práctica se suma al esfuerzo de divulgación que ha venido desempeñando el IPAB desde su creación y que buena parte de la información contenida en la página de Internet del instituto es material que previamente ha sido conocido o autorizado por la junta de gobierno. La decisión de publicarlas (...) constituye un hecho sin precedente en instituciones encargadas de cuidar la solidez y buena marcha del sector financiero, no sólo a nivel nacional sino más allá de las fronteras, y por ello se hace con un firme propósito de transparencia, pero con especial cuidado de apegarse a la normatividad vigente, respetar los derechos de terceros y cumplir el principal fin del IPAB que es contribuir a la estabilidad financiera del país".
Las rebanadas del pastel:
LOS UNICOS "DERECHOS de terceros" que el IPAB está obligado a cuidar son los de los contribuyentes... De cualquier suerte, si esos 800 mil millones de pesos -más los que se acumulen- se gastaron y gastan no en el rescate bancario, sino en la adquisición de "mobiliario, telefonía, equipo de cómputo y enseres de oficina" -sin olvidar el reloj checador y el pizarrón-, como "documenta" el IPAB, los responsables de tal sangría tendrían que ser despedidos fulminantemente... šCon las carencias que tiene este país y ellos gastando en muebles y celulares! [email protected]
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