REPORTAJE /A 10 AÑOS DE LA MUERTE DE LUIS DONALDO COLOSIO

Duda y descrédito, las conclusiones

La tesis del asesino solitario nunca pasó la prueba del permanente escepticismo

Alteración de la escena del crimen, negligencia de fiscales y procuradores, errores, falta de mando y, por si fuera poco, el concurso de videntes y mentirosos profesionales fueron algunos de los factores que restaron credibilidad a las investigaciones y dejaron que la sospecha se impusiera como único elemento claro en un oscuro universo de contradicciones

JUAN M. VENEGAS Y GUSTAVO CASTILLO /III Y ULTIMA

En el expediente de las investigaciones por el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta desfilan los más conspicuos personajes de la vida nacional: ex presidentes de la República, empresarios, dirigentes políticos, periodistas, criminalistas, narcotraficantes, comandantes policiacos, madrinas, chivatos, videntes, amantes... Y quedan al descubierto las ambiciones, las mentiras, los olvidos y despropósitos de una clase política que jamás imaginó lo que podría ocurrir. Sobre un mismo hecho surgieron las más distintas versiones.

A diez años de distancia cinco procuradores, cuatros fiscales especiales y una agente del Ministerio Público encargada de investigaciones especiales han conocido la averiguación previa que se integró con motivo del homicidio de Colosio, que suma 174 tomos, con más de 68 mil 293 fojas y 293 anexos. Se recabaron mil 40 comparecencias de personas, de las que 533 ampliaron su testimonio. La Policía Judicial Federal siguió 982 pistas y se elaboraron 326 dictámenes periciales.

Con todo eso, al final las pesquisas volvieron al principio: Mario Aburto Martínez planeó y ejecutó solo el crimen en Lomas Taurinas.

El inicio de las investigaciones dio paso a un escenario de insuficiencias y omisiones que desvirtuaron de principio a fin el caso. Faltó un mando claro y único en las primeras diligencias, que fueron practicadas sin un método que permitiera obtener resultados irrefutables.

Se advirtió falta de control del Ministerio Público Federal. Errático -por impericia o por dolo-, ocasionó que todo tipo de sospechas gravitaran sobre el crimen y que se mantuviera en la sociedad la expectativa de que se encontraría al autor intelectual.

Los desaciertos fueron muchos y las escandalosas investigaciones que llevaron a cabo dos de los fiscales (Miguel Montes García y Pablo Chapa Bezanilla), que sin pruebas contundentes fueron de la tesis de la acción concertada a la del asesino solitario, para regresar a la teoría de los dos gatilleros y el complot de Estado, abonaron en descrédito de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

La gestión del procurador Jorge Madrazo y del fiscal especial Luis Raúl González Pérez se propuso "limpiar la investigación" y dio prioridad a dos líneas: entorno político y narcotráfico. Nada se encontró en ésta que, con mucho, puede ser calificada como la más completa, seria y profesional investigación que se desarrolló sobre el caso.

El primero en tener en sus manos la investigación del asesinato del candidato presidencial del PRI, hace diez años, fue el entonces procurador general de la República, Diego Valadés. Su responsabilidad duró apenas cinco días, del 23 al 28 de marzo.

En una entrevista que concedió a La Jornada el 4 de marzo de 1995, el ex procurador admitió sin rodeos que en el asesinato de Colosio hubo acciones para desorientar a la autoridad. "¿Quiénes son los culpables de la manipulación de la escena del crimen? Pues los delincuentes y no las autoridades engañadas", se exculpó, para enseguida precisar que él nunca, "¡jamás!", descartó la posibilidad de una acción concertada.

Señaló que en ningún momento posterior a la detención de Aburto dio órdenes para que los dictámenes se emitieran en un sentido. Tampoco influyó en el ánimo del personal que participó en su elaboración. Y lanzó una pregunta, puntillosa: "¿en qué consistieron esos errores y por qué se cometieron?" Sugirió entonces la conveniencia de que todo se hiciera público para que, inclusive, se determinara si hubo encubrimiento o manipulación.

El caso es que la indagatoria se inició con fallas elementales: no se preservó el lugar del crimen y la manipulación del mismo -según aceptó el propio Valadés- hizo casi imposible la reconstrucción de lo que realmente ocurrió, dejando el terreno fértil para que la inventiva diera visos de realidad a las más disparatadas hipótesis.

Pese a que en esos días debieron realizarse las diligencias más "importantes y trascendentes", la tarea de los investigadores "estuvo inmersa en un contexto de sorpresa, falta de estrategia y proyectó carencias en los ámbitos técnico, ministerial y pericial, pues la magnitud del homicidio rebasó las habilidades del personal que las realizaba.

"Las insuficiencias y omisiones cometidas generaron confusión y las posteriores especulaciones sociales afectaron la credibilidad de las investigaciones", se reconoce en el último informe del caso Colosio, que elaboró el fiscal González Pérez.

Sin embargo, fue durante aquella primera gestión en la que se precisa la posición víctima-victimario y, pese a las carencias técnicas que evidenció, estuvo más cerca de explicar de manera adecuada cómo ocurrió el homicidio.

Respecto de Miguel Montes García, el primer fiscal especial del caso, su administración se caracterizó por sostener, en diferentes momentos, tesis contradictorias. Fue del asesino solitario a la tesis del complot.

Su gestión se desarrolló en medio de inconsistencias y la inviabilidad técnica para demostrar la responsabilidad de los supuestos involucrados en una "acción concertada", como fueron Tranquilino Sánchez, Vicente Mayoral Valenzuela, Rodolfo Mayoral Esquer y Rodolfo Tinajero Rivapalacio, quienes fueron dejados en libertad absoluta tras enfrentar un proceso penal en el cual nunca se obtuvieron pruebas contundentes que corroboraran las acusaciones.

Para los tribunales que conocieron de las acusaciones contra los supuestos cómplices de Aburto, "las imputaciones y agravios esgrimidos por el Ministerio Público Federal eran meras apreciaciones subjetivas".

Tras la renuncia de Montes, presentada el 18 de julio de 1994, Olga Islas de González Mariscal asumió el cargo hasta el 15 de diciembre de ese mismo año.

La doctora en derecho no sostuvo una tesis en particular. Su paso por la fiscalía se destacó por la apertura de 31 distintas líneas de investigación, dejando, supuestamente, 22 de ellas concluidas, y la condena inicial de 42 años en contra de Mario Aburto, la cual luego fue aumentada a 45 años por un tribunal.

El 16 de diciembre de 1994, ya con Ernesto Zedillo en la Presidencia de la República, se designó a Pablo Chapa Bezanilla como nuevo encargado de las indagatorias. El caso criminal más espinoso en la historia del país, debido a las circunstancias políticas que lo rodearon y por las graves fallas en el operativo de seguridad que se montó para cuidar la vida del candidato presidencial, fue terreno propicio para que este personaje -que toda su vida había sido un funcionario mediocre- desarrollara un sinnúmero de fantasías, mentiras y suposiciones que desacreditaron por completo las pesquisas.

Chapa Bezanilla llegó a ser fiscal del caso gracias a la recomendación que de él hizo el abogado Juan Velázquez ante el procurador panista Antonio Lozano Gracia.

Al fiscal le encantaban los reflectores y "los golpes de efecto". Con sus pruebas falsas y testimonios inducidos de alguna manera obligó al último de los fiscales, Luis Raúl González Pérez, a volver al comienzo de todo y declarar a este diario, el 18 de marzo de 2000: "tuve que dudar de todo y de todos".

Durante su gestión, Chapa aseguró a la sociedad mexicana que tenía pruebas de la culpabilidad de Othón Cortés Vázquez, a quien denominó "el segundo tirador" en contra de Colosio. Ofreció lo que no tenía: pruebas y seriedad. Sin embargo, su acusado fue exonerado por los jueces.

Se descubrió más tarde que este fiscal preparaba sus hipótesis, se convencía de ellas y para "probarlas" se valía de cualquier método: usaba videntes; recurría a espiritistas; fabricaba pruebas; presionaba y/o compraba testigos, filtraba información, muchas veces falsa, con la intención de crear ambientes favorables para su gestión.

En el caso del homicidio de Colosio se empeñó en demostrar que un supuesto vínculo familiar de Cortés Vázquez con el general Domiro García Reyes -responsable directo de la seguridad del candidato- lo llevaría a la confirmación de su tesis: el crimen en Lomas Taurinas se planeó desde lo más alto del poder político.

En la conversación que hace cuatro años La Jornada tuvo con González Pérez, éste aseguró que con el ex procurador Lozano y el ex fiscal Chapa en el caso Colosio "aumentaron las contradicciones en la investigación y también la gran desconfianza que hay en la sociedad".

Consideró que el paso de Chapa Bezanilla por la fiscalía especial representó "dos años en los que se siguió una pista equivocada y elevó potencialmente el descrédito hacia la institución".

Hoy, desde que González Pérez concluyó las pesquisas en octubre de 2000, el expediente del caso Colosio está resguardado en una bóveda de seguridad. La coordinadora general de investigaciones de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales, recientemente informó que ahí se quedará. No hay nuevos elementos para reabrirlo.