Se busca no abrumar a la gente con campañas electorales permanentes, argumenta

La reforma foxista implica cambios a Constitución, Cofipe y Código Penal

ALONSO URRUTIA Y ENRIQUE MENDEZ

El presidente Vicente Fox envió anoche a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma electoral en la cual propone cambios y adiciones a los artículos 41 y 116 de la Constitución y a 15 artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) con el propósito de abatir el costo del financiamiento público para la elección presidencial de 2006 en más de 30 por ciento respecto de la de 2003 -la más cara de la historia-, fiscalizar el gasto de campañas y precampañas, y sancionar a quienes hagan proselitismo fuera de los tiempos oficiales.

De igual forma se propone la homologación del calendario electoral en una sola fecha -primer domingo de julio-, lo que favorecería los acuerdos políticos en otros ámbitos, pues los partidos no se concentrarían sólo en ganar el voto, sino en la construcción de la agenda pública.

Con la reforma, afirmó el Ejecutivo en la exposición de motivos, se pretende mejorar la transparencia y rendición de cuentas, reducir el costo de la democracia y generar condiciones para incentivar el diálogo. "La realidad social demanda ajustes que incrementen la confianza ciudadana en el sistema y permitan superar los vacíos legales que hoy son motivo de justas críticas e inconformidad", argumentó.

La iniciativa presidencial se entregó en la Cámara de Diputados poco después de las ocho de la noche y se incluyó en la agenda de la sesión ordinaria de este martes, en la que también se analizará la difundida el domingo por los grupos parlamentarios de PRI, PRD y Convergencia. La mesa directiva las dará a conocer y se turnarán a comisiones para su dictamen.

De acuerdo con las modificaciones constitucionales propuestas, ésta prevé reducir la asignación de recursos para la elección presidencial de tal manera que sea equivalente a 75 por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias. Con ello, pretende reducir 25 por ciento el gasto de campaña; pero en el caso de que solamente sean elecciones para renovar la Cámara de Diputados, la disminución planteada es 50 por ciento.

De acuerdo con los cálculos incluidos en las reformas al Cofipe, se plantea modificar la fórmula del financiamiento a los partidos, que sería en 2006 de 3 mil 704 millones de pesos para gastos de campaña y ordinarios, cifra superior en 607 millones de pesos a las elecciones presidenciales de 2000, pero mil 672 millones por debajo del costo del proceso para renovar la Cámara de Diputados el año pasado.

"Los procesos y las campañas pueden y deben ser más económicos. Es momento de concentrar los recursos para el desarrollo social. No es concebible un sistema democrático con grandes carencias y desigualdades que destine a los partidos políticos y sus campañas el equivalente a la cuarta parte del presupuesto de salud o una cuarta parte para el desarrollo social", señala.

Vinculado con ello, el Ejecutivo federal propone reducir las campañas presidenciales a 90 días; las de diputados y senadores a 45. En el caso de las precampañas, a 45 días, en el caso de la Presidencia, y a 22 para legisladores federales. Ello también implicaría cambiar las fechas de registro de candidatos.

Así, en lo que sería la primera regulación de las precampañas, se pretenden acotar no sólo su duración, sino el financiamiento y las actividades de los precandidatos. Según las modificaciones al artículo 41 constitucional y el 182 del Cofipe, las precampañas sólo podrán realizarse dentro de los procesos internos de los partidos que, junto con los ciudadanos que realicen actividades fuera de los tiempos oficiales, serán sancionados conforme a la legislación aplicable actualmente a las campañas.

Para evitar casos como el del Partido de la Sociedad Nacionalista, que se extinguió dejando adeudos importantes por concepto de multas, la propuesta considera que los bienes de cualquier partido político o agrupación que pierda su registro pasarán al patrimonio de la federación.

Por lo que hace a la mayor capacidad de fiscalización que tendrá el Instituto Federal Electoral, la reforma considera que el organismo podrá solicitar toda la información y documentación necesarias a las instituciones financieras, personas físicas y morales, que "estarán obligadas a brindarla".

Sobre las modificaciones al Cofipe, se propone una adición al artículo 83 para que la comisión de fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) tenga entre sus atribuciones requerir a cualquier persona física, moral o institución financiera información relativa a sus operaciones con partidos y agrupaciones políticas; así como solicitar a las autoridades competentes información y documentación fiscal, financiera y fiduciaria o de cualquier otra materia relacionada con las operaciones que las personas físicas o morales hayan realizado con institutos políticos.

Se define que la petición deberá hacerse por escrito y que la respuesta deberá entregarse en un plazo no mayor a 45 días hábiles. Asimismo, establece que los funcionarios del IFE que reciban y manejen dicha información estarán obligados a guardar la reserva sobre su contenido, estableciendo que su trasgresión provocará sanciones penales. La iniciativa sugiere que deberán hacerse adecuaciones al Código Penal y un buen número de leyes secundarias en materia financiera, fiscal y fiduciaria.

Por otro lado, al argumentar en favor de la unificación de las fechas electorales en los estados, el Ejecutivo sostiene que México tiene "uno de los calendarios electorales más desordenados de los sistemas presidenciales". Señala que en la actualidad solamente nueve entidades han hecho modificaciones para hacer coincidir los comicios federales con los estatales.

Ante este panorama y para no "abrumar" a la ciudadanía con campañas electorales permanentes, y al mismo tiempo generar lapsos que permitan a las autoridades electas gobernar sin las fricciones y enfrentamientos propios de las campañas, se propone que todos los comicios se unifiquen el primer domingo de julio de cada año.

Se establece que las campañas para gobernador duren 60 días y las de diputados locales y alcaldes, 30 días, acortando a la mitad el periodo de precampañas.

También se plantea que los gobiernos federal y estatales no podrán realizar publicidad gubernamental de sus programas y obras 30 días antes de la fecha de la elección, con la sola excepción de aquellos mensajes relacionados con la protección civil o campañas de salud.

Asimismo, considera que durante los 30 días previos a la realización de los comicios solamente corresponderá a las autoridades electorales la labor de promoción del voto.