Combatir la corrupción en procesos electivos, otra de las prioridades, anuncia el Presidente

Prevé la reforma foxista reducir costos y tiempos de campañas

Busca aumentar facultades fiscalizadoras del IFE y exceptuarlo del secreto bancario

ROSA ELVIRA VARGAS

La iniciativa de reforma electoral que el presidente Vicente Fox envió ayer al Congreso de la Unión pretende combatir la corrupción en los procesos electivos, saldar la ''asignatura pendiente'' de la transparencia en el uso de los recursos financieros y mejorar la rendición de cuentas. Se trata, indicó el mandatario, de disminuir ''los costos de la democracia, facilitar los acuerdos'' y terminar con las ''zonas de incertidumbre'' que la dinámica política actual aconseja recomponer o perfeccionar.

Para presentar las líneas generales de su propuesta, Fox Quesada se reunió en Los Pinos con dirigentes partidistas y con funcionarios de su gobierno. Indicó que se buscará regular las precampañas, aumentar las facultades de fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) y sentar bases normativas ''que no se presten a interpretaciones equívocas''. Aquí, además, se eliminaría el secreto bancario para fiscalizar en los gastos de precampaña a las personas físicas y morales.

''La democracia resulta un peso para los contribuyentes''

Como se había adelantado el fin de semana, en la propuesta a consideración del Legislativo se plantea limitar a 90 días el tiempo efectivo de la campaña presidencial; en 60 días, las de gobernador; 45 días para la labor proselitista de candidatos a diputados federales y senadores, y en un mes para los aspirantes a diputados locales y alcaldes. Asimismo, se pretende que las precampañas sólo duren la mitad del tiempo de las campañas.

Y es que, a decir del presidente Fox, actualmente en México ''la democracia resulta un peso para los contribuyentes''. Mientras el año pasado, juntos el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) gastaron 12 mil 100 millones de pesos, las secretarías de Seguridad Pública, de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de la Función Pública ejercieron, sumado, un presupuesto de 15 mil 203 millones de pesos.

Por eso -sin que en su mensaje ni en el del secretario de Gobernación, Santiago Creel, se explicara el cálculo aplicado para llegar a tal estimación-, se plantea reducir 50 por ciento el financiamiento público para los procesos electorales y los partidos en las elecciones intermedias, y 25 por ciento en las presidenciales.

Fox Quesada sólo argumentó que ''es posible disminuir los costos'', tanto del IFE como del TEPJF, y Creel Miranda destacó que ''el gasto exorbitante en elecciones'' ya no debe tener cabida en México, pues la población se pregunta por qué en un país con tantas carencias las elecciones son mucho más caras que en naciones más ricas.

En entrevista, señaló que el gobierno federal es partidario de un sistema mixto de financiamiento, porque da ''mejores equilibrios'' y de ese modo las donaciones privadas a las campañas compensarían las reducciones al subsidio.

Todo está a debate y la del gobierno es una propuesta abierta, incluyente, en la cual ''podemos modificar los puntos que se estimen convenientes por la mayoría, siempre y cuando salga adelante la reforma''. Dijo confiar en que la propuesta se apruebe en el actual periodo ordinario, para que ''podamos cambiar los temas de la coyuntura por este debate de altura que nos ayude verdaderamente a limpiar la política del país''.

Hasta el pasado día 15, el presidente Fox insistía en que sus prioridades legislativas para el actual periodo ordinario de sesiones serían las reformas energética, fiscal, laboral y penal. Pero el pasado viernes 18, en Acapulco, al inaugurar la convención bancaria anunció que de inmediato presentaría una propuesta de reforma electoral para modificar los artículos 41 y 116 de la Constitución, y varios del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

Así, en sólo cinco días el titular del Ejecutivo tuvo lista una propuesta que establece también prohibir la propaganda gubernamental 30 días antes de la elección, y concede facultad exclusiva al IFE para realizar la promoción del voto un mes antes de los comicios. Instruye que aquellos partidos que pierdan su registro reintegren los bienes adquiridos al patrimonio del Estado y prohíbe el uso de material plástico en la propaganda electoral.

Del mismo modo, ''y para tener más tiempo para acordar y menos para competir'', se busca una sola fecha para las elecciones anuales y modificar la fórmula para calcular los recursos de financiamiento a los partidos, tomando como base los días de campaña.

Al final, y fuera de programa, Dante Delgado Rannauro, líder de Convergencia por la Democracia, planteó su expectativa de reforma electoral. Eso dio pie para que el presidente Fox invitara a los otros representantes partidistas a hacer lo propio. Graco Ramírez lo hizo por el PRD; Luis Felipe Bravo Mena, por el PAN; Ricardo Cantú, por el PT, y César Augusto Santiago habló por el PRI. Aunque se encontraba en la sala, la senadora Gloria Lavara, del PVEM, se abstuvo de participar.

El debate empezó, ahí, en la propia casa presidencial.

Así, mientras Convergencia pide eliminar todo financiamiento público y en todo caso hacer una reforma política para ''darnos apoyo en tiempos de radio y televisión'', el PT se mostró contrario a la posibilidad de reducir los tiempos de campaña, porque se corre el riesgo de hacer candidatos mediáticos que no entren en contacto directo con la población. Por su parte, el PRD consideró importante la iniciativa presidencial, pero advirtió que los diputados tendrán que hacer entre esta propuesta y la de los grupos parlamentarios una sola y construir ''un acuerdo político que es urgente para el país''.

A su vez, el PAN calificó de ''evidentemente espléndida'' la propuesta presidencial y hasta aseguró que puede servir para aglutinar todas las ideas, ''renergizar'' el proceso de conciliación democrática y la consideró como "la ruta que tenemos que seguir".

Se busca no abrumar a la gente con campañas electorales permanentes, argumenta

La reforma foxista implica cambios a Constitución, Cofipe y Código Penal

ALONSO URRUTIA Y ENRIQUE MENDEZ

El presidente Vicente Fox envió anoche a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma electoral en la cual propone cambios y adiciones a los artículos 41 y 116 de la Constitución y a 15 artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) con el propósito de abatir el costo del financiamiento público para la elección presidencial de 2006 en más de 30 por ciento respecto de la de 2003 -la más cara de la historia-, fiscalizar el gasto de campañas y precampañas, y sancionar a quienes hagan proselitismo fuera de los tiempos oficiales.

De igual forma se propone la homologación del calendario electoral en una sola fecha -primer domingo de julio-, lo que favorecería los acuerdos políticos en otros ámbitos, pues los partidos no se concentrarían sólo en ganar el voto, sino en la construcción de la agenda pública.

Con la reforma, afirmó el Ejecutivo en la exposición de motivos, se pretende mejorar la transparencia y rendición de cuentas, reducir el costo de la democracia y generar condiciones para incentivar el diálogo. "La realidad social demanda ajustes que incrementen la confianza ciudadana en el sistema y permitan superar los vacíos legales que hoy son motivo de justas críticas e inconformidad", argumentó.

La iniciativa presidencial se entregó en la Cámara de Diputados poco después de las ocho de la noche y se incluyó en la agenda de la sesión ordinaria de este martes, en la que también se analizará la difundida el domingo por los grupos parlamentarios de PRI, PRD y Convergencia. La mesa directiva las dará a conocer y se turnarán a comisiones para su dictamen.

De acuerdo con las modificaciones constitucionales propuestas, ésta prevé reducir la asignación de recursos para la elección presidencial de tal manera que sea equivalente a 75 por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias. Con ello, pretende reducir 25 por ciento el gasto de campaña; pero en el caso de que solamente sean elecciones para renovar la Cámara de Diputados, la disminución planteada es 50 por ciento.

De acuerdo con los cálculos incluidos en las reformas al Cofipe, se plantea modificar la fórmula del financiamiento a los partidos, que sería en 2006 de 3 mil 704 millones de pesos para gastos de campaña y ordinarios, cifra superior en 607 millones de pesos a las elecciones presidenciales de 2000, pero mil 672 millones por debajo del costo del proceso para renovar la Cámara de Diputados el año pasado.

"Los procesos y las campañas pueden y deben ser más económicos. Es momento de concentrar los recursos para el desarrollo social. No es concebible un sistema democrático con grandes carencias y desigualdades que destine a los partidos políticos y sus campañas el equivalente a la cuarta parte del presupuesto de salud o una cuarta parte para el desarrollo social", señala.

Vinculado con ello, el Ejecutivo federal propone reducir las campañas presidenciales a 90 días; las de diputados y senadores a 45. En el caso de las precampañas, a 45 días, en el caso de la Presidencia, y a 22 para legisladores federales. Ello también implicaría cambiar las fechas de registro de candidatos.

Así, en lo que sería la primera regulación de las precampañas, se pretenden acotar no sólo su duración, sino el financiamiento y las actividades de los precandidatos. Según las modificaciones al artículo 41 constitucional y el 182 del Cofipe, las precampañas sólo podrán realizarse dentro de los procesos internos de los partidos que, junto con los ciudadanos que realicen actividades fuera de los tiempos oficiales, serán sancionados conforme a la legislación aplicable actualmente a las campañas.

Para evitar casos como el del Partido de la Sociedad Nacionalista, que se extinguió dejando adeudos importantes por concepto de multas, la propuesta considera que los bienes de cualquier partido político o agrupación que pierda su registro pasarán al patrimonio de la federación.

Por lo que hace a la mayor capacidad de fiscalización que tendrá el Instituto Federal Electoral, la reforma considera que el organismo podrá solicitar toda la información y documentación necesarias a las instituciones financieras, personas físicas y morales, que "estarán obligadas a brindarla".

Sobre las modificaciones al Cofipe, se propone una adición al artículo 83 para que la comisión de fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) tenga entre sus atribuciones requerir a cualquier persona física, moral o institución financiera información relativa a sus operaciones con partidos y agrupaciones políticas; así como solicitar a las autoridades competentes información y documentación fiscal, financiera y fiduciaria o de cualquier otra materia relacionada con las operaciones que las personas físicas o morales hayan realizado con institutos políticos.

Se define que la petición deberá hacerse por escrito y que la respuesta deberá entregarse en un plazo no mayor a 45 días hábiles. Asimismo, establece que los funcionarios del IFE que reciban y manejen dicha información estarán obligados a guardar la reserva sobre su contenido, estableciendo que su trasgresión provocará sanciones penales. La iniciativa sugiere que deberán hacerse adecuaciones al Código Penal y un buen número de leyes secundarias en materia financiera, fiscal y fiduciaria.

Por otro lado, al argumentar en favor de la unificación de las fechas electorales en los estados, el Ejecutivo sostiene que México tiene "uno de los calendarios electorales más desordenados de los sistemas presidenciales". Señala que en la actualidad solamente nueve entidades han hecho modificaciones para hacer coincidir los comicios federales con los estatales.

Ante este panorama y para no "abrumar" a la ciudadanía con campañas electorales permanentes, y al mismo tiempo generar lapsos que permitan a las autoridades electas gobernar sin las fricciones y enfrentamientos propios de las campañas, se propone que todos los comicios se unifiquen el primer domingo de julio de cada año.

Se establece que las campañas para gobernador duren 60 días y las de diputados locales y alcaldes, 30 días, acortando a la mitad el periodo de precampañas.

También se plantea que los gobiernos federal y estatales no podrán realizar publicidad gubernamental de sus programas y obras 30 días antes de la fecha de la elección, con la sola excepción de aquellos mensajes relacionados con la protección civil o campañas de salud.

Asimismo, considera que durante los 30 días previos a la realización de los comicios solamente corresponderá a las autoridades electorales la labor de promoción del voto.

Las propuestas

PRI-PRD y Convergencia

* Reformas a los artículos 41 y 116 de la Constitución.

* Reducir 50 por ciento el financiamiento de campañas a los partidos en los años en que sólo se elijan diputados federales.

* Establecer un sistema de coordinación entre el IFE, los estados y sus órganos auditores para investigar y fiscalizar el origen de los recursos y gasto de los partidos.

* Reformas y adiciones al Cofipe, las leyes del Sistema de Medios de Impugnación, Federal de Transparencia, del ISR y el Código Fiscal.

* Reducción escalonada del financiamiento público a partidos políticos, hasta 40 por ciento, de 2005 a 2010.

* Acotar las campañas para presidente a tres meses y para legisladores a seis semanas.

* Regular las precampañas presidenciales y que éstas inicien en 2005.

* Eliminar el secreto bancario y fiscal para que el IFE pueda revisar las cuentas bancarias de candidatos y partidos. Se propone también que la Comisión de Fiscalización tenga la facultad de solicitar información al Ministerio Público sobre averiguaciones previas relacionadas con el gasto de los partidos.

* Que el IFE sea el encargado de contratar la propaganda de los partidos políticos en medios electrónicos.

* Prohibir a los partidos la contratación de publicidad en medios electrónicos para promover campañas presidenciales.

* Obligar a los partidos a presentar informes periódicos y hacerlos públicos. Quien presente informes falsos o rebase los topes de gastos se le sancionará con la suspensión de actividades o la cancelación del registro.

* Conceder al IFE la facultad de intervenir en los procesos internos de los partidos.

* Disminuir el costo fiscal del IFE.

* El patrimonio de las organizaciones políticas que pierdan registro pasará a ser propiedad del Estado.

Ejecutivo federal

* Reformas a los artículos 41 y 116 de la Constitución y a diversos artículos del Cofipe.

* Reducción de 25 por ciento del gasto de la campaña presidencial y de 50 por ciento en las elecciones intermedias.

* Establecer la obligatoriedad de las instituciones financieras, personas físicas y morales para proporcionar toda la información requerida por el IFE sobre cuentas bancarias de los partidos y depósitos.

* A partir de 2006 entra en vigor la reducción del financiamiento para las campañas políticas.

* Acotar a 90 días las campañas presidenciales y a 45 días las de legisladores federales; 60 días para las campañas de gobernador y 30 para diputados locales y alcaldes.

* Regular las precampañas para circunscribirlas a 45 días para la candidatura presidencial y 22 para legisladores. Establece sanciones a los partidos que violen esos plazos.

* Ni el gobierno federal ni los locales podrán publicitar sus programas 30 días antes de la fecha de la elección. Tampoco podrán promover el voto en ese lapso, tarea exclusiva de la autoridad electoral.

* El patrimonio de los partidos y agrupaciones políticas que pierdan su registro se devolverá a la Federación.

Camacho Solís confronta proyectos con Creel

Crisis política, si no se aprueba reforma electoral

ALONSO URRUTIA, LAURA POY Y CIRO PEREZ

Si no es aprobada la reforma electoral, en la que existen coincidencias generales, pero subsisten diferencias, se podría generar una crisis política en el contexto de los comicios presidenciales, sostuvo el diputado Manuel Camacho Solís al término de una reunión con el secretario de Gobernación, Santiago Creel, para intercambiar posturas sobre los proyectos del gobierno federal y del PRD.

Casi dos horas estuvieron Creel y Camacho confrontando técnicamente cada una de las propuestas, particularmente sobre las fórmulas de financiamiento de campañas. Al salir del encuentro, el legislador dijo que en principio existe disposición del Ejecutivo y todas las fuerzas políticas para avanzar. Es imperioso, juzgó, poner reglas para evitar el ingreso del dinero sucio a la política, para evitar que la corrupción se vincule a las elecciones y evitar así que eventualmente una crisis política contamine la economía.

En tanto, para el presidente de la mesa directiva del Senado, Enrique Jackson, es "inmoral, antidemocrático y discriminatorio" que el dinero pueda hacer ganar elecciones. "Pareciera que la política está reservada sólo para los que tienen dinero." Todo gira, afirmó, alrededor de la capacidad económica, lo que no tiene nada que ver con la posibilidad de un desarrollo distinto para el país y la sociedad.

Comentó que los altos costos de las campañas, los manejos oscuros, el dinero mal habido, lo desmedido de los recursos rebasaron ya la paciencia de la gente, que no está dispuesta a aceptarlo. Destacó que hay muestras evidentes de desacuerdo con esta situación y con la corrupción que hay en el manejo del dinero de campañas electorales.

La sociedad ve con preocupación que exista gran atención y cobertura a asuntos que tienen que ver más con el escándalo, la descalificación, el desprestigio y la impunidad, y no con los asuntos que de verdad importan, dijo Jackson.

La gente, agregó, está diciendo que todos los políticos, empezando por los legisladores, "nos sujetemos a normas y reglas éticas".

El interés por impulsar una reforma electoral, aseguró, no es debilitar a los institutos políticos, lo que "sería un error, un retroceso y una equivocación profunda, sino fortalecer el sistema de partidos, pero a través de nuevos controles, mayor transparencia y fiscalización de la vida y el manejo de partidos y candidatos", apuntó el senador.

Por otro lado, entrevistado en la Secretaría de Gobernación, el subsecretario de Desarrollo Político de la dependencia, Francisco José Paoli, reconoció que efectivamente el gobierno federal adelantó los tiempos de la presentación de la iniciativa, pero lo justificó en razón de la urgencia que había "a la luz de la conciencia ciudadana de que asuntos tan vinculados con todos estos escándalos, como son los de financiamiento de partidos, candidatos y campañas -para lo que se alega que fueron algunos de estos recursos- no estuvieran regulados".

En la tarde, Camacho Solís acudió a Bucareli. Durante dos horas confrontó sus posturas con Creel Miranda, al término de lo cual el legislador reconoció que en algunos aspectos, como las fórmulas financieras, es mejor la propuesta gubernamental. Sin embargo, en otros aspectos es más "severo" el proyecto del PRD, particularmente en lo concerniente al asunto de la ampliación de facultades de fiscalización al IFE.

Al respecto comentó que el PRD va mucho mas allá de la apertura del secreto bancario, pues posibilita incluso que las contralorías estatales y federal puedan hacer auditorías y que se pueda obtener información directamente del Ministerio Público.

En cualquier caso, concluyó, lo importante es no magnificar las diferencias de inicio, porque lo importante es que salga la reforma y que sea en este periodo de sesiones, porque cuando las cosas se atoran luego es mas difícil echarlas a andar.

Por otra parte, el senador Demetrio Sodi, por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, inició contactos con los diputados federales para analizar las distintas iniciativas de reforma electoral que recibió el Congreso, entre otras la del presidente Vicente Fox, las que presentaron el domingo priístas y panistas y una más que propusieron el año pasado senadores de PRI, PAN y PRD.