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México D.F. Martes 23 de marzo de 2004

Combatir la corrupción en procesos electivos, otra de las prioridades, anuncia el Presidente

Prevé la reforma foxista reducir costos y tiempos de campañas

Busca aumentar facultades fiscalizadoras del IFE y exceptuarlo del secreto bancario

ROSA ELVIRA VARGAS

electoral_fox_pg3La iniciativa de reforma electoral que el presidente Vicente Fox envió ayer al Congreso de la Unión pretende combatir la corrupción en los procesos electivos, saldar la ''asignatura pendiente'' de la transparencia en el uso de los recursos financieros y mejorar la rendición de cuentas. Se trata, indicó el mandatario, de disminuir ''los costos de la democracia, facilitar los acuerdos'' y terminar con las ''zonas de incertidumbre'' que la dinámica política actual aconseja recomponer o perfeccionar.

Para presentar las líneas generales de su propuesta, Fox Quesada se reunió en Los Pinos con dirigentes partidistas y con funcionarios de su gobierno. Indicó que se buscará regular las precampañas, aumentar las facultades de fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) y sentar bases normativas ''que no se presten a interpretaciones equívocas''. Aquí, además, se eliminaría el secreto bancario para fiscalizar en los gastos de precampaña a las personas físicas y morales.

''La democracia resulta un peso para los contribuyentes''

Como se había adelantado el fin de semana, en la propuesta a consideración del Legislativo se plantea limitar a 90 días el tiempo efectivo de la campaña presidencial; en 60 días, las de gobernador; 45 días para la labor proselitista de candidatos a diputados federales y senadores, y en un mes para los aspirantes a diputados locales y alcaldes. Asimismo, se pretende que las precampañas sólo duren la mitad del tiempo de las campañas.

Y es que, a decir del presidente Fox, actualmente en México ''la democracia resulta un peso para los contribuyentes''. Mientras el año pasado, juntos el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) gastaron 12 mil 100 millones de pesos, las secretarías de Seguridad Pública, de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de la Función Pública ejercieron, sumado, un presupuesto de 15 mil 203 millones de pesos.

Por eso -sin que en su mensaje ni en el del secretario de Gobernación, Santiago Creel, se explicara el cálculo aplicado para llegar a tal estimación-, se plantea reducir 50 por ciento el financiamiento público para los procesos electorales y los partidos en las elecciones intermedias, y 25 por ciento en las presidenciales.

Fox Quesada sólo argumentó que ''es posible disminuir los costos'', tanto del IFE como del TEPJF, y Creel Miranda destacó que ''el gasto exorbitante en elecciones'' ya no debe tener cabida en México, pues la población se pregunta por qué en un país con tantas carencias las elecciones son mucho más caras que en naciones más ricas.

En entrevista, señaló que el gobierno federal es partidario de un sistema mixto de financiamiento, porque da ''mejores equilibrios'' y de ese modo las donaciones privadas a las campañas compensarían las reducciones al subsidio.

Todo está a debate y la del gobierno es una propuesta abierta, incluyente, en la cual ''podemos modificar los puntos que se estimen convenientes por la mayoría, siempre y cuando salga adelante la reforma''. Dijo confiar en que la propuesta se apruebe en el actual periodo ordinario, para que ''podamos cambiar los temas de la coyuntura por este debate de altura que nos ayude verdaderamente a limpiar la política del país''.

Hasta el pasado día 15, el presidente Fox insistía en que sus prioridades legislativas para el actual periodo ordinario de sesiones serían las reformas energética, fiscal, laboral y penal. Pero el pasado viernes 18, en Acapulco, al inaugurar la convención bancaria anunció que de inmediato presentaría una propuesta de reforma electoral para modificar los artículos 41 y 116 de la Constitución, y varios del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

Así, en sólo cinco días el titular del Ejecutivo tuvo lista una propuesta que establece también prohibir la propaganda gubernamental 30 días antes de la elección, y concede facultad exclusiva al IFE para realizar la promoción del voto un mes antes de los comicios. Instruye que aquellos partidos que pierdan su registro reintegren los bienes adquiridos al patrimonio del Estado y prohíbe el uso de material plástico en la propaganda electoral.

Del mismo modo, ''y para tener más tiempo para acordar y menos para competir'', se busca una sola fecha para las elecciones anuales y modificar la fórmula para calcular los recursos de financiamiento a los partidos, tomando como base los días de campaña.

Al final, y fuera de programa, Dante Delgado Rannauro, líder de Convergencia por la Democracia, planteó su expectativa de reforma electoral. Eso dio pie para que el presidente Fox invitara a los otros representantes partidistas a hacer lo propio. Graco Ramírez lo hizo por el PRD; Luis Felipe Bravo Mena, por el PAN; Ricardo Cantú, por el PT, y César Augusto Santiago habló por el PRI. Aunque se encontraba en la sala, la senadora Gloria Lavara, del PVEM, se abstuvo de participar.

El debate empezó, ahí, en la propia casa presidencial.

Así, mientras Convergencia pide eliminar todo financiamiento público y en todo caso hacer una reforma política para ''darnos apoyo en tiempos de radio y televisión'', el PT se mostró contrario a la posibilidad de reducir los tiempos de campaña, porque se corre el riesgo de hacer candidatos mediáticos que no entren en contacto directo con la población. Por su parte, el PRD consideró importante la iniciativa presidencial, pero advirtió que los diputados tendrán que hacer entre esta propuesta y la de los grupos parlamentarios una sola y construir ''un acuerdo político que es urgente para el país''.

A su vez, el PAN calificó de ''evidentemente espléndida'' la propuesta presidencial y hasta aseguró que puede servir para aglutinar todas las ideas, ''renergizar'' el proceso de conciliación democrática y la consideró como "la ruta que tenemos que seguir".

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