Preguntas reiterativas de diputados de oposición impiden exponer avances en seguridad

Consumen videos comparecencia de Bátiz

Rápida, oportuna y eficaz, la actuación de la PGJDF en casos de corrupción, afirma

SUSANA GONZALEZ, RAUL LLANOS Y GABRIELA ROMERO

Las cifras sobre la reducción de los delitos denunciados en el último año -27 por ciento menos que hace seis años y 18 menos que hace tres- quedaron de lado en la comparecencia del procurador capitalino Bernardo Bátiz en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), ante la andanada de preguntas y críticas que diputados verdes, panistas y priístas hicieron sobre los videoescándalos.

El mismo Bátiz dedicó la quinta parte de su discurso al tema y aseguró que en la PGJDF no se han quedado cruzados de brazos "ni hay el mínimo asomo de lenidad", puesto que se ha actuado de manera "rápida, oportuna y eficaz" en los casos de corrupción que involucran al ex secretario de Finanzas, Gustavo Ponce Meléndez; al ex perredista René Bejarano y al delegado con licencia en Tlalpan, Carlos Imaz Gispert, con el empresario Carlos Ahumada Kurtz.

Por ello enlistó, una vez más, todas las acciones tomadas por el gobierno capitalino desde el 20 de enero, cuando fue detectado el fraude de 31 millones de pesos por obras inexistentes en la delegación Gustavo A. Madero, explicación que repitió por lo menos cuatro veces ante la similitud de las preguntas de los diputados de oposición.

A Bátiz se le cuestionó desde la imparcialidad y autonomía que debe guardar como procurador de la capital hasta su "presunción" de que fuerzas políticas o económicas protegen a Ahumada Kurtz y Ponce Meléndez. Si bien sobre esto último manifestó que era una "opinión personal" legítima, porque pese a la búsqueda de policías locales y federales no se había encontrado rastro de ambos, había una "confesión expresa" del senador Diego Fernández de Cevallos, quien dijo que iba a "proteger a Ahumada de la persecución que le hace el gobierno", pero no aclaró si se le llamaría a declarar.

En cambio, del diputado federal panista Federico Döring aseguró que ya compareció ante el Ministerio Público, luego de "resistirse un poco", y rechazó así la existencia de "un complot" por parte de las autoridades locales para proteger a alguien.

"¿Qué intereses defiendo? Ya lo dije muchas veces. Lo que yo digo no es ar-tículo de fe, pero reitero, mi convicción y mi conciencia me indican lo que tengo que hacer y es lo que estoy haciendo: estoy defendiendo la verdad y la justicia y trato de llegar al fondo. Me puedo equivocar y cometer errores, puedo a lo mejor apasionarme en algún momento dado, pero procuro ser objetivo e imparcial en estos asuntos", sentenció el procurador.

De manera recurrente, los legisladores le plantearon si llamaría a declarar al jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, pues pusieron en duda que desconociera las gestiones realizadas por su ex secretario particular, René Bejarano. La fracción del PAN también demandó que citara a otros funcionarios, como Marcelo Ebrard, secretario de Seguridad Pública, Alejandro Encinas y Martí Batres, secretario y subsecretario de Gobierno, respectivamente, además de "las amas de casa, meseros, taxistas" que, según López Obrador, lo mantienen informado sobre el supuesto complot del gobierno federal contra su administración. De igual manera se exigió la consignación de los ex delegados Carlos Imaz y Octavio Flores Millán.

Resulta alarmante considerar que el procurador del DF es "un dependiente solamente del jefe de Gobierno", advirtió la diputada del PRI Claudia Esqueda Yáñez, quien manifestó que Bátiz podría haber incurrido en responsabilidades al compartir información de las averiguaciones previas de los casos citados en las reuniones del gabinete de seguridad, "violentando la autonomía del Ministerio Público y haciendo partícipe a personas ajenas". Por ello, no dejó de lado la posibilidad de que su partido pugne por la creación de una fiscalía especial y solicite la atracción de dichas investigaciones, lo cual fue considerado innecesario por el funcionario.

El diputado panista Carlos Alberto Flores dijo que si las autoridades capitalinas vincularon al Grupo Quart, del empresario Carlos Ahumada, con el PRD y el gobierno local en actos de corrupción, su partido lo denunció en varias ocasiones desde años antes, cuando dicho corporativo ganó más de 70 licitaciones para obra pública y obtuvo contratos por unos 480 millones de pesos.