Policías, los involucrados

Denuncian presunto asesinato de un joven en Chimalhuacán

RENE RAMON CORRESPONSAL

Chimalhuacan, Mex., 18 de marzo. Cuando Luisa Ortega Escobar recibió el féretro con el cuerpo de su hijo Ernesto se negó a creer en el dictamen oficial, el cual indicó que el joven de 24 años se ahorcó en las galeras de la Policía Municipal. Abrió la caja y descubrió que el cadáver presentaba moretones en la frente, así como lesiones en los dedos de las manos y en los testículos.

Durante tres meses Luisa realizó las investigaciones que omitió efectuar la procuraduría mexiquense. Este jueves, con las pruebas en su poder, acudió a las oficinas locales de la Procuraduría General de la República (PGR), que en el oficio 649/04 ordenó iniciar pesquisas contra funcionarios estatales y municipales involucrados en la muerte del ex militar Ernesto Garduño Ortega.

Luisa narró que las anomalías en torno al caso comenzaron el 18 de diciembre pasado, cuando murió su vástago. Tardó cuatro días en ubicar a su hijo en la morgue, porque el comandante y el radioperador de la corporación municipal, Oscar Gallegos y Guadalupe Vázquez, respectivamente, alteraron el nombre de una persona a quien detuvieron por presunta perturbación al orden público.

Las irregularidades también se dieron en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), pues el médico forense Antonio Pilón Vargas no hizo constar en un reporte las lesiones que el cuerpo presentaba en frente, manos y genitales. Además, Luis Angel Ceja Pérez, perito en Criminalística de Campo de la PGJEM, no incluyó en el expediente de la correspondiente averiguación previa fotografías que comprobaran las lesiones del joven ni la posición en que quedó el cuerpo, evidencias indispensables para determinar si se quitó la vida, como finalmente quedó asentado.

Con estas pruebas, Luisa envió un escrito al titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, a quien le expresó su sospecha de que Ernesto no se suicidó, sino que lo asesinaron policías municipales. Como resultado de la misiva al procurador general de la República, la PGR inició este jueves la averiguación previa PGR/NEZA/46/04-2.

De acuerdo con las investigaciones de Ortega Escobar, José Manuel Ocaña González, agente del Ministerio Público de la Mesa de Responsabilidades de la subprocuraduría con sede en Nezahualcóyotl, en la denuncia NEZA/MR/194/03 nunca citó a declarar al oficial conciliador Arturo Ramírez Sánchez ni a su secretario Ricardo Portillo Cruz, responsables de la galera donde ocurrió el deceso, además que de inmediato se dictó en favor de los policías un auto de no ejercicio de acción penal.

También descubrió que como Ocaña González, el agente del Ministerio Público Miguel Angel Colín Zarza -quien fue el primero en tomar fe de los hechos en la averiguación CHIM/I/5812/03- no atestiguó las lesiones que presentaba el cadáver. Añadió que la playera con la que según las autoridades locales se ahorcó el ex militar no era de su propiedad, además que no se entregaron a Luisa algunas prendas personales de su hijo ni los 4 mil 500 pesos que el joven traía en su cartera el día de los hechos, cuando salió de su casa para ir a una fábrica de ropa a comprar mercancía con intención de revenderla en el tianguis de Chimalhuacán.