Luis Javier Garrido

El buzo

La iniciativa foxista-salinista de destruir a través de los videos que adquirieron del empresario argentino Carlos Ahumada la opción de un candidato del PRD como alternativa para los mexicanos en 2006, probablemente no haya logrado su objetivo, pero se ha revertido ya contra toda la "clase política" y todos los partidos, y en particular contra el régimen de Vicente Fox.

1. El clima de descomposición política que prevalece en México a mitad del sexenio de la supuesta "alternancia" es consecuencia de las políticas seguidas durante tres años por el gobierno de Vicente Fox, que a pesar de los señalamientos que se le hicieron desde su elección, a) se negó a formar en 2000 un gobierno de transición, b) no hizo el menor intento por aplicar la ley a los grupos de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo y c) se opuso a las reformas legales que hubiesen sentado las bases para una vida democrática en el país, decidido a gobernar sobre la base de las estructuras creadas por los tecnócratas priístas, y en connivencia con los más oscuros intereses del priísmo a fin de impulsar el proyecto neoliberal que ha sido su obsesión.

2. El operativo videos ha tenido un resultado que se halla a la vista, que no puede extrañar a nadie, que comparten incluso los columnistas que han contribuido a la lapidación del PRD, y que se puede sintetizar en una idea: el reconocimiento de que en México no existe un régimen de derecho.

3. El "nuevo régimen" político de México, no se debe olvidar, se fue definiendo a lo largo de los sexenios neoliberales de Salinas y de Zedillo mediante una serie de modificaciones legales en materia político-electoral, y que debería sustituir al antiguo régimen de partido de Estado vigente desde 1929, se sustentó en los principios neoliberales de que todo debe estar en el mercado y de que lo que manda es el dinero, por lo que no puede extrañar lo que ahora está aconteciendo. El sistema político-electoral actual se sustenta esencialmente en el dinero: en un macro financiamiento a los partidos políticos, que se tornaron en botín de los sectores más voraces de "la clase política", y en un macro financiamiento de las campañas electorales, que se volvieron el escenario ideal para los empresarios que han actuado siempre bajo las reglas "no escritas" del tráfico de influencias.

4. Los videoescándalos que han conmocionado al país por la manipulación que de ellos han hecho las cadenas televisoras, no pueden hacer olvidar por lo mismo que México está gobernado por un presunto delincuente electoral que se llama Vicente Fox, que llegó a la Presidencia de México por los millones de dólares que recibió ilegalmente de decenas de empresas nacionales, pero sobre todo de consorcios multinacionales extranjeros en violación al marco jurídico vigente, con el compromiso de que les entregará sectores estratégicos del país -aunque esto no haya sido filmado en videos-, y que en consecuencia es un individuo que ilícitamente ocupa el cargo y que debería estar sometido a un proceso penal.

5. Los casos de René Bejarano, Rosario Robles, Carlos Imaz y Ramón Sosamontes son extraordinariamente parecidos al de Fox, nada más que en menor escala. Todos, según las evidencias y presunciones existentes, habrían recibido dinero, favores y prebendas de manos privadas a cambio de otorgar de manera ilegal contratos, permisos y concesiones a los donantes. La diferencia está, sin embargo, tanto en el monto, pues a Fox se le señaló por haber recibido millones de dólares y no cientos de miles de pesos, como en el origen: pues en el caso de la campaña presidencial de Fox y del PAN no provinieron de un aventurero argentino, sino de las más voraces empresas nacionales y de múltiples trasnacionales ávidas de apoderarse del petróleo, la industria eléctrica y la biodiversidad de México.

6. Los principios legales que establecen un financiamiento mixto de los partidos y de las elecciones, es decir, la posibilidad lo mismo de recibir dinero de origen público o privado, sobre lo cual el IFE no tiene posibilidad de ejercer control real alguno, crearon las bases para estos ilícitos, pero lo que más los alienta es la impunidad que prevalece en el país, empezando por el caso del actual titular del Ejecutivo, que se ha regodeado por la impunidad de que gozó en el caso Amigos de Fox.

7. Vicente Fox, que se definió hace dos días como "un buzo" (17 de marzo), pretendiendo decir que su trabajo lo hace bajo las aguas y que por eso no se ve lo que hace, para justificarse así ante los señalamientos de que no trabaja y de que son su esposa, su secretario Durazo y algunos otros colaboradores como Creel los que hacen y deshacen a su antojo, ha sido efectivamente un individuo tenebroso como muchos empresarios para este tipo de actos ilegales. No sorprende por eso que la defensa de Fox en su caso, diciendo que no le podrían probar el haber recibido dinero sucio, probablemente porque ninguno de estos "donativos" está videograbado, sea la misma que está utilizando Rosario Robles, que según todas las evidencias construyó junto con Ahumada, de cuyos intereses fue gestora, estructuras de corrupción en el gobierno de la ciudad para beneficiar ilegalmente al empresario argentino, y que ahora aduce que fueron funcionarios de las delegaciones y no de la administración central -y además vinculados a López Obrador y a Cárdenas- los que recibieron las dádivas ilegales.

8. Los videos muestran la probable comisión de delitos electorales y de tráfico de influencias de varios perredistas y la corrupción de un importante sector del PRD, pero el operativo de difusión de los videos evidencia a su vez hasta ahora, y por lo menos, la connivencia de Santiago Creel (secretario de Gobernación) y de Rafael Macedo de la Concha (titular de la PGR) así como del senador Fernández de Cevallos, en un probable delito de extorsión y en una serie de delitos oficiales que sería largo enumerar, así como la voluntad de Fox de destruir con todo el peso de su régimen al PRD.

9. El PAN, que en su momento no pudo enfrentar su responsabilidad en el financiamiento ilegal de la campaña de Fox, no puede ahora explicar, no se diga la vinculación de Ahumada con presidentes municipales y delegados capitalinos panistas, o el papel de Diego como asesor y consejero jurídico del empresario argentino, sino el que los titulares de la PGR y de Gobernación aparezcan como artífices de la difusión de los videoescándalos.

10. El régimen foxista está ahora, más que nunca, en entredicho.