Gabriela Rodríguez

Treinta años de la política de población

Ciudadanos y ciudadanas, tenemos un verdadero motivo para celebrar: este año se cumplen 30 años de una de las más exitosas políticas públicas del país. Se trata de una política de población que desde que se inició en 1974 ha demostrado un permanente avance y un impacto poblacional positivos:

* Entre 1970 y 2000 el porcentaje de mujeres sin instrucción pasó de 35 a 11.7.

* La participación del hombre en el trabajo doméstico entre 1995 a 2001 pasó de 37.8 por ciento a 61.3 (entre mujeres ha aumentado de 92.3 a 95.6).

* Entre 1980 y 2002 la mortalidad materna (muerte por embarazo, parto o aborto) se ha reducido de 15.6 a 7.6 defunciones por cada 10 mil nacimientos.

* El promedio de abortos que tiene una mujer durante su vida fértil ha descendido de manera acelerada, de 1.2 en 1976 a 0.1 en 1997.

* La fecundidad ha descendido de 7.3 hijos por mujer en la década de los 60 a 2.2 hijos en 2000 (entre mujeres indígenas todavía es de 4.7).

* Se produce una reducción proporcional de la mitad de embarazos tempranos entre adolescentes: en 1974 una de cada ocho mujeres entre 15 y 19 años eran madres, y en 2000 una de cada 14 son madres.

* La mortalidad infantil disminuyó de 43.7 en 1990 a 23.6 en 2003.

* Se ha postergado el nacimiento del primer hijo: en 1974 la edad media de las mujeres al momento de tener su primer hijo era de 19.8 años y actualmente es de 23.6 años.

* La mortalidad por cáncer cérvico-uterino ha descendido de 25 fallecimientos por 100 mil mujeres, a 20.9 decesos en 1997.

* El sida dejó de crecer de manera acelerada en la década de los 90: hoy ocurren 39.7 casos por cada 100 mil habitantes.*

Pienso que estos logros se deben a una continuidad programática que no ha sido vulnerable a los cambios sexenales ni a las disputas político partidistas que inundan hoy todo programa gubernamental. Más aún, esta política se ha librado de los vaivenes ultraconservadores del gobierno de Estados Unidos que han querido dar marcha atrás en a las libertades individuales y sexuales y a la equidad de género en los programas de cooperación internacional desde tiempos del presidente Ronald Reagan, y con mayor vehemencia en la actualidad, por la radicalización del Partido Republicano y particularmente del presidente George W. Bush.

Tres principales ejes podrían explicar esta excepcional condición de la Política de Población de México: 150 años de Estado laico, el reconocimiento a la libertad de conciencia y de religión y de los derechos sexuales y reproductivos en tratados internacionales y en el marco jurídico nacional, y a la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil en los programas gubernamentales.

Recordemos con el aniversario de Benito Juárez que las Leyes de Reforma dieron la base jurídica nacional para reconocer la libertad de culto y de religión, así como la educación laica y gratuita. Como legado histórico, nuestra actual Constitución establece que la educación debe ser "ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios".

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoció desde 1948 que "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión", este derecho se extiende a niñas, niños y adolescentes en la Convención de los Derechos del Niño (1989) y es base de la igualdad entre hombres y mujeres y del derecho a vivir sin discriminación, según se reconoce en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (1995). Los derechos sexuales de adolescentes están protegidos en la Conferencia Internacional de Población celebrada en El Cairo hace 10 años: "los países deben asegurar que los programas y las actitudes de los proveedores de servicios de salud no limiten el acceso de los adolescentes a los servicios apropiados y a la información sobre enfermedades de transmisión sexual y abusos sexuales; esos servicios deben salvaguardar los derechos de los adolescentes a la intimidad, la confidencialidad, el respeto y el consentimiento basado en una información correcta, y respetar los valores culturales y las creencias religiosas".

Como parte de la ciudadanización y de los procesos de democratización del país, las organizaciones de la sociedad civil, principalmente del movimiento amplio de mujeres y del movimiento de diversidad sexual, se han convertido en interlocutoras legítimas frente a tomadores de decisiones y dirigentes gubernamentales, y han colaborado en el diseño y aplicación de programas y políticas públicas, en la expedición de leyes y reglamentaciones y en la producción de modelos de atención y materiales educativos.