El cúmulo de indicios, datos, denuncias y evidencias de financiamientos ilegales, turbios o dudosos que involucran a las más importantes fuerzas electorales del país y que generan un permanente estado de escándalo en la opinión pública nacional constituye, a todas luces, la punta del iceberg de una alarmante descomposición de la clase política nacional que pasa por una presumible violación regular de las leyes y disposiciones electorales y fiscales, pero que no se limita a prácticas ilegales sino que ha llegado, en sectores de todos los partidos o en partidos enteros, a la prescindencia de toda ética política.

Los actos indebidos que cimbran actualmente al Partido de la Revolución Democrática -las entregas de dinero en efectivo a varios de sus cuadros, previsoramente videograbadas y oportunamente difundidas- son los más visibles, pero no los únicos y no necesariamente los más cuantiosos. La ausencia de videos testimoniales del Pemexgate priísta o de los enjuagues financieros de Amigos de Fox no significa que esos episodios vergonzosos no hayan existido; la complacencia del negocio verde ecologista para con su jefe, Jorge Emilio González Martínez, no borra la demanda de mordida formulada por el Niño Verde a cambio de gestionar permisos. A esos indignantes episodios se suma, ahora, una amplia miscelánea de raterías electorales a la que concurre el conjunto de las fuerzas partidarias.

Invariablemente, a las revelaciones de corrupción siguen, al interior de los partidos, ajustes de cuentas más o menos públicos. Los videos de los perredistas recibidores de efectivo han llevado no sólo a la adopción de medidas disciplinarias en su instituto político sino también a una exhibición de canibalismo entre las tribus que conforman el partido del sol azteca. Sin haber salido aún del episodio del Pemexgate, los priístas protagonizan -con la marginación de los diputados elbistas y su reacción de "independizarse" de su fracción partidaria, con la impúdica maniobra de Elba Esther Gordillo nombrándose a sí misma presidenta del SNTE, que es casi como poner a su nombre las escrituras del sindicato- nuevas escenas de disputa familiar y episodios adicionales de desarticulación. Acción Nacional no ha logrado aún un deslinde creíble de los desaseos de la campaña foxista, y ya se le viene encima el escándalo siguiente: el de la tolerancia, el encubrimiento y hasta la defensa de las trapacerías de sus exponentes que se ostentan y cobran como legisladores y se entregan, al mismo tiempo, al coyotaje, a la ordeña de fondos públicos mediante demandas legales al Estado y a las conspiraciones de alcantarilla.

La corrupción estructural y enquistada en los partidos es un hecho indiscutible que no sólo ha hundido en el descrédito la acción política en su conjunto sino que ha contribuido a distorsionarla gravemente: en las circunstancias actuales la confrontación partidista no se entiende tanto como un cotejo de ideas y propuestas ante la sociedad sino como un duelo de delaciones mediáticas en las que la podredumbre del adversario es exhibida en horario televisivo estelar. Estos nuevos usos y costumbres desvirtúan, a su vez, el quehacer informativo y mediático, el cual deja de lado la motivación de servir a la verdad y a la gente y tiende a concentrarse en la búsqueda de una masa crítica de inmundicia espectacular que permita incrementar la circulación, la audiencia y, por ende, la venta de publicidad.

Esta especie de suicidio de la clase política -suicidio asistido por los consorcios mediáticos, cabe reiterar- debe ser frenado si es que se pretende preservar y reconstruir la vida republicana. En esa perspectiva, resulta fundamental mejorar, precisar y adicionar la legislación electoral del país a fin de cerrar los resquicios que han permitido la transmutación de delitos en meras inmoralidades a las que resulta imposible sancionar. Pero el problema trasciende el ámbito de las irregularidades electorales. Afecta la totalidad de la vida política e institucional y es necesario realizar una cuidadosa reflexión nacional al respecto.

Al final de los procesos de degradación referidos hay una circunstancia demoledora para la democracia, las instituciones y la convivencia de cualquier sociedad: aquella en la que los ciudadanos convocados a votar observan los logotipos partidarios en las boletas y les resulta moralmente repulsivo e insostenible cruzar cualquiera de ellos. Por desgracia, y en el actual curso de acontecimientos, al país no le falta mucho para llegar a ese momento.