Insuficientes, los tipos penales para sancionar financiamiento irregular, admite

Apremia la Fepade a precisar los delitos electorales que deben considerarse graves

JESUS ARANDA

En el contexto de las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en torno al presunto financiamiento ilícito que habría recibido el PRD para las campañas electorales de 2003 y la elección de la directiva de ese partido, la titular de esa instancia ministerial, María de los Angeles Fromow, reconoció que el catálogo de tipos penales para sancionar las aportaciones irregulares a los partidos políticos es insuficiente.

Entrevistada por La Jornada, la funcionaria añadió que aún está ''pendiente la asignatura'' de dotar al Instituto Federal Electoral (IFE) de mayores atribuciones para fiscalizar los recursos de los partidos, mientras en el ámbito penal se debe revisar la legislación para establecer qué delitos electorales deben ser sancionados con mayor severidad.

Fromow comentó, por otra parte, que en la indagatoria que lleva a cabo la Fepade en torno a los videos en que aparecen René Bejarano, ex líder de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y Carlos Imaz, delegado con permiso de Tlalpan, recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada Kurtz con el presunto propósito de apoyar a los candidatos perredistas en 2003 y la campaña de Rosario Robles por la presidencia del PRD, no se ha cuantificado aún el monto de los recursos que fueron donados a los perredistas, como tampoco se ha establecido cuál es el tipo penal que se configuraría.

Precisó que las indagatorias están en su fase inicial, y no descartó que quienes han sido citados como testigos pudieran pasar a ser presuntos responsables. ''Eso lo determinarán las pruebas y las diligencias que lleve a cabo el Ministerio Público", indicó. Hasta la fecha el único que ha comparecido ante la Fepade en calidad de indiciado es Bejarano, en tanto Imaz y Rosario Robles, ex dirigente nacional del PRD, lo hicieron como testigos.

Por otra parte, aceptó que la fiscalía a su cargo no ha recibido los videos completos en los que aparecen Bejarano e Imaz con Ahumada, pese a que prácticamente existe la certeza de que las cintas fueron editadas. Apuntó que en caso de que el Ministerio Público no consiga las cintas originales, las indagaciones deberán fortalecerse con testimonios y declaraciones que permitan llegar a la ''verdad histórica'' y establecer si hubo o no delitos electorales.

Comentó que en el caso de dirigentes políticos que utilizan recursos ilícitos, la sanción prevista en el Código Penal Federal fija de uno a siete años de prisión. En todo caso, subrayó, la indagatoria habrá de determinar el origen del dinero y su destino.

Certeza sobre los recursos

La funcionaria subrayó: ''hoy estamos ante la oportunidad de dotar a las autoridades electorales de mecanismos idóneos para fiscalizar los recursos que son ingresados a los partidos políticos. Se trata de crear mecanismos que eviten financiamiento irregular que, posteriormente, afecte el ejercicio libre y profesional de los servidores electos, y dar lugar a casos de corrupción. Más allá de los porcentajes de financiamiento público y privado que reciban los partidos, debe haber certeza de dónde vienen los recursos y a quién le corresponde fiscalizar que éstos se utilicen lícitamente''.

-Señale tres herramientas con las que no cuenta la Fepade y que requiere para hacer una labor más efectiva.

-Establecer tipos penales claros que estén relacionados con precampañas y financiamiento de los partidos; autonomía total de la fiscalía, y la aceptación de la denuncia anónima, en la que a mediante el conocimiento público de los hechos podamos iniciar investigaciones y tener una respuesta a las denuncias que haga la ciudadanía.