Carlos Fazio

Videojuegos y cleptocracia

El sistema político mexicano vive una profunda crisis de legitimidad. La sociedad se disuelve en una selva socialdarwinista, en una lucha de todos contra todos regulada por la ley del más fuerte. Ante la carencia de una cultura cívica de participación ciudadana, una plutocracia demagógica domina la no-política con que se ejerce el arte de gobernar. Lejos de estar en tránsito hacia la democracia, México se ha convertido en un Estado criminal, cleptocrático. El cuerpo gobernante (los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y los niveles de gobierno federal, estatal y municipal) actúa como banda de ladrones: con espíritu de facción; muchas veces de mafia.

No existe Estado de derecho. La autoridad se ejerce con base en la oferta y la demanda, no en leyes y regulaciones. La libre competencia garantiza el éxito del más apto. Atomizado lo social, destruida la solidaridad, el país "funciona" con base en redes corporativas, clientelares y neocaciquiles signadas por la corrupción-extorsión, la violencia y la impunidad. La corrupción (de corrumpere, que significa "destruir, lesionar, violar") es un proceso eminentemente económico-político. Un elemento esencial de la corrupción es el soborno ("entregar a escondidas, conseguir algo por un camino ilegal"). La corrupción se ubica en la intersección entre el mercado económico y el mercado político, entre la esfera privada y la estatal.

El elemento fundamental de la corrupción son los consorcios y las corporaciones, pues son los constructores sociales de los mercados formales e informales, imbricados en una doble economía legal y criminal. Las empresas adquieren ventajas competitivas a través de la violencia, la evasión fiscal y la circulación de enormes masas de capital que derivan en actividades ilícitas, muchas veces vinculadas con el crimen organizado y el narcotráfico (lavado de dinero). La colusión entre empresarios y banqueros amorales con los agentes públicos (políticos, legisladores, tecnoburócratas) está en la base de la corrupción, que es la otra cara de un "poder invisible" que hoy adopta la forma de un neopatrimonialismo extralegal. Empresarios y banqueros usan al Estado para fines particulares (leyes ad hoc, rescates tipo Fobaproa y carretero) y participan de la corrupción electoral y administrativa (Amigos de Fox -Enron, Coca-Cola-, Pemexgate, Ahumadagate, Vamos México). La conciliación entre economía y política se busca a través del lobby o de la corruptela, y por tanto, de la ilegalidad difusa.

Existe una corrupción de las costumbres. La cultura de la ilegalidad atraviesa toda la sociedad. Pareto induce a ver la corrupción como un paradigma de la tipología posible de las clases dirigentes, económicas y políticas de una nación. Y, en definitiva, de la nación misma. El antiguo clientelismo (como mecanismo de acumulación para sostener microsolidaridades de cuasi grupo) del alemanismo autoritario y corporativo, vivió sus estertores durante el lópezportillismo, y a partir de las administraciones de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas se inició un acelerado proceso de "refeudalización política" del Estado. En la actualidad, con la mercantilización de la economía y el vértigo de la atomización de la representación política (aceitado por la guerra mafiosa y las purgas entre las nomenklaturas del PRI; los jaloneos entre los viejos y los nuevos panistas y entre éstos y Vamos México de Marta Sahagún; los ajustes de cuenta entre los clanes y tribus del PRD y los conflictos de familia del Partido Verde) se da una proliferación de gobiernos privados (salinismo, zedillismo, foxismo, lópezobradorismo, las gubernaturas) mientras se erosiona la soberanía y la sociedad civil se disuelve como comunidad solidaria de individuos autónomos en la niebla de un sobredimensionado casino.

Un elemento esencial de la corrupción es el secreto (el ocultamiento). Las luchas clandestinas por el "reparto" (la realización de la plusvalía en la economía o del poder, la autoridad y el enriquecimiento inexplicable en la política) se convirtieron en "sistema" y derivaron en una "estrategia adquisitiva" que se consolidó y cristalizó hasta convertirse en una norma (forma) de vida no sólo empresarial. El crimen se convirtió en elemento orgánico del sistema. Los potenciales corruptos gobiernan el acceso a los recursos estatales (obras públicas, cotizaciones de empresas en la bolsa, subsidios, alivio de la presión fiscal, facilidades crediticias, reducción de trabas burocráticas, negocios internacionales), en tanto que los corruptores potenciales preparan el banquete de premios para ser distribuidos de acuerdo con pactos y reglas que tienen vínculos precisos: porcentajes de ganancia en obras públicas, financiamiento de campañas electorales a cambio del control de puestos clave en la administración, etcétera.

En el contexto de la gestión de los mercados y de esa forma de "gobierno privado" extralegal, muchas veces las prácticas corruptas adquieren criterios gangsteriles, donde se entrelazan el fraude organizado y los negocios sucios (los nexos de Raúl Salinas con Carlos Peralta -Iusacel, Bell Atlantic-, Carlos Hank Rohn -Grupo Atlacomulco- y Roberto González Barreda -Maseca-, o con Ricardo Salinas Pliego en la adquisición de lo que hoy es Tv Azteca), el chantaje, la venta de protección, el pago de tributos para acceder al mercado, la extorsión. Cuando se rompe el círculo vicioso de la ilegalidad (el secreto "anómico") o se fracturan las reglas y obligaciones dictadas por el miedo, aparece el derecho a la venganza (la Faida, derivada del derecho germánico). Amplificado por el amarillismo mediático (la política como espectáculo), el caso protagonizado por Ahumada (Grupo Quart), Bejarano, Fernández de Cevallos, López Obrador, Santiago Creel (Cisen-Gobernación), Macedo (PGR) y Televisa, es un ejemplo de Faida en una coyuntura preelectoral. Otras veces irrumpe la violencia y se llega a la eliminación física (cardenal Posadas, Colosio, Ruiz Massieu y Ramos Tercero); en esos casos, la violencia corruptora se convierte en violencia mafiosa. Si la violencia triunfa parcialmente sobre el derecho y la Constitución, la sociedad entra en un proceso autodestructivo. La democracia no puede crecer sin el primado de la política; ella es la que tiene que limitar el mercado para frenar el retorno al estado salvaje. Además, hace falta que se aplique la ley y que paguen los culpables.