El titular de la Reforma Agraria podría enfrentar consignación penal

Demanda juez a Salazar Adame respetar un amparo

JESUS ARANDA

El secretario de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, fue apercibido por el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa que, de continuar con su actitud omisa y de incumplimiento de un amparo en favor de ejidatarios de San Pedro Tultepec, se solicitará ante la Suprema Corte que obligue al funcionario a acatar el fallo judicial, o se iniciará un proceso para destituirlo y consignarlo penalmente por el delito de abuso de autoridad.

Hasta la fecha se mantiene incumplida la resolución presidencial de octubre de 1929 -ratificada en segunda instancia por el décimo tribunal colegiado en materia administrativa el 8 de enero de 2003-, en el que se ordena a la SRA la entrega total de las un mil 936 hectáreas previstas en el documento presidencial, en lugar de las 510 hectáreas que fueron entregadas parcialmente en 1930.

A diferencia del empeño que el funcionario ha puesto por cumplir con la indemnización cercana a mil 214 millones correspondientes a la expropiación de un predio de 33 hectáreas del ejido Santa Ursula Coapa, efectuada en 1984 -en la que el senador y litigante Diego Fernández de Cevallos es el abogado de los demandantes-, en este caso, Salazar Adame "no ha cumplido nada", afirma Bárbara Zamora, abogada de los campesinos.

La sentencia del juzgado séptimo de distrito en materia administrativa del pasado 31 de diciembre señaló que "al día de hoy, y no obstante los múltiples requerimientos formulados a la autoridad responsable, la SRA, ésta se ha limitado a informar los trámites administrativos preparatorios para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, sin que éstos trasciendan en su esencia, lo cual, constituye un retardo en su ejecución".

En consecuencia, subraya la sentencia 768/2001, "requiérase al Presidente de la República para que en su carácter de superior jerárquico del secretario de la Reforma Agraria, y éste a su vez, del director ejecutivo de la Unidad Técnica Operativa" los obligue a cumplir con la sentencia.

Sin embargo, éste no sería el único ilícito relacionado con la SRA que encabeza Salazar Adame. En un escrito dirigido el 25 de febrero pasado por el presidente del comisariado ejidal de San Pedro Tultepec, municipio de Lerma, estado de México, Remigio Gutiérrez Morales dirigido al director general de asuntos jurídicos de la dependencia, Jorge Gómez de Silva Cano, se denuncia que el delegado de la SRA con sede en Toluca, Sergio Romero, consideró en un documento oficial que parte de la superficie que corresponde a los barrios de San Diego y Llano de Perea, ubicados en el municipio de Lerma, "no son susceptibles" de ser afectados por el decreto presidencial del 26 de octubre de 1926 en favor de los ejidatarios de San Pedro Tultepec.

El funcionario de Reforma Agraria fue acusado por los representantes de San Pedro Tultepec de actuar ilegalmente al contravenir "gravemente" el sentido de la ejecutoria presencial y del amparo definitivo otorgado en favor de los ejidatarios.

En el documento enviado al director de asuntos jurídicos, subordinado de Salazar Adame, se precisa que el funcionario con sede el Toluca no tiene facultades para modificar una resolución presidencial.

Insiste el escrito en que además de intentar evadir el cumplimiento de la sentencia judicial, el funcionario de la SRA pretende crear confusión y situaciones de conflicto entre el ejido y personas que intentan apoderarse de esas tierras, "puesto que, aduciendo que pretenden obtener permisos de construcción" se presiona al presidente municipal de Lerma para que expida esos documentos, lo que dificultaría aún más la entrega de las tierras, como determinó la justicia federal.

Según la defensa de los ejidatarios, hasta la fecha se mantiene el incumplimiento por parte de la dependencia federal, respecto a la dotación de tierras, y mantiene un silencio cómplice en relación con la actuación del delegado de la SRA en Toluca.