Se ha sabido que el senador panista Diego Fernández de Cevallos obtuvo la primicia como espectador de los videos que muestran al ex coordinador de la bancada perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), René Bejarano, y al jefe delegacional en Tlalpan, Carlos Imaz, recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada Kurtz. Se ha confirmado, asimismo, que la diligencia en la que éste ratificó una denuncia contra Bejarano por presunta extorsión no ocurrió en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) sino en un salón del hotel Presidente rentado por el delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el Distrito Federal, José Luis Valles, en un cónclave clandestino en el que participaron, además, el propio Fernández de Cevallos, el abogado Juan Collado, el agente del Ministerio Público José Carlos Villarreal Rosillo y el denunciante. Para colmo, aunque anteayer la PGR reconoció en un comunicado que la diligencia se llevó a cabo "en un lugar diferente a las oficinas de la delegación de la PGR en el Distrito Federal" y alegó que "se realizó con apego a la ley, como queda manifiesto en el propio contenido de la diligencia", los asientos documentales de la ratificación afirman, falsamente, que el trámite tuvo lugar en la agencia 14 de la propia PGR.

Tales revelaciones, aunadas a la información sobre el sofisticado operativo de espionaje que tuvo que realizarse en un casino de Las Vegas para videograbar al ex secretario de Finanzas capitalino -o bien para robar las cintas de video del establecimiento-, operativo que probablemente requirió de gestiones oficiales, han generado una suerte de contraescándalo ya no por los presuntos actos ilícitos de funcionarios del gobierno capitalino y perredistas destacados, sino por la evidencia de que la difusión de los videos correspondientes fue orquestada, de manera posiblemente delictiva, mediante un complot desde las cloacas del poder público.

Ciertamente, lo anterior no reduce en nada la gravedad de las conductas ilícitas o indebidas que muestran las videograbaciones, ni atenúa la exigencia de que tales conductas sean investigadas a fondo y sancionadas, en su caso, conforme a derecho, ni disminuye la urgencia de una limpieza a fondo en el Gobierno del Distrito Federal y en el Partido de la Revolución Democrática.

Pero los datos de la reunión en el hotel Presidente confirman el señalamiento de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que el Cisen -organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación- participó, quebrantando la ley, en el manoseo de los videos de marras, y hacen obligatoria una pesquisa legal sobre la inopinada intromisión de esa entidad en una diligencia penal que, hasta donde se sabe, escapa a sus atribuciones y a su incumbencia. Por otra parte, el desaseo del procedimiento obliga a recordar los señalamientos sobre un posible vínculo personal del procurador Rafael Macedo de la Concha con Carlos Ahumada, el eficiente corruptor.

Por otra parte, la presencia de Fernández de Cevallos en el turbio encuentro no es motivo de sorpresa, habida cuenta de los antecedentes del personaje, pero sí suscita preguntas y sospechas hasta en las filas de su partido: con sobrada razón el senador Carlos Medina Plascencia y el secretario general de Acción Nacional, Manuel Espino, se preguntaron por las razones del litigante para haber ocultado al PAN la existencia de los videos y señalaron la necesidad de que Fernández de Cevallos informe a la opinión pública, así sea con la insolencia y la estridencia que le caracterizan, sobre esta enésima inmersión suya en los albañales donde confluyen las aguas negras de la política, los negocios privados y los procesos jurídicos.

En suma, al revelar la pudrición existente en diversas instancias del gobierno capitalino, los todavía anónimos productores, guionistas, directores, editores y distribuidores de los videos han dejado al descubierto, también, irregularidades y acciones facciosas en la procuración de justicia, así como indicios de la existencia, en varias instancias del gobierno federal, de una fábrica clandestina de campañas mediáticas contra políticos rivales. Puede ser incluso que estos indicios expliquen la rabia incontrolada que manifiestan algunos informadores -o desinformadores- ante la demanda de investigar, además de los hechos mostrados en los videos, las intenciones y las personas tras la factura, manipulación y divulgación masiva de esas cintas.