México D.F. Jueves 11 de marzo de 2004
Aumentaron las penas por el delito de difamación,
señalan
Periodistas denuncian ante relator ley mordaza
en Chiapas
Los cambios afectan a la libertad de expresión,
sostienen
ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL
Tuxtla Gutierrez, Chis., 10 de marzo. Decenas de
periodistas de Chiapas y otros estados del país enviaron hoy una
queja al relator especial para la Promoción y Protección
del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Ambeyi Ligabo,
por las reformas y adiciones al Código Penal de esta entidad en
materia de delitos contra el honor, que atentarían contra la libertad
de expresión de los trabajadores de los medios de comunicación.
En
el documento dirigido al relator Ambeyi Ligabo, los comunicadores le piden
su mediación y que haga un exhorto al gobierno estatal, ya que en
Chiapas, contrario a los postulados de la Organización de Estados
Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
en materia de derechos humanos, se han impuesto -a propuesta del gobernador
Pablo Salazar Mendiguchía- las sanciones de multa y prisión
más altas del país para castigar los delitos de difamación
y calumnia.
Las reformas en cuestión pasaron a la controversia
por la presunta comisión de delitos como la calumnia y difamación,
del ámbito civil al penal, estableciéndose penas de "prisión
de tres a nueve años y multa de 100 a mil días de salario
mínimo vigente en la entidad".
En la misiva explican que otra serie de adiciones al Código
Penal chiapaneco estipulan medidas condenatorias, no sólo a los
que difamen o calumnien, sino a los dueños de los medios de comunicación
por medio del cual se realizaron esas denuncias, normalmente contra servidores
públicos.
Argumentan que tales reformas al Código Penal son
atentatorias a los artículos 19 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, 4 de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre; 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles
y Políticos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
Es decir, violan los articulados que son parámetro
del derecho internacional, referidos a la libertad de expresión,
información y opinión, destacan.
En la carta también se apela a la Declaración
Conjunta sobre los Mecanismos Internacionales para la Promoción
de la Libertad de Expresión, signado el 18 de diciembre de 2003.
En esta declaración se expone, entre otras cuestiones,
que "no deben existir restricciones legales en relación con quienes
pueden ejercer el periodismo".
La carta esta firmada por al menos 80 periodistas de varias
entidades del país, así como organizaciones no gubernamentales
defensoras de los derechos humanos, de la libertad de prensa, expresión,
información u opinión, así como la asociación
civil Libertad de Información-México.
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