Proceso viciado

Gana reinstalación el juez acusado en el caso de TMM

RAUL LLANOS SAMANIEGO

El juzgado 11 de distrito en materia administrativa resolvió que el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (CJDF) reinstale al juez Hugo Muñiz Arreola, que fuera separado de su cargo luego de que se le acusara del delito de prevaricación, al admitir una solicitud de suspensión de pagos promovida por la empresa Transportación Marítima Mexicana (TMM) contra adeudos que tiene con bancos extranjeros.

Así lo afirmó Armando López, abogado de Muñiz Arreola, quien no sólo presentó la sentencia de dicho juzgado, sino también la resolución del octavo tribunal colegiado en materia penal, del primer circuito, en la que se establece que se debe modificar la decisión del juzgado 58 penal de negar el amparo al afectado, debido a los ''vicios'' detectados en el proceso; el fallo definitivo será emitido hoy por esa misma instancia.

A raíz de esa situación, dijo Armando López, habrán de promover ante la Fiscalía de Servidores Públicos de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PJDF), una denuncia en contra de Manuel Díaz Infante, integrante del Consejo de la Judicatura, contra quien también solicitará que se le remueva de su cargo por las anomalías detectadas en su actuación en el caso de Muñiz Arreola.

Detalló, por ejemplo, que Díaz Infante influyó para que se determinara la separación del entonces juez 14, además de que lanzó acusaciones de corrupción mucho antes de que se concluyera el proceso penal en su contra. Agregó que otro elemento es que el funcionario del CJDF supo a qué juzgado consignaría el expediente la PJDF mucho antes de que se enviara el caso, lo que habla de que hubo ''complicidad'' entre ambas instancias para ''orientar'' el caso en ese ámbito penal.

De acuerdo con la denuncia, en el primer trimestre de 2003 Hugo Muñiz recibió la demanda de suspensión de pagos solicitada por la empresa marítima TMM, de manera que pudiera ampliar el plazo para pagar a sus acreedores cerca de 185 millones de dólares. Los argumentos en su contra era que carecía de competencia para ello, por lo que había actuado de manera dolosa.