Prevé pronto fin a la controversia entre Congreso, instituto e intermediarios

Las auditorías a los bancos se van a realizar, asegura el titular del IPAB

Son viables, siempre que se precisen términos y se garantice que son definitivas, dice

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

La controversia legal y política entre el Congreso, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y cuatro bancos que rechazan una revisión de las operaciones de saneamiento financiero realizadas en el gobierno anterior entró en una etapa final de solución, que podría poner fin al litigio "en un corto plazo", aseguró Mario Alberto Beauregard Alvarez, secretario ejecutivo del organismo.

"Las auditorías se van a realizar", afirmó Beauregard Alvarez en una entrevista con La Jornada. "Hemos tenido acercamientos con ellos (los banqueros). Al final de cuentas, ellos van a tener que firmar los nuevos pagarés", sostuvo el secretario ejecutivo del IPAB.

Aseguró que el objetivo es lograr un acuerdo entre todas las partes involucradas, con el fin de que el intercambio sea realizado antes del inicio del cuarto trimestre de este año, momento en que la Secretaría de Hacienda comienza a afinar el presupuesto federal para el siguiente ejercicio fiscal. En caso de no alcanzarse un trato, el gobierno federal tendría que pedir al Congreso una partida por al menos 150 mil millones de pesos para liquidar los vencimientos de pagarés del rescate bancario correspondientes a 2005.

Legalidad cuestionada

Los bancos Banamex-Citigroup, BBVA Bancomer, HSBC (antes Bital) y Banorte, han movilizado todo tipo de recursos legales y políticos para oponerse a una revisión de las operaciones de rescate realizadas por el extinto Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) durante el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo. Sobre esas operaciones, cuyo valor bruto alcanza 220 mil millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de fiscalización del Congreso, ha realizado varias observaciones sobre su legalidad. De acuerdo con la Ley de protección al ahorro bancario, los pagarés emitidos por el Fobaproa, que no tienen aval del Legislativo, no podrán ser intercambiados por bonos avalados por el IPAB hasta que no sea realizada la revisión a la que se oponen los banqueros.

La discusión involucra no sólo una revisión de las operaciones realizadas por el Fobaproa, organismo cuyos responsables, de acuerdo con la ASF, habrían incumplido reglas de operación al fijar los apoyos a los cuatro bancos. También hay una razón práctica. En caso de no ser realizado el intercambio, el gobierno federal -responsable de las obligaciones del Fobaproa- deberá liquidar esos pagarés el próximo año. Para hacerlo, debería pedir esos recursos al Congreso, donde el gobierno del presidente Vicente Fox no tiene mayoría.

En entrevista con este diario, Mario Alberto Beauregard Alvarez, quien asumió la secretaría ejecutiva del IPAB en diciembre pasado, consideró que la posibilidad de un acuerdo entre el organismo y los cuatro bancos (todos de capital extranjero, salvo Banorte) antes de que concluya el litigio en los tribunales, en donde las instituciones de crédito impulsan una serie de amparos para impedir las revisiones, es cercana.

"Ha habido un cambio de actitud de los bancos; las auditorías son viables, siempre que se precisen los términos en que serán realizadas y se garantice que son definitivas", añadió Beauregard, en una opinión similar a la posición asumida por los banqueros involucrados en este tema.

Los cuatro bancos que rechazan la nueva revisión aseguran que una auditoría a estas operaciones ya fue realizada en 1997-1998, cuando la Cámara de Diputados contrató al especialista canadiense Michael Mackey. Sin embargo, el auditor, en su reporte final, dejó claro que su trabajo no podría ser considerado una auditoría en forma, debido a que no recibió de las autoridades y de los bancos todos los documentos que solicitó.

"Todo este tema es demasiado complejo y eso ha provocado que haya pocos avances. Para poder terminarlo es importante elaborar con todo detalle el marco jurídico para sustentar el intercambio" de los pagarés emitidos por el Fobaproa por bonos avalados por el IPAB.

Las operaciones en controversia son las relacionadas con el llamado Programa de Capitalización y Compra de Cartera (CPP), uno de los mecanismos empleados por el Fobaproa durante el rescate financiero que siguió a la crisis de 1994-1995.

A la fecha, informó Beauregard, el valor bruto de esos pagarés es de 220 mil millones de pesos. Pero de esa cantidad deben ser restadas operaciones relacionadas con recuperación de activo y otros ingresos derivados de compartir algunas pérdidas con los bancos.

En total, el valor neto de los pagarés alcanza 110 mil millones de pesos. De esta cantidad, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones sobre 92 mil millones de pesos originalmente, aunque en enero pasado ese órgano del Congreso informó que quedaban por solventar sólo transacciones por seis mil 499 millones de pesos.

"Las autoridades financieras siguen dando información sobre esas operaciones señaladas por la ASF", indicó. El secretario ejecutivo del IPAB informó que si esas observaciones por 6 mil 499 millones de pesos "no fueran solventadas", entonces las autoridades estarían dispuestas a "encapsularlas" y realizar el intercambio de todos los pagarés, para posteriormente revisar ese monto.

Aunque Beauregard aseguró que siguen los avances en la discusión con los banqueros, el tiempo sí es factor en esta controversia. Si no hay un arreglo, el gobierno federal tendría que incluir en el presupuesto del próximo año una partida de 150 mil millones de pesos (nueve veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México) para liquidar los pagarés Fobaproa que tienen vencimiento en 2005. Otros 70 mil millones -que completan la suma de 220 mil millones de pesos brutos involucrados- vencen en 2006.

"Aquí la idea es trabajar para tener un arreglo antes de que Hacienda inicie la elaboración del presupuesto", indicó Beauregard.

En este momento, añadió, el IPAB afina la metodología para la definición de los créditos que el Fobaproa asumió de manera irregular y este es el tema de discusión con los banqueros involucrados. Comentó que en caso de que haya un arreglo definitivo entre el IPAB y los representantes de Banamex-Citigroup, BBVA Bancomer, HSBC y Banorte, el siguiente paso es que las instituciones de crédito se desistan de los juicios que llevan en los tribunales para impedir las revisiones.

"El proceso legal continúa; el acercamiento con los bancos es para tratar de solucionar fuera de la instancia legal la controversia, pero si hay un acuerdo, ellos se desisten de su proceso", añadió.

Ayer mismo, Jorge Hierro, vocero de los cuatro bancos involucrados en la controversia, dijo que las instituciones están en una etapa de "acercamiento no formal" con el IPAB, pero aseguró que esperan un acuerdo a tiempo que permita el intercambio de los pagarés.

Cambio de piel

La Asociación de Banqueros de México (ABM) cambia de piel. Acorde con los nuevos tiempos, en que salvo Banorte e Inbursa las intermediarias bancarias que operan en el país son extranjeras, el organismo decidió modificar su denominación y logotipo.

A partir de este mes, el organismo se denominará Asociación de Bancos de México y conservará las siglas ABM.

Cuando el sistema bancario fue nacionalizado en 1982, la ABM se convirtió en Asociación Mexicana de Bancos. Concluida la reprivatización realizada entre 1991 y 1992, el organismo recuperó su nombre original, que mantuvo hasta este mes.