Niega tribunal a la Federación suspensión definitiva para detener demanda civil

Tropiezo oficial en litigio contra los Ramos Millán

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

El primer tribunal unitario en materia civil negó a la Federación la suspensión definitiva (derivada de un juicio de amparo) con la que el gobierno pretendía obtener la protección de la justicia, para que fuera detenido el procedimiento de la demanda civil que los herederos de Gabriel Ramos Millán, con el apoyo del bufete de abogados del senador panista Diego Fernández de Cevallos, interpusieron en julio de 2003 contra la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), en busca de un pago inmediato de más de mil 214 millones de pesos de indemnización.

Aunque el amparo solicitado en días pasados por el departamento jurídico de la SRA "aún no se resuelve de fondo", el juicio civil continuará su desahogo normal en el juzgado 10 de distrito en esa materia.

Según fuentes del Poder Judicial, la demanda de amparo fue interpuesta por la Federación, luego de que fueron notificados oficialmente respecto a la determinación del mismo órgano jurisdiccional del Distrito Federal, que determinó en enero pasado que los herederos de Gabriel Ramos Millán sí tienen "personalidad jurídica" para continuar como querellantes en el litigio civil.

En la demanda de garantías, el departamento jurídico de la SRA argumentó que fue "ilegal" la decisión del juzgado 10 de distrito, respecto a considerar que los querellantes "están facultados jurídicamente para iniciar un juicio civil" contra la Federación.

Como se recordará, después de conocer el contenido de la demanda civil, el departamento jurídico de la SRA interpuso, en septiembre pasado, una queja por la supuesta falta de "personalidad jurídica" de los querellantes. El argumento de los abogados del gobierno federal fue que los denunciantes -Gabriel Ramos Hernández y Armando Bernal Estrada, nietos del finado propietario del predio ubicado en Coapa- carecían de "interés" para iniciar una demanda contra la Federación, supuestamente porque no forman "la parte directa afectada" en el asunto.

La historia del litigio

Los abogados del bufete del senador panista Diego Fernández de Cevallos comenzaron a litigar de nuevo contra la Secretaría de la Reforma Agraria desde finales de julio de 2003. Los herederos de Ramos Millán obtuvieron mediante tribunales una indemnización millonaria correspondiente a un litigio de tierras que en 2002 ganaron al gobierno.

Ahora los abogados buscan que sus clientes obtengan mil 214 millones de pesos en una sola exhibición y no en plazos durante 40 años, como determinó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, exigen a la Federación el pago de 118 millones de pesos por supuestos "daños y perjuicios", debido a que hasta el momento el gobierno federal no ha cumplido de manera inmediata el ordenamiento del Poder Judicial de indemnizar a los herederos de Ramos Millán por la expropiación de las 33 hectáreas del ejido Santa Ursula Coapa, efectuada en 1984. Hasta el momento la SRA sólo ha hecho dos pagos a los demandantes por un total de 60 millones de pesos.

El bufete interpuso la demanda contra la consejera jurídica de la Presidencia y ex secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello; del actual titular de la SRA, Florencio Salazar Adame, e inclusive contra la Federación por daños y perjuicios, y exige que los funcionarios cubran a sus clientes 118 millones de pesos, que son los intereses generados -hasta el día en que se interpuso la querella- por la indemnización no liquidada.

Intereses cada 24 horas

Pero eso no es todo: el despacho pidió además al juez décimo de distrito en materia civil, Adalberto Herrera González, que sus representados reciban 140 mil pesos diarios de intereses hasta que se cubra en definitiva la suma millonaria que se consiguió como indemnización por el litigio de tierras, en un juicio que cobró celebridad por el elevado monto y por la rapidez con que se resolvió contra el erario ya en la gestión foxista.