Los casos de corrupción revelados recientemente mediante videos difundidos por algunos canales de televisión del país constituyen lacras intolerables que agravian la conciencia nacional, cuyos responsables deben ser sancionados conforme a derecho de forma clara y expedita. Las averiguaciones judiciales iniciadas contra varios de los implicados en los recientes escándalos, y las diversas denuncias que comienzan a prefigurar los alcances y los promotores de tales prácticas perniciosas, son datos positivos en este sentido.

Pero al margen del necesario combate contra la corrupción -que debe llegar hasta sus últimas consecuencias- resulta patente que la lucha por el poder en México ha comenzado a salirse de los cauces institucionales y democráticos que le corresponden, para situarse en un peligroso escenario en el que el espionaje, la extorsión y el chantaje se utilizan sin miramientos como armas para golpear a rivales políticos, sean éstos internos o externos, sin importar que con ello se esté, también, vulnerando la ética y la legalidad. En ese enfrentamiento, las instituciones republicanas y partidarias e, incluso, la misma democracia, se encuentran bajo el grave riesgo de verse erosionadas y deslegitimadas ante los ciudadanos y maniatadas por una cadena perversa de intereses espurios y complicidades inconfesables.

En este sentido, cabe deplorar el hecho de que las denuncias de presuntos actos de corrupción -como las que exhibieron televisivamente a Jorge Emilio González Martínez, René Bejarano, Gustavo Ponce y Carlos Ahumada Kurtz- hayan tenido lugar mediante el recurso del espionaje, del secretismo sobre el origen de las evidencias presentadas y, eventualmente, con la mira puesta mucho más en la venganza política y en la debacle del adversario que en el freno a la violación de la ley. Toda evidencia de corrupción debe ser presentada, a fin de hacer valer el estado de derecho, pero el respeto a la normatividad, a la transparencia y a la civilidad del país imponía que tales denuncias hubiesen, al menos, seguido los cauces formales paralelamente a su exhibición pública. Por añadidura, de comprobarse que estamentos gubernamentales se encuentran implicados en la presente cadena de filtraciones, el país se hallaría en una situación de quiebra moral y desarticulación institucional de impredecibles dimensiones y consecuencias.

Por otro lado, los presentes escándalos no deben, con toda su gravedad, operar como cortina de humo de otras aberraciones que permanecen vigentes e impunes. La ley debe ser aplicada sin cortapisas y, por ello, resulta indispensable para recomponer la credibilidad y la legitimidad de las instituciones de la República que se investigue y se llegue al fondo de otros casos no menos graves. Las oscuras operaciones de Vamos México, el Pemexgate, el financiamiento irregular de Amigos de Fox, la violación de la Constitución implícita en los contratos de servicios múltiples en materia energética y el fraudulento rescate bancario, por sólo poner unos ejemplos, deben ser enfrentados de forma enérgica y definitiva a fin de deslindar responsabilidades y aplicar, en su caso, los castigos correspondientes. La institucionalidad republicana, el estado de derecho y la salud de la nación se encuentran en juego, y en ello no caben dobles raseros, pactos pragmáticos, privilegios, ocultaciones ni connivencias.

México no puede tolerar más la corrupción y el aprovechamiento de las posiciones de poder para el lucro y la depredación política. Tampoco puede consentirse que la lucha contra las lacras que han azotado al país sea torcida como instrumento de lucha partidaria o de revancha personal, ni que los valiosos y legítimos esfuerzos en contra de la impunidad y de los intereses mafiosos realizados en los últimos años sean socavados en aras de erosionar la credibilidad y la imagen pública de individuos, partidos o instituciones. El combate al delito es un imperativo moral, jurídico y democrático en el que no caben mediaciones ni manipulaciones de signo personal, económico o partidario.