Piden a ciudadanos participar en el acopio de víveres

ONG veracruzanas emprenden acciones de apoyo a familiares de presos políticos

ROSA ROJAS

Las 11 organizaciones que integran la Red Unidos por los Derechos Humanos en el norte de Veracruz realizan una campaña humanitaria de apoyo a los presos políticos y sus familias, que comenzó con acciones en favor de cinco indígenas de la Huasteca veracruzana que están encarcelados y de familiares de otros tantos que fueron asesinados.

La red denunció que en estos casos, registrados en el municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, "el gobierno ha violado los derechos humanos mediante la represión de las luchas sociales, resultando detenciones injustas, brutales, torturas y asesinatos; además, han quedado mujeres viudas, niños huérfanos, familias desamparadas y hay poblaciones que viven en constante tensión y hostigamiento".

La campaña humanitaria -iniciada el 28 de febrero y que terminará a finales de abril- llama a organizaciones y personas a participar y organizar el acopio de alimentos que puedan almacenarse dos o tres meses, en escuelas, templos, parques y otros lugares públicos, para ser entregados en dos puntos: el Seminario Menor de Papantla y la parroquia San Cristóbal de Ixhuatlán de Madero, para después ser distribuidos a los presos y sus familias, así como a los familiares de indígenas ultimados.

Los presos son: Lauro Cruz Cruz (2003) e Hilario de la Cruz (2003), del Movimiento Tzocohuite; Albertano García Pérez (2002), del Movimiento Ixhuatlán, y Sergio Cerón Hernández (1995) y Santos Soto Ramírez (1995), de la Organización de Pueblos Etnicos (OPE) Morelos.

Los muertos: Gabino Santiago José (2002), de Ixhuatlán; Bernardino Antonio Nicolás (2000), de Tzocohuite; Atanasio Hernández (1994), Rolando Hernández (1994) y Nicolás Hernández (1995), de la OPE-Morelos.

La red recordó que en Ixhuatlán de Madero el Movimiento Tzocohuite -que se creó a raíz de un accidente de un camión de Autobuses Alamo (AA), en el que hubo varios muertos a cuyas familias se negaba a indemnizar- "ha ido creciendo en defensa de su cooperativa de autotransporte, la cual ha sido reprimida, obstaculizada y despojada de 21 camiones por el gobierno del estado, en complicidad con el cacicazgo de la familia Mejía del Angel, dueños de AA, quienes no permiten que nadie más brinde el servicio de pasajeros".

Respecto de la OPE-Morelos, indicó que ésta "lucha por la tierra y por servicios sociales en las comunidades indígenas marginadas. La respuesta del gobierno han sido asesinatos, torturas y arrestos a los indígenas y campesinos, inventando delitos que no existen".

Por otra parte, el Movimiento de Ixhuatlán "creció en la lucha por un hospital en la comunidad Campo La Mata, sobre todo cuando el presidente municipal lo impuso en su comunidad Llano de en Medio, donde no se tiene acceso en tiempo de lluvias. La marcha campesina de protesta fue reprimida por el Estado en Tihuatlán, resultando un muerto, decenas de lesionados y varios desaparecidos. Todo esto dio lugar a la creación del Frente Indígena de Ixhuatlán de Madero en agosto de 2002".

En su llamado a participar en la campaña humanitaria, la red subrayó que el control del gobierno sobre el "estado de derecho" ha impedido que se paguen los daños causados por la represión a estas organizaciones campesinas. Asimismo, impide demostrar la inocencia de los encarcelados y que éstos sean trasladados a penales cercanos adonde viven sus familiares. "Y así, una vez más, las leyes se encuentran al servicio de los ricos y poderosos, aplicadas sólo al pobre de manera corrupta. Así, el gobierno azota y mata al campesino que se atreve a levantar la cara".

Lo que el gobierno no puede impedir, señaló, "es la solidaridad con las luchas del otro, sin esperar nada a cambio, que es, quizá, el único o mejor medio para conseguir paz y justicia".