Crean en San Lázaro Subcomisión de Examen Previo

PRI y PAN palomearán pedidos de juicio político

El nuevo órgano camaral, dominado por representantes del tricolor y el blanquiazul, analizará si proceden desafueros

FABIOLA MARTINEZ Y ROBERTO GARDUÑO

La mesa directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordaron constituir la Subcomisión de Examen Previo, encargada de recibir y procesar las solicitudes de juicio político, en la cual las bancadas de PRI y PAN tendrán el peso específico al momento de aceptar o desechar los casos.

La integración de la Subcomisión de Examen Previo, a la que dio cauce la Junta de Coordinación Política, es la siguiente: por el PRI la conformarán Francisco Javier Frías, Wintilo Vega y Guillermo Martínez Nolasco; por el PAN, Julián Angulo y Fernando Alvarez Monge; por el PRD, Miguel Angel García, y por el PVEM, Maximino Alejandro Fernández Avila.

Una vez instalado el órgano camaral, cuya aprobación fue suscrita por la presidencia de la mesa directiva, también quedó conformada la Sección Instructora, que daría cauce al dictamen con objeto de instalar al pleno de la Cámara de Diputados en jurado de procedencia, en caso de instruirse el procedimiento de juicio político.

A la fecha la Subcomisión de Examen Previo tiene archivadas 40 solicitudes de juicio político, entre ellas contra el gobernador del Banco de México y el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Roberto Madrazo Pintado. Además se espera que en las próximas semanas se reciba la que involucra al dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Emilio González Martínez. Entre el material rezagado también se hallan tres casos de juicio de desafuero; uno de ellos involucra al diputado del PVEM Fernando Espino Arévalo.

Jesús González Schmal, de Convergencia, sostuvo que la conformación de la Subcomisión de Examen Previo, con la mayoría de integrantes procedentes del PRI y el PAN, ''no abre la posibilidad de dar entrada a una solicitud de juicio político, porque está perfectamente diseñada para bloquear cualquier acusación contra los integrantes de esos partidos".

La denuncia del diputado obedece a lo que llamó "mi exclusión" de la subcomisión, porque PRI y PAN ''metieron a un diputado del PVEM, y en ese sentido está muy grave, porque seguramente va a venir la solicitud de juicio político contra Jorge Emilio González Martínez, y seguramente van a estar dispensándose favores y el PRI va a proteger al verde."

-¿Usted plantea que no habrá posibilidad de seguir un juicio político?

-Estamos ante una grave traición al pueblo de México, porque esta subcomisión no va a servir para nada; está integrada premeditadamente para cerrarle el paso a los juicios políticos. Ahora se inventa que porque se tiene fuero no se puede ser juzgado.

-¿Qué función tendrá entonces?

-Para cubrir las apariencias, para engañar al pueblo. No hay ningún diputado independiente en esa subcomisión, más que el del PRD, que es una minoría muy extrema.

-Ante su interés manifiesto por integrarse, ¿qué procede?

-Es un hecho irreversible, aunque todavía la Junta de Coordinación Política puede revisar una petición que le hice para que revirtiera esta imposición antijurídica. Emilio Chuayffet me ofreció que revisaría mi solicitud desde hace un mes y hasta ahora no hay respuesta. El problema grave es que la subcomisión está esta controlada por los partidos amafiados. Si no hay rectificación, vamos a reclamar en la tribuna de la Cámara este asqueroso complot de los dos partidos mayoritarios. Es necesario que la opinión pública tenga conciencia del daño que se le está haciendo a México con esto.

El juicio político es un procedimiento consagrado en el artículo 110 de la Constitución, y se ejerce cuando un servidor público comete actos u omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales. Entre éstos se hallan ataques a las instituciones democráticas, violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales, obstaculización de la libertad de sufragio y lesiones a los planes, programas y presupuestos de las administraciones públicas federal, estatal o municipal.