Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Universidad Nacional Autónoma de México revelan que el siglo XXI se vislumbra desolador para millones de niños del mundo. El organismo multilateral, en voz de su consultora en México, Yuriria Alvarez Madrid, denunció que 211 millones de infantes de entre cinco y 14 años de edad se encuentran sujetos a alguna clase de actividad laboral y son frecuentemente empleados en trabajos extremadamente peligrosos, sin protección legal o sanitaria alguna, son explotados sexualmente o se ven forzados a sumarse a grupos delictivos o fuerzas militares.

En muchos casos, los niños trabajadores se ven obligados a ingresar al mercado laboral como una forma de paliar la miseria en la que sobreviven ellos y sus familias, situación que comprueba con dolorosa contundencia el fracaso del modelo económico vigente en materia de empleo, desarrollo social y combate a la pobreza. Además, con exasperante frecuencia, los menores son objeto de formas de explotación que van más allá: son vendidos como esclavos sexuales para el perverso goce de adultos ricos provenientes de las naciones desarrolladas, se convierten en carne de cañón de numerosas guerras y conflictos, se suman a organizaciones criminales que los utilizan como ladrones o traficantes de drogas o, simplemente, se condenan a vivir en las calles de las grandes urbes en condiciones infrahumanas. Inclusive, como se ha denunciado insistentemente, muchas de las mayores empresas del mundo capitalista han fincado sus exorbitantes ganancias sobre la infamia del trabajo infantil, particularmente en naciones en desarrollo. Todos estos abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos contra millones de niños se cobran cada año la vida de miles de pequeños. Sólo en accidentes laborales fallecen anualmente 22 mil menores de edad.

Frente a este desolador panorama -que, ha de señalarse, implica torcer el futuro de las nuevas generaciones en numerosos países y es el embrión de conflictos sociales y padecimientos a escala global- los gobiernos del mundo parecen estar cruzados de brazos. Declaraciones, promesas e inclusive programas oficiales en defensa de la niñez se evidencian, ante estas trágicas cifras, absolutamente ineficaces y vacíos. Aunque esfuerzos notables para erradicar (o al menos reducir) la explotación infantil, como los que desarrollan el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o la OIT, resultan meritorios y marcan las rutas a seguir en la defensa de la infancia del orbe, es evidente que sin un compromiso decidido de los gobiernos del mundo, en especial los de las naciones desarrolladas, poco será lo que se avanzará en este tema y continuará el sufrimiento de millones de niños y niñas en el planeta.

De igual modo, sólo revirtiendo el actual modelo económico depredador e instalando un sistema económico socialmente justo e incluyente, podrán cortarse de raíz algunas de las causas centrales de la explotación infantil: la miseria, la desesperanza y la falta de oportunidades que ponen a niños y padres de familia en manos de crueles explotadores. Sancionar severamente a quienes lucran con el trabajo de los menores es también un imperativo que no admite dilación ni displicencia.

Un mundo con una niñez en crisis carece de futuro y tiene un infierno como presente. ¿Es que las naciones del siglo XXI, que presumen de su compromiso democrático y de su defensa de los derechos humanos, seguirán tolerando la oprobiosa tiranía y la barbarie que pesan sobre el segmento más débil de su población?