Indignación por negocios turbios del presidente del PVEM

Señora directora: Los habitantes de zonas rurales, como Milpa Alta, nos sentimos profundamente indignados al descubrirse negocios sucios que senadores como Jorge Emilio González Martínez o Diego Fernández de Cevallos pretenden realizar, amparados en su condición de legisladores, en perjuicio de ejidatarios o la comunidad de pescadores, como el caso del municipio Benito Juárez, Quintana Roo, en donde se hacen planes para realizar jugosos negocios con la construcción de campos de golf y hoteles.

Una vez más se pone en evidencia que en el Partido "Verde Ecologista", negocio familiar de quienes pregonan la protección de la flora y fauna de nuestros litorales como bandera política, no son más que unos sinvergüenzas carentes de toda ética que deben ser exhibidos y enjuiciados.

Pueblos Unidos de Milpa Alta. Manuel Garcés Jiménez, Guillermo Zaldívar, Jaime Caldiño, Julián Flores y Mayra Romero

Señora directora: En relación con el correo en el cual se pide justicia para el estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), comento lo siguiente: solicito a las autoridades judiciales del Distrito Federal que se realice una verdadera investigación acerca de los delitos que ocurren en la ciudad de México, con la finalidad de no cometer atropellos a jóvenes y al público en general.

Asimismo, solicito que por este medio nos mantegan informados acerca del desarrollo de este caso.

Mercedes Cortés, lectora de La Jornada

Señora directora: Por instrucciones del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, contesto la carta del señor Carlos Sánchez Alcántara, quien denuncia una posible detención arbitraria del estudiante del Instituto Politécnico Nacional, Carlos Bonilla Cisneros.

El procurador ha pedido a la Visitaduría de la Institución, que investigue si en la averiguación previa hubo algún exceso o abuso por parte de quienes la integraron, para proceder a corregir o sancionar de ser procedente.

El asunto está ahora en manos del Poder Judicial, y ante los jueces se deberá presentar la defensa del estudiante Bonilla Cisneros, para que, de tener razón, desvirtuar la acusación en su contra.

Lic. Héctor Ramos Aguilar, director de comunicación social de la PGJDF

Señora directora: Los defensores de Derechos Humanos del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) le damos la bienvenida al proyecto alternativo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano Un México para todos, cuyo fin supremo es la querencia de la patria con bienestar social.

Promotores y Defensores de Derechos Humanos del STUNAM: Francisco Castro Meléndez, Adrián Pedrozo Castillo, Alicia Andrade Rodríguez, Mariano Flores Nieto, Felipe López López, Ana María Solares Basaldúa, Carmen Sosa García, y varias firmas más.

Señora directora: Esta es una más de las maravillas que nos prodigará este recién festejadísimo trienio del cambio y la alternancia: he estado recibiendo, con una insistencia que raya en lo policiaco, llamadas de los aplicadísimos empleados del nuevo BBVA, ex Bancomer. Las reglas en el pago de los préstamos hipotecarios han cambiado, ya que según la impertinente cobradora telefónica, el número de mi préstamo ya es otro y me recetó un chorizo de 20 números a las nueve de la noche en una línea supuestamente privada y desde Pachuca, Hidalgo, que me imagino es la nueva sede o guarida de estos señores feudales.

Recientemente leí que los mexicanos venderían por un módico precio de más de 40 millones de dólares su exigua participación dejando en manos de los españoles la totalidad de las acciones, este tipo de situaciones se comentan en el ámbito financiero y en términos técnicos como muy favorables.

Yo, como simple ciudadano que no lee ni entiende las secciones bursátiles de los periódicos, ni los noticiarios, nunca pensé que tan pronto me afectaría el cambio de dueños. Una big brother al teléfono se introduce en mi intimidad, y sin previo aviso por escrito, me amenaza con que debo presentarme al banco desde ya, con mi nuevo número de préstamo (muy importante), para pagar si es posible con anticipación, la mensualidad correspondiente o de lo contrario me penalizarán con la módica suma de 165 pesos más el IVA. El departamento es de interés social y aunque ya llevo pagando cerca de 15 años a esta eficiente señorita le parece poco cobrar 25 por ciento de intereses por mora.

Me horroriza pensar lo que sucederá con toda la gente que está siendo encausada vía créditos de todo tipo, al recibir estos acaudalados señores el penúltimo de los bancos que quedaba en manos del capitalismo criollo. Tengo entendido que la operación de compraventa fue al igual que Banamex, exenta de IVA, y que además estos bancos fueron rescatados de la quiebra mediante el Fobaproa, después IPAB, con cargo a lo que quede de nuestro patrimonio y el de nuestros hijos, pero este es el reino de la globalización y del neoliberalismo, y no habrá gobierno, ni mucho menos una Comisión Bancaria y de Valores que los detenga.
¿O sí?

José Antonio Rocha Caballero

Señora directora: Las organizaciones de Adultos Mayores no estamos de acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores aprobada por el Congreso de la Unión en junio de 2002, porque no se nos toma en cuenta el derecho a nombrar democráticamente a representantes como consejeros adultos mayores en el Consejo Directivo y en el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam). (Artículos 31 y 38).

Las organizaciones de la sociedad civil de adultos mayores, manifestamos que las políticas asistenciales y paternalistas ya no funcionan en vista del enorme y complicado problema social que se genera con el envejecimiento de la población, que se está dando aceleradamente en México. Hay necesidad de que los adultos mayores organizados participen junto con su gobierno para poder enfrentar con éxito esta problemática. De no hacerlo, México y los mexicanos sufriremos una crisis poblacional con muy serias repercusiones sociales, políticas y económicas.

-La experiencia acumulada por las organizaciones civiles las convierten en punto de partida indispensable para las políticas públicas.

-El Estado debe reconocer el derecho de las organizaciones de adultos mayores a representar a estas personas en los ámbitos federal, estatal y municipal.

-El Estado debe reconocer también el papel consultivo de las organizaciones de adultos mayores en lo que se refiere a la adopción de decisiones sobre cuestiones relativas al envejecimiento.

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, aprobada por unanimidad por el Congreso en 2002, ignora y discrimina a los adultos mayores organizados, que son los que saben, pueden y quieren enfrentar el problema junto con el gobierno que ellos eligieron para representarlos. Esta ley estorba en lugar de ayudar. Urge reformarla para que el pueblo organizado y gobierno trabajen juntos... "antes que el destino nos alcance".

Las pensiones, "bomba de tiempo". (Convención Nacional Hacendaria, 6 de febrero).

Señores diputados: ¿Qué estamos esperando?

Jorge Rojas Velázquez, presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos de la Revolución Blanca, AC
 
 

El Correo Ilustrado