Apegadas al marco legal, las acciones en materia de seguridad, afirma López Obrador

Refuta el GDF al ombudsman

De presuntos delincuentes ligados al narcomenudeo, las 54 quejas presentadas por supuestos excesos del grupo Tigre de la SSP: Bátiz y Ebrard Jefe policiaco informará hoy sobre los casos

ANGEL BOLAÑOS Y AGUSTIN SALGADO

El jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, discrepó de los señalamientos que este miércoles hizo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, sobre abusos y detenciones arbitrarias en los operativos que realiza el grupo Tigre de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

A su vez, el jefe de la policía capitalina, Marcelo Ebrard, y el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Bernardo Bátiz, coincidieron en que las denuncias referidas provienen de presuntos delincuentes relacionados con el narcomenudeo.

López Obrador aseguró que se trata de un "truco" que utilizan los delincuentes en contra de los policías que están desarticulando a las mafias; es como "el modus operandi de las bandas", que reaccionan presentando denuncias por presuntos malos tratos o violación de sus garantías individuales.

Refirió que las quejas que se han presentado en contra del subsecretario de Seguridad Pública, Gabriel Regino García, quien encabeza a dicho grupo policiaco y más denuncias tiene en su contra, están escritas con el mismo patrón y características.

Aclaró: "no estoy diciendo con esto que no pueda haber abusos de la policía, lo que estoy dando a conocer es que se dan también estas situaciones. Pero de todas formas investigamos y se castiga a quien abusa de su autoridad".

Aseguró que una política de su gobierno es cumplir todas las recomendaciones del ombudsman capitalino, pero advirtió que no aceptará que se haga un cuestionamiento en lo general: "nosotros defendemos los derechos humanos por convicción, por principios, no vamos a violentarlos", dijo, y destacó que en las acciones en contra de la delincuencia se están atendiendo las causas que la ocasionan, como el desempleo y la pobreza.

"No es solamente mano firme en el combate a la delincuencia, con medidas coercitivas, (sino que) está el programa de desarrollo social, (son) las dos cosas, pero no se puede estar pensando que los que están cometiendo delitos en la ciudad van a permanecer impunes y que no se les puede poner ni un candado de mano, o como sucedió hace año y medio, que la Asamblea Legislativa hizo una reforma al Código Penal, reduce las penas y por esa reforma en tres meses liberamos a 3 mil presos; luego tuvimos que mandar una iniciativa para actuar con más severidad en el castigo de la delincuencia".

Al respecto, Marcelo Ebrard dijo que "continuará el respaldo a los elementos que actúen conforme a la ley" y, respecto de la investigación acumulada que realiza la CDHDF sobre casos en los que está involucrado el grupo Tigre, indicó: "el año pasado realizamos 233 operativos, de los cuales 54 casos son los que presentaron queja, pero casualmente todos tienen que ver con narcomenudeo. Cada vez que se procede contra el narco es la policía la que actúa con brutalidad, la que viola los domicilios".

Ebrard Casaubón adelantó que hoy dará a conocer un informe detallado de cada uno de los casos referidos. Por último estableció: "si se demuestra que hubo abuso de autoridad, vamos a actuar. No estoy diciendo que no sean revisadas las acciones de la policía, sino que en este caso llama mucho la atención que sean sólo denuncias de narcomenudeo".

Para el procurador Bernardo Bátiz las quejas ante la CDHDF se han convertido "en una especie de mecanismo" que los detenidos utilizan como "recurso extremo", y aseguró que en la PGJDF ya no se practica la tortura.

"Pudo haber habido algún exceso en alguna detención, pero estas situaciones son esporádicas y no se toleran dentro de la PGJDF. Tenemos muchas quejas en nuestra contra por detenciones arbitrarias, por tortura, pero no han procedido. Las observaciones y recomendaciones del ombudsman son mínimas, comparadas con la gran cantidad de gente que se queja", aseveró.

Respecto a lo declarado por Alvarez Icaza, en torno a que existe reticencia de las autoridades policiacas para aceptar casos de tortura y detenciones arbitrarias, el procurador argumentó: "la hay porque no existe".

Abundó: "cuando las personas ya son avezadas en estas lides y han caído una o dos veces en alguna agencia del Ministerio Público, sus familiares van a Derechos Humanos y presentan la queja, pero yo diría que 99 por ciento de ellas no procede".

Los tres funcionarios precisaron que respetan la opinión del presidente de la CDHDF, y aseveraron que el trabajo en materia de seguridad pública se realiza estrictamente en el marco de la legalidad.