El munícipe defenestrado acusa a Mariano Herrán de iniciar una persecución política

Detienen a otros tres ex funcionarios del ayuntamiento de Tapachula

El delegado del municipio afirma que el Congreso local desoyó una resolución de la SCJN

RODOLFO VILLALBA, ANGELES MARISCAL Y JUAN BALBOA CORRESPONSALES

Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Chiapas detuvieron este jueves a otros tres ex funcionarios del desaparecido ayuntamiento de Tapachula -con lo que sumaron seis los aprehendidos-, a quienes se trasladó a Tuxtla Gutiérrez para que se les juzgue como presuntos responsables de peculado en perjuicio del erario municipal, que ascendería a unos 36 millones de pesos.

En tanto, la PGJE solicitó a la Interpol su colaboración para localizar al ex alcalde de Tapachula, Manuel Pano Becerra, quien en entrevista telefónica con La Jornada negó la versión de que haya salido del país y esté en Guatemala, y aseguró que se encontraba en la región chiapaneca del Soconusco, porque no tiene deudas pendientes con la justicia. Añadió que las imputaciones en su contra sobre malversación de fondos y mal uso del servicio público "son puros inventos" de la PGJE.

Afirmó que el Congreso local incurrió en desacato ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al desaparecer los poderes del ayuntamiento de Tapachula, y acusó al procurador Mariano Herrán Salvatti de iniciar "una cacería de ex funcionarios" municipales sin tener sustento jurídico alguno, "sólo la venganza política".

Desacato del Congreso

Por su parte, el delegado del ayuntamiento constitucional de Tapachula ante la Corte, Luis Enrique García García, informó que el martes interpuso un recurso de queja ante el máximo tribunal del país por el desacato en que habría incurrido la legislatura estatal al incumplir la resolución 10/2004 de la SCJN -emitida el pasado 12 de febrero-, en la cual ordenó al Congreso de Chiapas abstenerse de llevar a cabo cualquier acto por el cual se disolviera el ayuntamiento de Tapachula.

En el documento presentado por García García, en poder de La Jornada, se aseguró que las licencias concedidas a los integrantes del gobierno municipal, mediante las cuales se destituyó a Pano Becerra, fueron obtenidas mediante la "represión policial y política por parte de los poderes del estado", además de que la Comisión Permanente del Congreso local no tiene facultades para designar un concejo municipal, pues esta facultad se reserva al pleno de la legislatura.

Los ex funcionarios detenidos ayer son Sergio David Juárez Sánchez, quien se encargó de la Dirección de Servicios Públicos de Tapachula; la titular del área de Administración, Rosa Cortés Rueda, y Florinda Toledo Tinajero, directora de Adquisiciones y Compras. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos (FEADCSP) consideró que habría elementos suficientes para fincarles responsabilidad por desfalcos cometidos contra el ayuntamiento.

Mientras, un centenar de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública chiapaneca acordonaron las instalaciones del palacio municipal, donde buscaron a un funcionario de quien no se precisó su nombre, y tampoco fue localizado.

Además, continuaron los cateos de domicilios particulares, entre ellos el del ex regidor Ismael Gómez Coronel, quien confirmó que cinco personas rompieron las chapas de su casa y se llevaron dos cámaras fotográficas.

Simultáneamente, auditores, elementos de la FEADCSP y agentes del Ministerio Público catearon las oficinas del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal, sin que al momento se precisaran los resultados de sus pesquisas.

De su lado, fuentes extraoficiales del Congreso de Chiapas informaron que el ex alcalde Manuel Pano logró solventar 90 por ciento de las 176 observaciones que le hizo el Organo Superior de Fiscalización, de las cuales se desprendían movimientos anómalos por casi 36 millones de pesos, pero el resto quedó pendiente al decretarse la desaparición de poderes en Tapachula y nombrarse un concejo municipal el martes pasado.