Nuevamente, el gobierno presidido por Vicente Fox ha dado muestra de un censurable alineamiento con las grandes corporaciones trasnacionales y ha reconocido que estudia la posibilidad de concesionar a la petrolera Chevron-Texaco una porción de territorio nacional ubicada en el archipiélago de las islas Coronado, frente a las costas de Baja California y muy cerca de Tijuana. Que tal región se encuentre en el mar territorial adyacente a la península bajacaliforniana y no en tierra firme no constituye atenuante para tal pretensión, pues el artículo 27 constitucional señala claramente que "son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional". Además, la fracción V del artículo 42 de la Carta Magna indica que el territorio nacional comprende "la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes".

En este contexto, resulta evidente que la eventual concesión de la aludida región de las islas Coronado para que Chevron-Texaco construya una planta regasificadora implica una objetable entrega del territorio nacional a una corporación extranjera para que realice, por añadidura, actividades de aprovechamiento de hidrocarburos reservadas por ley a Petróleos Mexicanos. El sigilo con el que se han manejado estas negociaciones también resulta reprochable, pues cabría esperar de un gobierno que se dice comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, una explicación amplia y de cara a la ciudadanía, a fin de que la sociedad pueda sopesar la pertinencia o la improcedencia de tal concesión, máxime cuándo ésta se encuentra relacionada con cuestiones tan sensibles como la soberanía, el dominio sobre el territorio nacional, la protección del medio ambiente y el aprovechamiento de recursos energéticos.

Por otro lado, no debe soslayarse que la pretensión de la multinacional petrolera de construir infraestructura energética en territorio mexicano implica un severo riesgo para el medio ambiente y para la salud de los habitantes de las zonas cercanas a las islas Coronado. Justamente, ese peligro potencial para los ecosistemas y para la población ha suscitado que Chevron-Texaco haya elegido a México como su base de operaciones para proveer gas natural a California, entidad estadunidense donde presumiblemente no se permitiría a esa empresa instalar una planta similar. ¿Es que se consentirá que México se convierta en el foco de los residuos y de los procesos industriales nocivos que no son aceptados en Estados Unidos?

Así las cosas, cabría preguntarse cuáles serían los beneficios que el país, en general, y Baja California, en particular, recibirían en caso de autorizarse tal concesión. Según denuncias de diversos activistas y actores sociales, entregar una porción de territorio nacional a Chevron-Texaco equivaldría a autorizar la devastación ecológica de las islas Coronado, el aprovechamiento abusivo de las leyes ambientales mexicanas, más laxas que las vigentes en Estados Unidos, y la transformación del país en una suerte de maquiladora energética para abastecer el mercado del vecino país del norte. Sólo un gobierno alineado con los intereses del capital trasnacional y apartado de sus obligaciones históricas, constitucionales y ciudadanas podría permitir que México se convierta en tierra de abusos para las compañías energéticas extranjeras, las cuáles sólo miran por sus utilidades y han mostrado, en reiteradas ocasiones, un profundo desdén por el medio ambiente, el desarrollo social y la legalidad de los países en los que operan.

Por ello, cabe exigir que el gobierno federal niegue a Chevron-Texaco el aprovechamiento de una parte del archipiélago de las islas Coronado y revise, de forma expedita y con estricto apego a derecho y al interés general de la nación, otras autorizaciones similares, como las concedidas a Shell, Sempra y Marathon. De lo contrario, a ojos de la ciudadanía, las actuales autoridades del país serían responsables de un intolerable agravio a la nación y se sumarían a la lista de gobernantes que han entregado al extranjero el patrimonio de México.