México D.F. Sábado 21 de febrero de 2004
Algunas autoridades, responsables por complicidad u omisión, aseguran activistas
ONG piden castigo a funcionarios locales por muerte de mujeres en Ciudad Juárez
RUBEN VILLALPANDO CORRESPONSAL
Ciudad Juarez, Chih., 20 de febrero. Noventa y seis organizaciones no gubernamentales, entre ellas 11 internacionales, demandaron a la autoridad federal que investigue y consigne a los funcionarios del gobierno actual, que encabeza Patricio Martínez García, así como de la administración de Francisco Barrio Terrazas, que estén involucrados en homicidios de mujeres, ya sea por complicidad, obstrucción de la impartición de la justicia u omisiones en las investigaciones.
La exigencia se hizo mediante un documento respaldado por las firmas de cientos de ciudadanos, ocho actrices nacionales e internacionales y dos expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El texto, enviado al presidente Vicente Fox; al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha; al gobernador Patricio Martínez García, y al edil de Ciudad Juárez, Jesús Alfredo Delgado Muñoz, exige justicia para las víctimas y certeza en las investigaciones que han realizado autoridades por los 91 homicidios que reconoce la Fiscalía Mixta que Investiga Homicidios de Mujeres.
En el documento se demanda "que se consigne a los funcionarios públicos, sean procuradores o ex procuradores, así como agentes del Ministerio Público y agentes policiacos, que están identificados como responsables de las detenciones ilegales, torturas y homicidios de presos inocentes".
Explica que uno de los casos más contundentes de falta de justicia es el relacionado con los integrantes de la banda de Los Rebeldes, capturados en 1997 y que hasta la fecha, de los 10 detenidos, permanecen en prisión seis que no han sido sentenciados.
Asimismo, se exige restructurar la Procuraduría General de Justicia Estatal y combatir frontalmente la corrupción en la dependencia, así como restructurar la Fiscalía Especial que Investiga Crímenes de Mujeres.
Piden crear una oficina con agentes policiacos capacitados en la búsqueda de niñas y mujeres reportadas como desaparecidas. Se demanda identificar todos los cuerpos con estudios de ADN y de especialistas en antropología de países como Argentina y Guatemala.
También quieren que se reformen las leyes para tipificar con claridad los crímenes de odio, y llevar a cabo un convenio con los gobiernos de Canadá y Estados Unidos para esclarecer los ataques contra mujeres en Ciudad Juárez.
El documento está firmado por las actrices Jane Fonda, Sally Field, Laura Flores, Lilia Aragón, Marintia Escobedo, Ana Colchero, Ana Ofelia Murguía y la escritora Eve Ensler. Asimismo, por el general José Francisco Gallardo y los expertos del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en México, Isidro Cisneros y Jorge Villalobos.
El documento fue entregado hoy a la comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, María Guadalupe Morfín Otero.
Gustavo de la Rosa Hickerson, activista presente en la conferencia de prensa en la que también estuvo la comisionada Morfín Otero, dijo que los jueces pueden ser acusados de cómplices, ya que no han dictado sentencia a pesar del tiempo transcurrido, lo que es violatorio de cualquier ley, además de que dio a conocer que existen certificados de que los detenidos fueron torturados an- tes de llegar al penal de Juárez.
Morfín Otero dijo que hará llegar el documento a las autoridades mexicanas, y explicó que algunos de los ocho puntos coinciden con las recomendaciones de organizaciones como Amnistía Internacional y deben ser de aplicación inmediata.
Dijo que las personas que fueron arrestadas sin pruebas, solamente por su propia confesión que pudo haber sido sacada bajo presión o tortura, deben ser puestos en libertad.
La misma comisionada dijo que es posible que elementos de la policía municipal y otras corporaciones estén involucrados en los homicidios de mujeres, y que es una de las hipótesis que está investigando la fiscal especial que nombró la Procuraduría Generla de la República, María López Urbina.
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