Citará el Senado a comparecer a Creel, Cárdenas Jiménez y Pedro Cerisola

Confirma el gobierno la pretensión de concesionar territorio a Chevron-Texaco

Advierte Greenpeace que se quiere convertir a México en maquilador de electricidad y gas para Estados Unidos

ISRAEL RODRIGUEZ

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) confirmaron por separado que el gobierno pretende otorgar una concesión por 30 años de una parte del territorio nacional a la petrolera transnacional Chevron-Texaco para construir una terminal de almacenaje, recepción y distribución de gas natural.

El organismo rector del mercado energético en México precisó que la planta de referencia se ubicaría aproximadamente a 13 kilómetros de la costa de Tijuana y a un kilómetro de las islas Coronado.

En tanto, la SCT reveló que la única empresa que se manifestó interesada en la licitación publicada el pasado 29 de diciembre fue Chevron-Texaco, a la cual entregó pliego de requisitos y adquirió las bases previo pago en la Tesorería de la Federación. Según las bases del concurso, Chevron debió pagar 40 mil pesos y comprobar que tiene capital patrimonial no inferior a 100 millones de pesos.

Detalló que la Dirección de Puertos de la SCT es la responsable de otorgar el permiso para la construcción de la planta regasificadora, por lo que solicitaron a Chevron estudios técnicos como el de oleaje y sismicidad, así como el proyecto civil de la obra, para su evaluación.

Información confirmada por la CRE señala que Chevron-Texaco inició la solicitud de permiso para construir una planta regasificadora en las aguas territoriales de México desde el 7 de octubre de 2002. Posteriormente, el 10 de diciembre de 2002, entregó información adicional y se dio admisión al trámite el 21 de enero de 2003, con lo que el proyecto se encuentra en la etapa de evaluación para otorgar el fallo en el transcurso de este año.

La CRE especifica que una vez que concluya la evaluación del proyecto, resolverá sobre la solicitud presentada por la empresa. Añade que dado que el proyecto requiere de diversas autorizaciones para llevarse a cabo, se han realizado reuniones de coordinación con otras dependencias y organismos involucrados, como la SCT, Gobernación, Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Marina y la Comisión Nacional de Areas Protegidas.

A este respecto, Luis Arturo Moreno Vega, coordinador de la campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace, opinó que la intención del gobierno del presidente Vicente Fox de concesionar un área del archipiélago de las islas Coronado para la construcción de una planta operadora de gas por Chevron-Texaco, tiene el propósito de convertir a México "en una región de maquila eléctrica y gasífera para abastecer al mercado estadunidense".

Por su parte, el senador Oscar Cantón Zetina, integrante de la Comisión de Energía y Medio Ambiente, al referirse a la información publicada ayer en La Jornada, informó que en el próximo periodo de sesiones del Senado llamará a cuentas a los titulares de Gobernación, Semarnat y Comunicaciones y Transportes, Santiago Creel Miranda, Alberto Cárdenas Jiménez y Pedro Cerisola, respectivamente para que expliquen cómo se están tramitando dichos permisos sin conocimiento previo del Congreso.

A su vez, Moreno Vega, representante de la organización ambientalista internacional, advirtió del daño ecológico y social que ocasionará la construcción de una plataforma en el área de las islas Coronado. "Se están aprovechando de nuestra jurisdicción, de todas nuestras leyes e instituciones más laxas".

Señaló que el proyecto para la construcción de la planta de Chevron-Texaco y las previamente autorizadas a Shell, Sempra y Marathon tienen el propósito de abastecer al estado de California de gas y electricidad con nulos beneficios sociales para la población de Ensenada, Tijuana y Rosarito, en Baja California.

"El gas natural no es el combustible más seguro, limpio, ni el más barato, por lo que los factores de riesgo no han sido ampliamente analizados con los estándares ambientales internacionales".

Informó que la última semana de febrero se reunirán en Tijuana diversas organizaciones ecológicas mexicanas y estadunidenses para analizar los impactos ambientales y las repercusiones sociales de las plantas gasificadoras en Baja California. Entre éstas figuran Bajamar, representada por Roberto Valdés; Playas de Tijuana, encabezada por Gabriela Guinea, así como Terra Peninsular, Island Conservation, Fundación La Puerta, Pacific Environment, Wild Coast, Amazon Watch, Greenpeace Clean Energy Now Campaign de San Francisco, California, y el Comité Estatal Ciudadano.

La zona que rodea a las cuatro islas Coronado se localiza a 11 kilómetros al oeste de San Antonio del Mar, y son resguardadas por el gobierno mexicano por medio de un destacamento de la Armada de México, por lo que es necesario obtener permisos con bastante anticipación para visitarlas.

La más grande de ellas, Coronado Sur, mide tres kilómetros de largo, y su altitud es de 200 metros. La segunda mide un kilómetro de largo por 142 metros de altura.

Como resultado de la prohibición de acceso a ellas, y de la zona colindante, se han convertido en una extensa reserva de pelícanos café; asimismo, existen otras 160 especies de aves en la zona.

Presentará fracción del PRI iniciativa contra los CSM

ANDREA BECERRIL

El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Manuel Bartlett advirtió que debe frenarse la pretensión del gobierno federal de concesionar las islas Coronado a la trasnacional Chevron-Texaco, "una más de las acciones desnacionalizadoras" del presidente Fox para agradar a Estados Unidos.

"Ni Santa Anna llegó a los límites entreguistas de Fox. Esto es ya verdaderamente inaudito, pero vamos a seguir luchando contra todas esas violaciones a la Constitución", aseveró en entrevista, en la que adelantó que la fracción del PRI en el Senado presentará en breve un recurso legal contra los contratos de servicios múltiples (CSM), instrumento ilegal mediante el cual "se comenzó a concesionar los yacimientos de gas natural a corporaciones extranjeras".

Entrevistado sobre la información revelada por La Jornada sobre la sigilosa entrega de 950 kilómetros cuadrados de un archipiélago ubicado en Baja California -que incluye parte de las islas Coronado- a Chevron-Texaco, Bartlett dijo que Estados Unidos ha presionado para ello, por eso el gobierno foxista no vacila en pasar por encima de la Constitución y las reglamentaciones en materia ambiental, a fin de "dar gusto" a la administración Bush.

El presidente y su gabinete actúan "como simples empleados de los intereses trasnacionales", dijo, y afirmó que se debe "luchar contra esas violaciones al orden legal". Un primer paso, refirió, fue la denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de Fox, su secretario de Energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los permisos ilegales a empresas productoras de energía eléctrica.

"Vamos a llegar hasta donde sea para detener a Fox en ese propósito de vender el país y sus recursos naturales. El paso siguiente es un recurso legal en contra de los contratos de servicios múltiples", señaló.

Bartlett detalló que aunque desde hace por lo menos dos años el Senado insistió en la inconstitucionalidad de tales contratos y exigió una copia de los mismos para estudiarlos, fue hasta después de la comparecencia del secretario de Energía, Felipe Calderón, que finalmente recibieron una copia de uno de los CSM ya firmados.

Habló del "afán de engañar y ocultar lo que ya sabemos: que esos contratos son el inicio para dar a extranjeros la explotación de gas natural y petróleo", aseveró. Aclaró que el recurso que preparan no será una controversia constitucional.

"Tenemos que buscar otra vía. Primero tuvimos que hacer un estudio a fondo de los CSM, porque tenemos que demostrar no sólo las fallas jurídicas, sino las trampas y simulaciones utilizadas para pasar por encima de la Constitución", señaló.

No hay una fecha precisa para presentar el recurso, pero "queremos que sea lo más pronto posible" y que se llegue hasta el fondo, para fijar responsabilidades a los funcionarios involucrados en esa "venta de los recursos energéticos del país", dijo