Miguel Concha

Democracia y derechos sociales

En la presentacion de su informe de actividades 2003, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reiteró ante el Ejecutivo federal, el pasado martes, lo que por primera vez había afirmado con el mismo motivo una semana antes frente a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión: el sensible incremento de las violaciones a las garantías sociales, lo cual pone en riesgo el desarrollo de la democracia y la consolidación de un estado de derecho solidario.

Ilustró su planteamiento refiriéndose a las violaciones al derecho a la salud, consistentes, principalmente, en discriminación o exclusión en el acceso a los servicios; negación o postergación de atención; falta de insumos y equipo y disminución de la calidad de los servicios. Estas ya habían sido objeto de 470 quejas en el año 2000, 12 por ciento de las quejas recibidas. Este año el número aumentó a 589, correspondiendo 440 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 127 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dos de las 10 autoridades presuntamente responsables de violaciones a los derechos humanos más frecuentemente señaladas -la primera en cuarto lugar y la segunda en séptimo, de un total de 56-, lo cual equivale a 16.75 por ciento de las quejas recibidas.

En el año 2000, además, el número de recomendaciones a instituciones del sector salud fue únicamente de tres, alcanzando este año la notable cifra de 14, correspondiendo 10 únicamente al IMSS -este año ocupa el número uno entre las autoridades objeto de recomendaciones- y cuatro al ISSSTE, que también ocupa el nada honroso tercer lugar. Dada la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, el respeto, protección y realización del derecho a la salud por parte del Estado son, en efecto, estratégicos para el desarrollo humano y desarrollo social, y por tanto para la democracia y el estado de derecho, pues su cumplimiento supone y/o se relaciona con el cumplimiento de otros derechos sociales fundamentales: alimentación, acceso al trabajo y a condiciones adecuadas de trabajo, por ejemplo higiene y seguridad laborales, derecho a un ambiente sano, etcétera. De acuerdo con el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, que el pasado 8 de diciembre la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entregó al jefe del Ejecutivo y que tiene que ser necesariamente objeto de un programa integral a escala nacional en la materia, a mediano y largo plazos, por parte de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, existen hoy en México importantes obstáculos estructurales que propician las violaciones al derecho a la salud: la insuficiencia de recursos presupuestales del sector salud, ciertamente, cuyo nivel como porcentaje del producto interno bruto -aún incluyendo el gasto privado- ubica a México por debajo de gran cantidad de países latinoamericanos, pero también la falta de integración operativa y de infraestructura de los servicios de las distintas instituciones públicas, que genera duplicidades y alta ineficiencia en el uso de los recursos, así como discriminación en la atención, sobre todo de la población no derechohabiente.

"Como es el caso de otros servicios públicos -dice con toda claridad el diagnóstico-, en los pasados 20 años también ha ocurrido un desmantelamiento de la infraestructura y capacidad pública en servicios de salud, que se deriva del retiro del Estado de diversas responsabilidades. Lo anterior conlleva, además, al envejecimiento y obsolescencia de infraestructura y equipamientos, así como una reducción del nivel de los servicios.

"Esta situación se evidencia en la reducción y casi desaparición del nivel de inversión del sector. Otro indicador de esta situación -añade- es el gasto en salud por habitante, que en 2002 registró un descenso en términos reales para la población asegurada de 16 por ciento respecto a 2001". Por ello el diagnóstico propone, entre otras cosas, no simplemente que escuchen las reclamaciones de los ciudadanos los secretarios del ramo, sino que se incremente sustancialmente el presupuesto público en salud, con un porcentaje del gasto público a mediano plazo semejante al de países como Chile y Francia, lo cual significa duplicar la asignación actual. Aún cuando ello nos ubicaría todavía en un nivel muy por debajo del alcanzado por otras naciones latinoamericanas, como Uruguay y Colombia, ello nos permitiría dedicar parte de ese presupuesto a la integración del sistema de salud pública en el país.