En un solo mes, el panista Ayala Torres incurrió en gastos indebidos por ese monto

Irregularidades por $14 millones en la cuenta pública del municipio de León

"El mejor alcalde de Guanajuato", según lo calificó Fox, deberá regresar lo no justificado

MARTIN DIEGO RODRIGUEZ CORRESPONSAL

Leon, Gto., 19 de febrero. La cuenta pública del municipio de León presenta irregularidades financieras por 14 millones 320 mil pesos, de los cuales 3 millones 160 mil pesos son gastos injustificados. Estas anomalías corresponden únicamente a octubre pasado, cuando todavía estaba en funciones el alcalde panista Luis Ernesto Ayala Torres, ahora secretario de Desarrollo Económico del gobierno estatal.

Entre otras retribuciones "ilegales", el "mejor alcalde de Guanajuato", según lo definió ese mismo mes el presidente Vicente Fox, autorizó pagos por vacaciones no disfrutadas, liquidaciones por término de mandato -entre ellas la suya-, apoyos especiales para la compra de medicamentos y pagos a personal que trabaja por honorarios, sin que se conozcan los "contratos".

El edil -allegado al gobernador Juan Carlos Romero Hicks- aprobó un "pago por retiro de funciones de presidente municipal, síndicos y regidores" por un millón 621 mil 142 pesos, que debe reintegrarse al erario, ya que no están previsto en el artículo 31 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y Municipios.

Durante la revisión de la cuenta pública, el órgano de fiscalización superior de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local encontró que durante el mandato de Ayala Torres se pagaron al director de Comunicación Social, Héctor González Aguirre; al secretario del ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, y al tesorero Gilberto Enríquez Sánchez un total de 70 mil pesos por concepto de vacaciones no disfrutadas, mismos que también se deben reponer al fisco, pues, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios, "las vacaciones no podrán sustituirse con una remuneración".

Otros 10 funcionarios municipales recibieron pagos por casi 245 mil pesos por concepto de "liquidaciones laborales por término de encargo", pero el órgano de fiscalización reclama que ese dinero sea reintegrado a las arcas municipales, ya que "no procede dicho pago" debido a la función que desempeñaba el personal.

Al fin del trienio de Ayala Torres otros 32 servidores públicos recibieron liquidaciones por término de mandato, inscritas en la cuenta pública como "compensaciones", que irían de 163 mil a 20 mil pesos para cada uno. En su momento, el panista argumentó que la indemnización estaba acorde con la Ley Federal del Trabajo.

Por ese concepto, funcionarios como Alvar Cabeza de Vaca Apendini, subsecretario de Seguridad Pública; Gilberto Enríquez Sánchez, tesorero municipal; Felipe de Jesús López Gómez, secretario del ayuntamiento; Jorge Minoru Marumoto Funakoshi, director de Obras Públicas, y Juan Martín Rodríguez Olvera, entre otros, recibieron finiquitos de 163 mil 494 pesos, no obstante que fueron ratificados en el actual ayuntamiento.

También se desprenden apoyos especiales por 628 mil 713 pesos, sin acuerdo del ayuntamiento, para la compra de medicamentos por 140 mil 635 pesos, de lo cual se requiere comprobante o factura; pagos a personal que trabaja por honorarios sin que se conozcan los "contratos relacionados en control interno", y otros que, en suma, representan 10 millones 900 mil pesos no comprobados.

En la cuenta de obra pública ejercida de la que se carece de documentación, figura una obra asignada por 2 millones de pesos, de la cual se pide mostrar la licitación pública, y otras de los que no se tiene la certeza de contrato, por lo cual la fiscalía pide la documentación correspondiente.

La verificación encontró además "gastos no justificados" por 2 millones 177 mil 346 pesos, de los cuales se deberán reintegrar un millón 993 mil 624 pesos, de acuerdo con el dictamen, del cual tiene copia La Jornada, que constituye la primera revisión de una cuenta pública al gobierno de León que se da a conocer al públido desde el mandato de Carlos Medina Plascencia, primer gobierno panista de Guanajuato.

Las cifras se desprenden del expediente 1.019, oficio 0027/04, de fecha 27 de enero, el cual está firmado por Mauricio Romo Flores, auditor general del Organo de Fiscalización Superior de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local, y corresponden a las "observaciones y recomendaciones a la cuenta pública de octubre de 2003".

Ante estas evidencias, el regidor Eugenio Martínez Vega, integrante de la Comisión de Hacienda del cabildo leonés, consideró que el dispendio de recursos demostrado en el último mes de la administración del ex alcalde "debe ser un punto para analizar toda la cuenta pública de su mandato, para tener la certeza de que el dinero se gastó de manera adecuada y no se dilapidó, como en administraciones que ellos mismos critican".

El regidor priísta Alejandro Arias dijo que pedirá a la Contraloría municipal que revise el pasado financiero de esa administración. "Tenemos que tener la certeza de que los gastos injustificados no fueron a parar a campañas".