No intercambiarlos este año acarrearía un problema al país: director para México

Retrasar la conversión de bonos IPAB afectaría la estabilidad financiera: S&P

El titular del IPAB plantea que se "encapsulen" las operaciones irregulares

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

Prolongar la polémica que ha impedido la conversión de los títulos del rescate bancario en bonos de deuda avalados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) complicaría el actual entorno de estabilidad financiera, consideró este jueves Víctor Manuel Herrera, director general en México de la firma calificadora Standard and Poor's (S&P).

La polémica en torno al intercambio de pagarés del rescate bancario, en la que el gobierno del presidente Vicente Fox y el propio IPAB han adoptado una posición favorable a los banqueros, está comenzando a convertirse en un riesgo financiero para el país.

Como ayer aseguró Víctor Manuel Herrera, retrasar una decisión, e incluso llevar el tema al extremo de no realizar antes que concluya este año el intercambio, "crearía una situación de problema" para el país.

Lo anterior ocurriría debido a que en 2005 vencen pagarés emitidos por el extinto Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) por 10 mil millones de dólares. En caso de no hacerse el intercambio por títulos IPAB, el gobierno federal deberá solicitar al Congreso, en el presupuesto federal para 2005, una partida por esa cantidad para liquidar los instrumentos. "No hacer el intercambio implica que hay que pagarlos en 2005 y si no son pagados, México caería en un incumplimiento como el que ahora mantiene Argentina (sobre su deuda privada por 80 mil millones de dólares), con las consecuencias que se pueden anticipar", comentó Herrera, entrevistado después de participar en una conferencia para inversionistas organizada ayer por la firma financiera francesa Société Générale Group.

Durante la crisis bancaria de 1995, el gobierno federal, a través del Fobaproa, emitió en favor de cuatro bancos (Banamex, Bancomer, Banorte y Bital, hoy HSBC) pagarés que permitieron la capitalización de las instituciones. Esos documentos obligan al gobierno a pagar un interés a las instituciones. El primer paquete, por unos 10 mil millones de dólares, vence en 2005. Si el gobierno no puede liquidarlos, entonces para que mantengan su validez deben ser cambiados por otros títulos avalados por el IPAB. Sólo que este intercambio se ha complicado por señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de que una parte de esos avales gubernamentales a los bancos fueron irregulares.

Para que proceda el intercambio, el IPAB está obligado a auditar esas operaciones, algo contra lo que los bancos se han amparado. Pero el nuevo secretario ejecutivo del IPAB, Mario Beauregard -quien tomó posesión del cargo a finales del año pasado-, ha manifestado una postura favorable a los banqueros. Hace dos semanas, el funcionario lanzó la idea de que las operaciones posiblemente irregulares fueran "encapsuladas" y se realizara el intercambio sujeto a una revisión posterior, algo que no está previsto en la ley, pero que en la práctica constituiría un aval a las operaciones puestas en duda por la ASF.

Hasta ahora, el IPAB no ha comunicado al Congreso formalmente que planea "encapsular" las operaciones irregulares, según comentó el diputado Emilio Zebadúa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrante de la Comisión de Hacienda. "No hemos recibido ninguna notificación", señaló, al tiempo que agregó que el Congreso "difícilmente" autorizará al gobierno federal una partida presupuestal para liquidar los pagarés el próximo año.