Jaime Martínez Veloz

Otro 16 de febrero ignorado

En esta semana se cumplieron ocho años de la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar: 16 de febrero de 1996. A pesar de todos los augurios positivos que generó la firma de los documentos, la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas es uno de los grandes pendientes nacionales, luego de la traición presidencial al compromiso del Estado mexicano de establecer un nuevo pacto con sus pueblos originarios. Sin asomo del mínimo pudor, el régimen zedillista abjuró de su palabra y apostó al desgaste y al acoso para doblegar a los indígenas zapatistas.

La construcción de las acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígenas se realizó mediante un proceso arduo, laborioso, no exento de dificultades y provocaciones. El asunto no es tema menor, por el contrario, su importancia tiene que ver con el rumbo y el futuro de la nación. El proceso de negociación en Chiapas se realizó con el apoyo de todos los partidos políticos, del Congreso de la Unión y de todas las instituciones de la república. La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) realizó sus trabajos sobre la base de las facultades republicanas que la ley le otorga y con el acuerdo del gobierno federal y del EZLN.

La iniciativa de reformas constitucionales derivadas de los acuerdos firmados entre las partes es una traducción literal de lo pactado, realizada por un grupo plural de legisladores en forma responsable con el propósito de pavimentar el camino hacia la paz. Fueron casi tres años (1994-1997) de proceso de negociación y de diálogo intenso, arduo y complicado. Por ello, quienes participamos en esa etapa crucial de la vida de nuestro país estamos convencidos de que los sectores políticos mexicanos no supieron o no comprendieron la dimensión del tema ni el significado para el rumbo de la nación.

El dictamen legislativo aprobado por el Congreso de la Unión en materia de derechos y culturas indígenas no tiene absolutamente nada que ver con lo pactado en San Andrés. Las preguntas obligadas son: Ƒpara qué sirvió el proceso de negociación, si al final de cuentas lo pactado por las partes en conflicto lo tiraron al bote de la basura? ƑPara qué aprobaron una ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas y una comisión especial del Congreso (Cocopa), cuyos esfuerzos y producto final jamás fueron tomados en cuenta por las instituciones de la república?

A ocho años de la firma de los acuerdos de San Andrés, urge la revisión del actual estado de cosas en relación con el zapatismo y el movimiento indígena. La apuesta oficial -sumir en el desgaste al EZLN- inevitablemente está destinada al fracaso, porque podrá desgastarse un movimiento, pero mientras no se resuelvan los problemas estructurales surgirán nuevos movimientos sociales, armados o no, que reivindicarán las mismas banderas zapatistas. Por ello, el Estado mexicano está obligado a formular una iniciativa política que saque del letargo el proceso de diálogo suspendido y ofrezca propuestas serias y sólidas que generen certidumbre y condiciones para reanudarlo. Las necesidades sociales y las tensiones en las comunidades indígenas de México se acumulan de manera preocupante; sin embargo, parece que la dramática realidad no le importa a la clase política mexicana.

Ante la impotencia e incapacidad del gobierno federal, la iniciativa política parece desprenderse de la movilización en las calles, lo cual es de verdad harto lamentable porque demuestra la debilidad de las instituciones. Una democracia que en verdad funcione no necesita manifestarse en la calle. Es comprensible, entonces, que el zapatismo permanezca en la montaña, respuesta al acoso del Estado, que ni cumplió ni hace algo por destrabar la situación. La evolución del zapatismo se ha dado al margen de las instituciones y aun a pesar de ellas. Pese al desgaste que suele darse en un movimiento social con tantos años de lucha y en condiciones adversas, el zapatismo sigue siendo una esperanza en medio del desprestigio de las organizaciones partidarias y de la clase política nacional, entretenida en juegos de pirotecnia y frivolidades palaciegas.

El actual Poder Legislativo tiene también su cuota de responsabilidad en el impasse de las reformas constitucionales en materia indígena. Son bienvenidas las propuestas legislativas de protección al conocimiento tradicional y de consulta indígena, pero deben acompañarse de las reformas de fondo, aún pendientes. Sin llegar al fondo del asunto, que es la autonomía indígena, los derechos políticos y el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de derecho público, cualquier intención, por buena que sea, carecerán de fuerza y estará incompleta. Por ello, hoy más que nunca, el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés tiene plena vigencia y constituye un primer paso hacia la construcción de un nuevo pacto social. Sin este problema resuelto, el Estado seguirá siendo injusto y antidemocrático. Y mientras atrás o arriba de los cerros y montañas se multiplican carencias, dramas y miseria, las páginas de los diarios cubren las frivolidades o las ambiciones personales de una clase política totalmente palacio.

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