Se necesita investigar al ex presidente Carlos Salinas, opina el senador perredista

El gobierno debe indagar ejecuciones contra zapatistas: Escandón y Cortez

Se podrían presentar denuncias ante órganos internacionales, dice director del Centro Pro Juárez

CLAUDIA HERRERA BELTRAN Y ANDREA BECERRIL

El Estado tiene la obligación de investigar los hechos denunciados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y determinar responsabilidades, sobre todo si se considera que se habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos, señaló el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Edgar Cortez.

En ese mismo sentido, el senador perredista por Chiapas, Rutilio Escandón, consideró que se debe investigar al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, toda vez que era el jefe supremo del Ejército y debió estar al tanto de la actuación de las tropas.

Aunque la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) no se ha conformado en esta legislatura, debido a que la Cámara de Diputados no ha nombrado a sus representantes, Escandón señaló que pedirá una reunión de senadores miembros de ese organismo de coadyuvancia, con el fin de discutir "la grave denuncia" que formuló el EZLN mediante el subcomandante Marcos.

A partir de la información que difundió la comandancia general del EZLN, en el sentido de que 46 rebeldes cayeron en los combates de enero de 1994 y que el general Luis Portillo Leal y el mayor Adalberto Pérez Nava son presuntos responsables de cinco ejecuciones sumarias, además del asesinato de ocho personas hospitalizadas, a quienes confundieron con zapatistas, el director del Centro Pro señaló que las indagatorias deben iniciarse cuanto antes.

Los testimonios del EZLN, dijo, dan cuenta que en los primeros momentos del conflicto, los militares pudieron haberse extralimitado y no haberse ajustado a lo elemental, como es el derecho internacional, que impide la ejecución de un prisionero de guerra.

En opinión del director del Centro Pro, a raíz de estas denuncias se tiene que iniciar un proceso en el ámbito de la justicia civil y no en el militar. Refirió que México no se ha ajustado al derecho internacional, donde se establece que las violaciones cometidas por miembros de las fuerzas armadas deben juzgarse en tribunales civiles.

También es necesario asegurar que se trate de una investigación marcada por la transparencia y la claridad en cuanto al tipo de indagaciones y los resultados a los que se busca llegar. Reveló que además de las denuncias del EZLN -publicadas por este diario el pasado sábado- existe un extenso expediente de casos de violaciones de derechos humanos de los rebeldes chiapanecos, documentadas en 1994 por organizaciones no gubernamentales.

A su juicio hay elementos que dan sustento a las denuncias del subcomandante Marcos. Se refirió en particular al caso de los rebeldes que fueron ejecutados en el mercado de Ocosingo hace más de diez años, e indicó que además se presume que los milicianos fueron víctimas de tortura, "una violación de derechos humanos grave e imprescriptible".

Consideró que el listado difundido por el EZLN podría ayudar a acabar de reconstruir con detalle lo que ocurrió durante el inicio del conflicto.

Frente a las nuevas evidencias, anunció que el Centro Pro se mantendrá vigilante de que el Estado cumpla con su obligación de investigar y proteger el respeto a los derechos humanos.

En caso de que no hubiera una acción concreta y precisa de parte del Estado mexicano, dijo que familiares de las víctimas y la sociedad civil pueden explorar otras posibilidades, como sería la presentación de denuncias ante instancias internacionales, tal es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entrevistado vía telefónica en Chiapas, Escandón consideró que el gobierno foxista debe iniciar de inmediato una investigación. Dijo que se debe exigir una respuesta del ex presidente Salinas, quien estaba al frente del gobierno en 1994.

"El tuvo que estar al tanto de la actuación del Ejército en Chiapas, no es creíble que alguno de los generales decidiera, por su cuenta, ejecutar a prisioneros zapatistas, así que Salinas debe dar la cara".

Aun cuando la Cocopa no se ha integrado en la actual legislatura, de todas formas pedirá que los senadores que conforman esa comisión se reúnan la próxima semana, para analizar la denuncia del EZLN y establecer su postura.