Ayer, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, dio a entender, en el contexto de una conferencia en la Universidad de Columbia (Nueva York), que el gobierno de México avala la adquisición total de lo que fuera Bancomer por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), lo que implica que las autoridades nacionales no objetarán que ese grupo financiero español detente exclusivamente la propiedad del segundo banco del país. Ciertamente, 59.4 por ciento de las acciones del hoy llamado BBVA Bancomer ya son controladas por extranjeros, pero la consumación del apoderamiento del sistema bancario nacional por inversionistas foráneos debería suscitar en el gobierno federal, como ya acontece en otras instancias del país, una actitud mucho más enérgica en defensa de los intereses de los mexicanos que la mostrada por Gil Díaz.

En primer término, como lo denunció la diputada Dolores Padierna, resulta objetable que las autoridades mexicanas avalen tan fácilmente que el BBVA obtenga el control absoluto de Bancomer prácticamente de manera gratuita y abusiva, pues los 45 mil 200 millones de pesos que el grupo español pagará a los actuales socios mexicanos le serán resarcidos con creces vía las transferencias que el Estado entrega año con año por concepto de intereses de los pagarés del Fobaproa. Anualmente, esas sumas alcanzan 10 mil millones de pesos sólo en el caso de Bancomer, sin contar las próximas amortizaciones de capital. De este modo, resulta que los contribuyentes mexicanos serán quienes habrán financiado la entrega de la banca nacional al extranjero, situación doblemente grave si se considera que el rescate bancario constituyó una operación irregular y que muchos de los pagarés en los que se apoya la estrategia de adquisición del BBVA se encuentran en litigio.

Por otra parte, como lo señaló el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, la pretensión de los nuevos dueños de Bancomer de retirar las acciones de esa institución financiera de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) redundará en un obstáculo para conocer el desempeño del segundo banco nacional. Tal circunstancia, máxime si se tiene en cuenta que el proceso de auditoría de los pagarés del Fobaproa no ha concluido, implica que el BBVA pretende tender un velo sobre su futura gestión de Bancomer, con todos los riesgos para la fiscalización de ese banco y la estabilidad de la economía nacional que ello implica. ¿Cómo será posible exigirle al BBVA Bancomer cuentas de sus actividades si éste se encuentra en poder de capitales extranjeros ?a los que sólo interesan los rendimientos de sus inversiones y no el desarrollo del país del que se benefician? y si el acceso a la información sobre sus operaciones quedará restringido?

El saqueo resultante del ilegal rescate bancario y de la entrega al extranjero del sistema financiero nacional es, así, ofensivo y mayúsculo. Por ello, resulta obligado que el gobierno federal reconsidere su decisión de avalar la adquisición del 40 por ciento del BBVA Bancomer que todavía se encuentra en manos mexicanas hasta, por lo menos, que se resuelvan todos los litigios vinculados a los pagarés del Fobaproa y se asegure que esa institución de crédito no quedará al margen de la fiscalización pública y la transparencia informativa implícitas en el hecho de cotizar en la BMV.

Finalmente, el visto bueno expresado por Gil Díaz a la compra total de Bancomer por el BBVA muestra una vez más el rostro de la presente administración federal: un gobierno que privilegia al capital extranjero y que, para ello, permite la depredación de los recursos fiscales de la nación. En este sentido, la gestión de Vicente Fox no es distinta a las de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.