Son ya más de 500, señalan; el mecanismo consiste en imputarles faltas administrativas

Ola de despidos en Hacienda, con anuencia de Joel Ayala: afectados

FABIOLA MARTINEZ

Los despidos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continúan con el argumento que los empleados rescindidos incurrieron en faltas administrativas con base en las cuales -según la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado- es posible proceder a la liquidación de personal sin responsabilidad alguna para la dependencia.

En ese supuesto, los trabajadores habrían incurrido en faltas graves; sin embargo, no se les concede la oportunidad de acudir a audiencias, entregar pruebas o realizar diligencias a partir del apoyo de su representante sindical. Simplemente, como ha ocurrido desde diciembre pasado, la SHCP les entrega un oficio, elaborado con redacción idéntica, en el que se les notifica que el nombramiento expedido a su favor deja de surtir efecto.

Algunos de los afectados aseguran que son ya "más de 500 trabajadores en esta situación" y que los despidos continuarán en la segunda quincena de febrero, según información proporcionada a los interesados en el área encargada de la expedición de cheques para el saldo de finiquitos.

Lo anterior, aun cuando el titular de la dependencia, Francisco Gil Díaz, ha asegurado que las bajas serán exclusivamente a partir del programa de separación voluntaria. En enero, el funcionario declaró a la prensa que los burócratas que salgan del gobierno federal lo harán de manera voluntaria, en el contexto del programa de austeridad del gobierno foxista, que busca reducir la estructura administrativa y eliminar gastos considerados superfluos.

En la misma sintonía, el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, dijo en la semana que concluye que incluso "tenía la palabra" del presidente Vicente Fox en el sentido de que ningún trabajador será despedido. "(La baja de 50 mil burócratas) es una mera especulación. Es muy difícil que el gobierno se atreva a quitarnos a algún trabajador, porque la fuerza del sindicalismo lo impide". El dirigente de los empleados públicos del país reiteró que no permitirá la continuidad del citado programa de separación voluntaria y que tampoco incurrirá en "componendas ni dobleces con ninguna autoridad".

Sin embargo, muchos de los trabajadores de Hacienda, cuya copia de los documentos de rescisión fue fechada en diciembre, han aceptado su liquidación "por necesidad económica", afirman, y los menos han decidido interponer una demanda por despido injustificado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), al considerar que "lo que está ocurriendo en la SHCP es una purga de los empleados que resultan incómodos para los mandos medios y superiores". Todo ello, afirman, "con la complacencia de Ayala y sus allegados".

En este último grupo se encuentra Emma Rodríguez Villegas, ex secretaria general del sindicato nacional de la SHCP, quien el pasado 16 de enero recibió uno de los oficios señalados, fechado un mes antes. Y es que el año pasado, una vez que Ayala la consideró opositora o que no pertenecía al grupo afín, alentó su destitución, por medio de los propios integrantes del comité ejecutivo, quienes en seguida se adjudicaron la dirigencia a partir de una sesión plenaria presuntamente ilegal, motivo por el que el caso se encuentra también en litigio ante el TFCA.

Mientras ese tribunal resuelve la situación interna con los actuales dirigentes sindicales, hasta ahora reconocidos por el tribunal (mismos que el 10 de diciembre pasado le indicaron a sus compañeros rescindidos que "firmaran, porque no había nada que hacer"), la SHCP informó a Rodríguez del cese.

En el oficio 376-25000, Jorge Sergio Félix Cortés, director general de Recursos Humanos, le informa que "hay actas levantadas en su contra, correspondientes a los días 8, 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 2003, en las que se desprende que en vez de cumplir con su trabajo se ha dedicado en horas de labores a realizar invitaciones, junto con otras personas que la acompañaban, a que sus compañeros de trabajo dejaran de laborar para unirse a lo que usted calificó como un 'paro' de actividades generalizado, provocando con esto suspensiones en el desempeño de las actividades encomendadas y que el servicio fuera deficiente (sic)".

Lo anterior, señaló Emma Rodríguez, no sólo viola las condiciones generales de trabajo de la dependencia sino evidencia que la selección de trabajadores a despedir se realiza con el aval del líder de la FSTSE, quien en mayo de 2003, por ejemplo, ante el encarcelamiento de empleados de Hacienda, le prometió a la entonces secretaria general del sindicato: "Esto se va a arreglar; basta con que hable con el licenciado Gil Díaz", relató.