Insta a funcionarios interesados en el tema a presentar iniciativas ante el Legislativo

El Congreso, no jueces, puede imponer castigos mayores a delincuentes: Azuela

Garantiza que la Corte no tiene un as escondido en la consulta sobre impartición de justicia

ENRIQUE MENDEZ

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón, convocó ayer a los funcionarios públicos que consideran necesarias sanciones más severas contra la delincuencia en México a presentar sus iniciativas de reforma al Poder Legislativo. "Ese es el único camino legítimo", expresó.

Al dictar ayer la conferencia magistral La impartición de justicia y la participación ciudadana, sostuvo que el debate sobre la aplicación de "castigos mayores, no está dirigido a los jueces, sino a los legisladores, quienes, si piensan que es correcto, profundizarán en la reforma a las normas".

En este tema, insistió, nadie puede "avasallar al contrario, sosteniendo lo que pretenden, independientemente de que no tengan puntos de sustentación".

En su participación, convocado por la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados, Azuela Güitrón agregó que aun cuando el sistema judicial nacional "no rechaza los grandes avances del mundo" en la materia, "la única justicia que es válido impartir a los jueces mexicanos es la que se sustenta en el sistema jurídico nacional".

Agregó que en el país "la justicia que se imparte es pronta, imparcial y gratuita" y no se aplica "a latidos de 'me late que sí, me late que no'".

Respecto de la consulta iniciada por la Corte hacia un sistema integral y coherente de impartición de justicia, garantizó que se tomarán en cuenta todos los trabajos que se reciban. "No tenemos ningún as escondido para sacar después nuestro proyecto. Yo he señalado aquí uno que otro problema, pero no me atrevo a señalar lo que debe ser la reforma", declaró.

También consideró que en los pasos hacia una reforma del Estado debe "dominar la racionalidad, porque, si se piensa en el bien de México", los partidos podrán acercar posiciones en el Poder Legislativo y los ajustes ya no estarán "al capricho del diputado, del senador, del coordinador de las labores de cada fracción", sino con el sustento "del bien de México".

También expresó a los diputados un reconocimiento por las reformas a la Ley de Amparo, que buscan reducir el número de solicitudes, con efectos "que desafortunadamente se traducen en denegación de justicia cuando un tribunal colegiado de circuito utiliza la fórmula de ver minucias de violaciones formales o procesales para otorgar un amparo para efectos, y simplemente está difiriendo la impartición de justicia, y eso es muy nocivo".

Confió en que "se dé curso" a la minuta, la cual se encuentra en estudio en la Cámara de Senadores, "para que la reforma pueda seguir caminando". Señaló que la consulta iniciada por la Corte no implica que no se puedan dar avances en la materia, y consideró que nadie puede "utilizar el pretexto de que se espera algo extraordinario para no dar ningún paso".

A diferencia del pasado, abundó, la modernización del sistema judicial debe implicar una participación ciudadana constructiva e informada.

"En otras épocas, los mecanismos para transformar el sistema de impartición radicaban en otros estilos: se buscaban hombres muy sabios para sus aportaciones", señaló.

"En la reforma de Miguel Alemán se integró un grupo de extraordinarios juristas, que dieron prestigio y cierto sentido a la legitimación de la propia reforma. Con Gustavo Díaz Ordaz, él se limitó a presentar un proyecto de la Corte. Algo similar ocurrió con Ernesto Zedillo y no se ventiló con una consulta, lo que contrastó con la emprendida, al estilo de la época, de Miguel de la Madrid. Hoy, esto se debe abrir", planteó.