México D.F. Martes 3 de febrero de 2004
Debió encausar sus críticas a
la diplomacia, afirma
El juez quiso violar la filosofía legal mexicana,
dice Castro y Castro
JESUS ARANDA
La intención del magistrado español Baltasar
Garzón de que la diligencia a la que pretendía asistir el
pasado jueves en el Reclusorio Norte se llevara a cabo con "total secrecía",
y no en una situación de "amplia transparencia" como lo prevé
la legislación mexicana, fue una posición "quizás
respetable", pero obviamente contraria a la filosofía de nuestro
país.
Afirmó lo anterior el ministro retirado de la Suprema
Corte, Juventino V. Castro y Castro, quien cuestionó las "interpretaciones
subjetivas" de Garzón cuando criticó a este diario y a los
miembros de seguridad del reclusorio, porque en todo caso, la instancia
para presentar cualquier inconformidad era su embajada y por el conducto
diplomático correspondiente.
En
declaraciones a La Jornada, Castro y Castro dejó en claro
que cuando el funcionario español se quejó de haber sido
tratado con "excesiva rigidez", eso no implica acto alguno de vejación
o descortesía.
El propio Garzón, explicó el ministro, quien
también fue en su momento subprocurador general de la República
y tuvo manejo directo del área internacional de esa dependencia,
reconoce que no se le impidió el acceso a la audiencia ministerial
que se llevaría a cabo en el interior del reclusorio, pero que ya
dentro del recinto "no se dolió de impedimentos para asistir a los
trámites, sino del trato". Al respecto, dejó en claro que
la respuesta de Garzón tampoco fue vejatoria ni descortés.
Respecto a la crítica del magistrado de la Audiencia
Nacional de España en una carta publicada en este diario (31/I/04)
en la que no ocultó su molestia por la información publicada
ni por la forma en que las autoridades del Distrito Federal se dirigieron
a él, Castro indicó que dicha crítica debió
sido "cuidadosamente meditada y perfectamente fundada, sin interpretaciones
subjetivas", y añade que el juzgador ibérico no especificó
la razón de la diligencia a la que pretendía asistir, ya
que "no aclara si era de investigación, de jurisdicción o
de inspección carcelaria", y señaló exclusivamente
que su actuación era legítima y de acuerdo con el tratado
de extradición México-España.
Y para que su inconformidad fuera tramitada correctamente,
precisó el ministro en retiro, tendría que haber recurrido
a su embajada para que ésta, "de considerarlo prudente", interpusiera
una protesta por conductos diplomáticos ante la Secretaría
de Relaciones Exteriores.
Castro y Castro agregó respecto a la conducta del
juzgador que pretendió estar presente en la diligencia relacionado
con una investigación que lleva a cabo sobre seis ciudadanos vascos
que están detenidos y que están sujetos a proceso de extradición
a España, que éste "insinúa" que el procedimiento
mexicano debería haberse regido por prácticas españolas,
aunque ello "no puede considerarse de manera alguna como un trato vejatorio
o irrespetuoso por funcionarios -tanto Garzón como el fiscal de
la Audiencia Nacional de España Enrique Molina Benito- de un país
con el que tenemos tratos sumamente amistosos.
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