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México D.F. Viernes 30 de enero de 2004
RECLUSORIO NORTE: DIGNIDAD RESTAURADA
El
juez español Baltasar Garzón, el fiscal de la Audiencia Nacional
de España, Enrique Molina, y los guardaespaldas de ambos fueron
echados ayer del área de ingreso del Reclusorio Norte (Reno), centro
en donde pretendían intervenir en una diligencia de ampliación
de declaraciones de los seis vascos detenidos en esa prisión desde
julio del año pasado y sujetos a un juicio de extradición
promovido por el propio Garzón, quien los acusa de haber financiado
a supuestos etarras prófugos.
Así, frente a la vergonzosa claudicación
de la soberanía nacional protagonizada anteayer por altos funcionarios
de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes
ofrecieron al magistrado peninsular toda suerte de facilidades para que
dirigiera un interrogatorio contra tres ciudadanos mexicanos que ya habían
sido exonerados de las imputaciones de colaboración con la agrupación
vasca ETA, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, que encabeza
Alejandro Encinas, el director de los reclusorios capitalinos, Héctor
Cárdenas, así como la propia directora del Reno, Marcela
Briseño, tuvieron una actitud digna, honrosa y cuidadosa de la legalidad.
Hasta ayer, la misión del magistrado español
en nuestro país era secreta o, al menos, muy discreta, y los medios
informativos de su país no habían dicho una sola palabra
al respecto. Pero, tras el incidente en el Reno, y ante la obsesión
de la clase política madrileña por vincular al movimiento
etarra con cualquier persona o institución que no se limite a aceptar
a ciegas las satanizaciones absolutas de los nacionalismos vascos, o que
cuestione o se oponga a los atropellos, abusos y violaciones a los derechos
humanos que el Estado español comete regularmente con el pretexto
de combatir a ETA, la postura firme de las autoridades capitalinas puede
dar lugar, en la otra orilla del Atlántico, a acusaciones delirantes
de supuesta protección y hasta de complicidad con ese grupo separatista.
Con tal posibilidad sobre la mesa, es necesario insistir
en que Encinas, Cárdenas y Briseño están defendiendo
la ley y la soberanía nacionales, no encubriendo terroristas.
Si las acusaciones de Madrid contra los vascos actualmente presos en el
Reno resultan verosímiles o no, y si son, o no, fundamento suficiente
para conceder su extradición a España, son asuntos que deben
ser resueltos por jueces mexicanos, ministerios públicos mexicanos
y abogados defensores mexicanos. Los funcionarios españoles tendrán
que darse por satisfechos con el hecho de que sus rogatorias y solicitudes
estén siendo tramitadas, entender que sus intromisiones son ofensivas
para muchos sectores en el país y asumir que el servilismo que han
encontrado en los altos niveles de la PGR no son, de ninguna manera, representativos
del sentir nacional.
Quienes tienen a su cargo la institución encargada
de la procuración de justicia en el país tendrían,
por su parte, que escarmentar con el incidente de ayer y comportarse, en
lo sucesivo, con decoro y, sobre todo, con apego a las normas y procedimientos
legales vigentes. Garzón podrá tener mucho mérito
-y lo tiene- como juez anticorrupción en su país, como promotor
de un proceso penal contra Augusto Pinochet y a los ex dictadores argentinos
y como solicitante de la extradición del ex torturador Ricardo Miguel
Cavallo, pero ni esos episodios plausibles de su trayectoria, ni su investidura
española, ni su fama mundial, ni el tratado de extradición
bilateral, ni su arrogancia ni su prepotencia, le autorizan pasearse con
aires de corregidor colonial por reclusorios, juzgados y ministerios públicos
mexicanos. Y la que tiene obligación de hacérselo entender
así, aunque sea para evitar nuevos episodios embarazosos, es su
atenta anfitriona, la Procuraduría General de la República.
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