México D.F. Viernes 30 de enero de 2004
La maniobra, ofensa para la base gremial, asevera el dirigente de la sección Uno
Medel usa al PRI para tratar de mantenerse en el SUTGDF: García
Por fortuna los estatutos ya no obligan a los miembros del sindicato a pertenecer a algún partido político, afirma El conflicto tienen que resolverlo los propios trabajadores: Encinas
BERTHA TERESA RAMIREZ Y ANGEL BOLAÑOS
A unos días de que se lleve a cabo el congreso extraordinario convocado por el consejo del Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF), con la finalidad de destituir a su actual dirigente, quien también es diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Medel Ibarra, el conflicto entre la disidencia y la dirigencia del sindicato alcanzó a los partidos políticos y a la administración capitalina.
El secretario de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, dejó en claro que no existe alianza alguna del gobierno capitalino con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) para destituir a Medel, debido a que se trata de proyectos y posiciones partidarias distintas y el conflicto que se dirime en el interior de la federación se deriva de una confrontación dentro del PRI.
El líder de la sección Uno, de limpia y transporte -la más numerosa de ese gremio-, Maximiliano García Arteaga, acusó a Medel Ibarra de tratar de resolver el conflicto mediante su partido político, además de asumir una actitud ofensiva contra los secretarios generales que exigen su destitución, "en lugar de adoptar una posición autocrítica, reconocer sus errores y buscar una reconciliación".
Indicó que ante el descontento que impera en su contra, Medel ha utilizado al PRI para trasladar el conflicto al terreno partidista políticos, lo cual constituye una ofensa para los trabajadores. Agregó que "afortunadamente los estatutos del sindicato fueron reformados y ya no obligan a ninguno de sus miembros a pertenecer al PRI, y establecen la libertad de los trabajadores para militar en el partido político que les convenga".
El dirigente seccional manifestó que despúes de tener enfrentamientos con el dirigente de la FSTSE, Joel Ayala, y con el jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, y de haberse alejado de los sindicalistas, Medel Ibarra pretende ahora sostenerse en el cargo con el apoyo del PRI. García Arteaga señaló que 63 consejeros de los 117 que se espera asistirán al congreso extraordinario previsto para el próximo 3 de febrero, apoyan la candidatura de Enrique Hanf, secretario de la sección 13, perteneciente a la rama médica.
Consideró que el hecho de que ese candidato se identifique con el PRD y sea cuñado del dirigente de ese partido en el DF, Agustín Guerrero, no constituye un problema para la reforma del SUTGDF. Para el dirigente, quien rechazó pertenecer al PRD, "Hanf está preparado para dirigir al sindicato".
Por su parte, Encinas Rodríguez calificó como "una vacilada" los señalamientos de Medel sobre presuntos pagos de 100 mil pesos de la Oficialía Mayor a los líderes seccionales que presentaron una denuncia en su contra por malversar fondos del gremio.
Los únicos pagos que hace el GDF al sindicato, aclaró, son las cuotas sindicales que los propios trabajadores aportan a la organización. El funcionario recomendó al también diputado local del PRI que en lugar de estar haciendo ese tipo de declaraciones en su defensa, se preocupe por aclarar las denuncias y demandas que están presentando sus propios agremiados.
"El Gobierno del Distrito Federal quiere ser enfático en que el conflicto en el sindicato lo tienen que resolver los propios trabajadores", apuntó, para lo cual existen los instrumentos jurídicos y legales que señalan sus estatutos y su afiliación a la FSTSE. Sobre la denuncia que el SUTGDF presentó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el GDF, dijo que se atenderá cualquier requerimiento legal que haga dicho organismo en el marco de las convenciones internacionales. Encinas descartó que este conflicto interno en el sindicato tenga alguna repercusión en los servicios públicos o en las labores que desempeñan los empleados de la administración local.
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