Intelectuales y ONG envían misiva al Ejecutivo

Piden que Fox intervenga para otorgar permisos a radios rurales

ALONSO URRUTIA

Ante la falta de apertura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para regularizar la operación de las radios comunitarias en México, varios intelectuales y activistas -entre otros Carlos Monsiváis, Luis Villoro, Miguel Concha y Héctor Díaz Polanco-, así como organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos enviaron una carta al presidente Vicente Fox para solicitar su intervención.

En conferencia de prensa, Aleida Calleja, representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y Laura Salas, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, censuraron la discrecionalidad con que opera la SCT en esta materia, porque contravenga convenios y recomendaciones de organismos internacionales en favor de la libertad de expresión.

Calleja comentó que en la reunión que sostuvieron el miércoles pasado con la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, existió apertura para profundizar en el análisis del tema, se abrió la posibilidad de realizar una serie de visitas a diversas radios comunitarias para conocer cómo operan e incluso se habló de la posibilidad de emprender reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión para incluir expresamente a estas emisoras.

En la actualidad, dijo Calleja, la ley abre un resquicio que la autoridad podría utilizar para regularizar la operación de las radios comunitarias. Sin embargo, no existe voluntad para hacerlo y, por el contrario, la SCT establece, para el otorgamiento de permisos, condiciones inviables, como un techo financiero elevado de presupuesto y el aval del Ejército que deslinde la posibilidad de contenidos subversivos, entre otros.

La carta señala que a pesar de las diversas posturas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados para cesar el hostigamiento contra dichas estaciones, éste ha continuado.

"En vez de buscar vías de solución a la situación de las radios comunitarias, la SCT ha tratado de imponer criterios más políticos que legales para emitir los permisos, sobrepasando claramente la normatividad establecida en la materia".

Más adelante, la carta señala que las radios comunitarias no pretenden negociar la ley; queremos que ésta y las autoridades encargadas de hacerla cumplir establezcan las condiciones necesarias para que haya certeza jurídica que permita a los grupos ciudadanos desarrollar propuestas corresponsables para ejercer la libertad de expresión.

Reiteran que para favorecer una solución han entregado de nueva cuenta expedientes a la SCT para que sean revisados, sin que haya habido respuesta y sin determinar criterios claros para que las estaciones las cumplan.

Calleja indicó que ante la situación que prevalece en México, que contrasta con la de otros países, como Venezuela o Canadá, donde existe mayor soporte legal, en el país aún no se ha podido romper la discrecionalidad de la autoridad que prevalece desde hace años.

Por tal motivo, dijo que han solicitado una audiencia con el relator de la Libertad de Expresión de la CIDH, Eduardo Bertoni, con el propósito de exponerle la situación que se mantiene en México, a pesar de las recomendaciones emitidas por ese organismo.