"Con la pena", la directora del Reclusorio Norte le negó acceso a las diligencias

Impidió el GDF al juez Garzón inducir interrogatorio a vascos

Ordenó la PGR suspender la audiencia Pretendía que la funcionaria capitalina se disculpara

BLANCHE PETRICH

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) y la dirección de prisiones capitalinas negaron el acceso de dos funcionarios españoles, el juez Baltasar Garzón y el fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, al Reclusorio Norte, donde debía realizarse un nuevo interrogatorio a los seis ciudadanos vascos presos desde hace seis meses, sujetos a un proceso de extradición a Madrid.

Pese a la insistencia y las presiones del fiscal federal de la Unidad Especializada contra Secuestros, Mario Arzabe, que actúa como agente del Ministerio Público en este trámite, Marcela Briseño, directora del penal, dio órdenes de detener a la comitiva de los magistrados españoles cuando ya se encontraban en el túnel de ingreso de visitantes, discutiendo con un custodio que insistía en ponerles un sello en el antebrazo. En ese momento, el jefe en turno de la prisión, enviado por la directora, exhortó a Garzón y a Molina a irse. Ambos salieron y por un teléfono interno la directora fue notificada.

-Van enojadísimos, licenciada.

-Con la pena -respondió Briseño-. Yo cumplo órdenes.

Esta actitud de las autoridades del Distrito Federal contrastó con las facilidades que pusieron a disposición de Garzón y Molina los mandos federales -la Procuraduría General de la República (PGR)- para que los magistrados participaran en nuevos interrogatorios a los tres mexicanos que fueron implicados como colaboradores en la trama del supuesto "Colectivo de Refugiados de ETA" en México.

El día anterior, Pilar Sosa, Pedro Ulises Castro y Noé Camarillo, todos exonerados por falta de pruebas, fueron citados a una diligencia que, según declaró la primera a la agencia Notimex, "prácticamente" fue conducida por el juez Garzón.

La directora del penal explicó que, enterados "por la prensa" de que los dos jueces extranjeros pretendían estar presentes en la audiencia prevista para este jueves, sin que hubiera mediado solicitud formal o explicación alguna, el secretario de Gobierno del GDF, Alejandro Encinas, y el director de prisiones capitalinas, Héctor Cárdenas, dieron instrucciones precisas para que no se permitiera el acceso a Garzón y Molina. También cerraron el paso a los seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que los custodiaban.

Por su parte, Mario Arzabe demandó a la directora del penal que rectificara y franqueara el paso a los españoles, esgrimiendo "la trascendencia a niveles nacional e internacional" que pudiera tener una negativa. Cuando supo que los extranjeros fueron "invitados a retirarse" del reclusorio, exclamó: "¡Esto va a ser un problema!"

Finalmente, funcionarios de la PGR intentaron disfrazar el incidente "explicando" que el juez Garzón y el fiscal Molina prefirieron retirarse del penal antes de permitir ser "marcados" con el sello de tinta invisible que suele imprimirse en el antebrazo de los visitantes, como una de las medidas de seguridad aplicadas en todas las cárceles del país.

"No fue exactamente así -replicó la directora del penal-. Ellos no tenían autorización para entrar. No iban a hacerlo, independientemente de que se dejaran poner el sello o no."

Dos horas después de la retirada de los españoles y mientras los indiciados vascos eran informados sobre el contenido de la "comisión rogatoria" del juez Garzón, consistente en un largo interrogatorio para que los procesados ampliaran sus declaraciones, Arzabe ordenó la suspensión de la audiencia, sin explicar a los detenidos y a su defensa las razones. También se opuso a que se levantara y firmara un acta sobre lo ya actuado, como lo exigía la abogada de los vascos, Bárbara Zamora.

Juan Carlos Artola y Félix Salustiano García ya habían escuchado el cuestionario y se acogieron a los artículos octavo y 20 de la Ley de Procedimientos Penales para no responder. Los otros cuatro -María Asunción Gorrotxategui, Ernesto Alberdi, José María Urkijo y Asier Arronategui- tendrán que esperar una nueva notificación para cumplir con el trámite del citatorio.

El 22 de enero Marcela Briseño recibió un oficio notificando la solicitud de la Unidad Especializada en Investigaciones sobre Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas para realizar en el penal una ampliación de declaraciones de los seis detenidos, a quienes la justicia de España reclama por nexos con ETA.

Conforme la ley que rige estos procedimientos, a esas diligencias acude sólo personal de la PGR o la autoridad responsable, los acusados y sus defensores. El oficio de la procuraduría no indicó que se trataría de un interrogatorio ajeno a los procesos de extradición -justificación ofrecida ayer mismo por el subprocurador jurídico, Alejandro Ramos- ni mencionaba convenios de cooperación antiterrorista bilaterales.

Mucho menos informaba sobre la asistencia de dos jueces españoles. "De eso nosotros nos enteramos por los medios. Nada justifica la presencia de estos señores", señaló Briseño.

Antes que llegaran los españoles al Reclusorio Norte, el comisionado de la PGR, Arzabe, se adelantó a la oficina de la directora para allanarles el paso. Enterado de que había órdenes de negarles el acceso, el funcionario se mostró abrumado.

Cuando se le informó que la comitiva de Garzón se marchaba y que el juez estaba "enojadísimo", Arzabe pidió a la directora del penal que lo alcanzara para disculparse. La funcionaria no aceptó. El fiscal, entonces, alcanzó a los españoles y subió a su camioneta.

Mientras tanto, la diligencia fue iniciada por la agente del Ministerio Público Aurora Ramírez, quien ha tomado las declaraciones ministeriales de los seis vascos en las audiencias anteriores relacionadas con el proceso.

Después de permanecer dentro del vehículo de Garzón, frente al área de juzgados, Arzabe regresó al penal y se dirigió a la sala de juntas de la dirección, donde se realizaba la audiencia que él mismo había solicitado, y ordenó que el trámite se suspendiera. Ante el desconcierto de los involucrados, Ramírez y su asistente empacaron los expedientes y la computadora portátil.

La "comisión rogatoria" solicitada por Garzón a la PGR consiste en nuevos interrogatorios a los indiciados, tanto a los mexicanos ya liberados por falta de pruebas, como a los vascos, que recientemente ganaron un amparo en el que se declara "ilegal" la forma en que fueron capturados, el 18 de julio del año pasado.

Son más de 50 preguntas para cada uno en torno a la investigación sobre la presunta infraestructura que ETA habría desarrollado en España y México.

La petición de la abogada Zamora de que se firmaran las actas sobre lo ya actuado fue rechazada por Arzabe, quien arguyó que el disquete en el que se estaba registrando la audiencia es "del juez Garzón", y que decía que el trámite se había realizado en su presencia y la del fiscal Molina. Como ese texto original no podía ser modificado, y la presencia física de los españoles no tuvo lugar, no se elaboró el acta legal.

De este modo quedó en suspenso el trámite solicitado por la justicia española. A Zamora y a Briseño se les informó extraoficialmente que la diligencia será reanudada el próximo lunes en el mismo lugar. Pero en caso de que la PGR pretenda trasladar a los seis vascos y realizar el interrogatorio en otra dependencia (como se hizo el miércoles con los mexicanos Castro, Sosa y Camarillo, en la sala de juntas de la oficina del subprocurador de Investigación Especializada contra Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos), la directora del penal deberá recibir la orden de un juez para autorizar esa acción.