La convicción basada en el sentido común y expresada en muchos tonos por personas de buena voluntad de todo el mundo, en el sentido de que el régimen de Saddam Hussein carecía de las armas de destrucción masiva que fueron usadas como pretexto por los gobiernos de Washington y Londres para invadir, masacrar, destruir, ocupar y saquear Irak, ha demostrado ser una verdad contundente.

El viernes pasado el jefe del equipo estadunidense de inspección que durante nueve meses rastreó el territorio humeante de la infortunada nación árabe, David Kay, concluyó, sin margen de duda, que el gobierno depuesto no desarrolló, desde el fin de la primera guerra del golfo Pérsico (1991), alguna clase de arma química, biológica o bacteriológica. Por añadidura, el otro pretexto angloestadunidense para la agresión militar contra Irak, los supuestos vínculos entre el derrocado Hussein y la organización Al Qaeda, de Osama Bin Laden, no ha encontrado, hasta la fecha, ningún asidero más que los paranoicos alegatos del grupo que gobierna Estados Unidos.

La evidencia de que Bush, Blair y los aliados menores de ambos, como José María Aznar y Silvio Berlusconi, mintieron en forma sistemática y deliberada, se está convirtiendo en una abultada factura política para esos gobernantes. Blair vive acosado por las consecuencias de su inmoralidad, entre ellas, el suicidio del experto británico en armas biológicas David Kelly, quien fue inhumanamente presionado luego de que filtró a la BBC la inexistencia de las armas químicas.

Bush, por su parte, se enfrenta a una rápida evaporación de su ventaja electoral frente a sus contendientes demócratas, los cuales no tardaron mucho en reprochar al todavía presidente sus engaños, su alarmismo injustificado ante la falsa amenaza de Saddam Hussein y su improcedente triunfalismo tras la caída del dictador iraquí, al anunciar el fin de una guerra que, nueve meses después, sigue cobrando una cuota cotidiana de vidas estadunidenses y también, por supuesto, iraquíes.

El aspirante Howard Dean llegó al extremo de señalar con todas sus letras una verdad evidente para todo el mundo, pero que hace apenas unos días resultaba impronunciable en los entornos políticos del país vecino: hoy, bajo el dominio de la soldadesca estadunidense, los iraquíes viven mucho peor que en tiempos de Hussein. John Kerry, otro de los precandidatos demócratas, acusó a Bush de engañar al país para llevarlo a la guerra.

Los cuestionamientos no proceden únicamente del ámbito político. Ayer, en rueda de prensa realizada en Nueva York, el analista Joseph Cirincione, de la organización no lucrativa Carnegie Endowment for International Peace, acusó a Bush de haber inventado la amenaza de las armas de destrucción masiva para llevar al país a "una guerra innecesaria", señaló que Washington y Londres han perdido credibilidad en el ámbito internacional por el fracaso de sus servicios de inteligencia y pidió la revisión de la política de seguridad nacional vigente "para eliminar la política de guerra preventiva y unilateral".

La "guerra contra el terrorismo" de Bush y sus edecanes británico, español e italiano se enfrenta, además, a una descalificación legal de la totalitaria "ley patriótica" promulgada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. En efecto, el juez federal Audrey Collins, de Los Angeles, determinó que las disposiciones de esa ley que prohíben "la asesoría o la ayuda de expertos" a los grupos acusados de terrorismo por el Departamento de Estado resultan demasiado vagas y violan las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos referidas a la libertad de expresión (primera) y al derecho a un juicio justo (quinta).

Bush, Blair y compañía habrán de pagar elevados costos políticos por sus mentiras, pero debe considerarse que éstas conllevan también responsabilidades penales ineludibles, toda vez que, con sus engaños, esos gobernantes perpetraron crímenes de lesa humanidad contra la población iraquí y enviaron a centenares de soldados estadunidenses y británicos a una muerte innecesaria y absurda que no tenía por propósito eliminar una amenaza de ataques terroristas ni liberar a Irak de la dictadura de Hussein, sino apoderarse de los recursos naturales del ahora destruido país árabe. Sin duda, existen motivos suficientes para llevar al ex dictador de Bagdad ante una corte internacional, pero, en una lógica de estricta justicia, sus vencedores tendrían que correr un destino semejante.