Miembros de la Armada impiden el acceso a sitio en que se desmanteló un poblado

Nuevas confirmaciones de que hubo desalojo forzoso en Montes Azules

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Ixcan, Chis., 26 de enero. Mientras elementos de la Armada custodian la ribera interior del río Lacantún e impiden el desembarco en el sitio donde se localizaba Ignacio Allende, o Nuevo San Rafael, los lancheros de la orilla opuesta, en el ejido Ixcán, confirman lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) niega enfáticamente en su muy divulgado comunicado de prensa emitido el sábado: sí hubo desalojo.

De manera inédita en esta clase de conflictos, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) informó a su vez haber recibido un acta de los pobladores de Nuevo San Rafael, en la cual éstos piden "disculpas" a los lacandones por ocupar una fracción de tierras de las que estos indígenas son dueños legales. La dependencia afirma que los hoy expulsados se dicen "engañados por sus líderes". Además, los desplazados habrían confirmado su retorno voluntario a su distante lugar de origen, El Calvario (municipio de Sabanilla).

En pocas palabras, el gobierno federal arrodilló a los indígenas de Sabanilla y luego los echó para enseguida decir que no pasa nada.

En el ejido Ixcán las calles tienen nombre, lo que es infrecuente. Y son del tipo Porfirio Díaz, Venustiano Carranza, Belisario Domínguez y Luis Donaldo Colosio. Aun contando con resolución presidencial, los ejidatarios también tienen la mano en la lumbre en el affaire Montes Azules. Al igual que numerosas comunidades vecinas de la reserva de la biosfera, una parte de su dotación es reclamada por la comunidad lacandona.

Los lancheros que recorren el río Lacantún se bañan ociosos en las afueras de su poblado. Aseguran que los policías judiciales del estado les prohibieron navegar en las inmediaciones de Nuevo San Rafael.

No obstante, un lanchero se anima a remontar el río, con la condición de no desembarcar. "Qué tal que se encabronan los policías y agarran más presos", se previene otro sin sacar los pies del agua.

"Tenemos la orden de Profepa de no usar 700 hectáreas del ejido, que son nuestras, pero dicen que también de los lacandones. Nomás podemos mirarlas, como quien dice", comenta otro hombre, quien carga piedras en la orilla y, tal vez porque no tiene lancha, se atreve a hablar.

"Dicen que van a desalojar, o de menos quitarles tierra, a los de Cacahuatán". Se refiere a otro poblado aquí al sur de Montes Azules. "La gente de Ixcán no quiere hablar porque están con temor. Conocíamos poco a los de Ignacio Allende, por aquí iban y venían. Por aquí salieron huyendo el otro día", agrega. "Sí, parece que el gobierno logró que se dividieran."

Más militarización

Río abajo, los soldados, al pie del puente sobre el río Ixcán, próximo a su desembocadura en el Lacantún, acechan desde la base de operaciones, una más de las que sellan la selva Lacandona por el sur. Como los grandes cuarteles de Amparo Aguatinta (donde ahora las revisiones de los transeúntes son exhaustivas) y Maravillas Tenejapa, pertenece a la 39 Zona Militar, con sede en el distante predio Toniná, en la cabecera de Ocosingo. También aquí, en el otro extremo de la selva, se sigue estando en el municipio oficial de Ocosingo.

Altamente codiciado por los promotores del turismo de aventura, el conservacionista y otras modalidades chic del ramo, el sur de Montes Azules ha sido asiento de familias migrantes, muchas veces perseguidas en sus lugares de origen. Los tres asentamientos más jóvenes, Ignacio Allende o Nuevo San Rafael, Nuevo San Isidro y el desaparecido Lucio Cabañas se originaron en años recientes. Sobre ellos posaron la mira y la bota las autoridades ambientales como parte de sus proyectos de desalojo para defender el latifundio patrimonial de los lacandones de Lacanjá Chansayab, a unos 300 kilómetros de aquí.

Las familias choles y tzotziles de esta última y diluida oleada de migrantes en la selva chiapaneca no eran bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, si bien al principio lo dieron a entender. Simpatizantes, sí, apoyaban el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Pero al llegar a las riberas del río Lacantún no pertenecían al grupo rebelde ni se unieron a los municipios autónomos de la región. Si bien a su modo han sostenido una resistencia, no dejaron de creer que cabía algún arreglo con el gobierno.

En la actualidad los de la comunidad Nuevo San Isidro, a diferencia de Nuevo San Rafael, sí sostienen ser bases del EZLN y encontrarse en resistencia.

Así se originó el humillante vía crucis de las familias de Lucio Cabañas, éstas sí desalojadas "voluntarias", las cuales anduvieron perdidas en la caridad pública mientras Profepa y la Secretaría del Medio Ambiente les daban largas.

A los pobladores de Nuevo San Rafael los echaron sin más promesa que el perdón de sus "delitos", y la SRA les endosó una "disculpa" que, conociendo la evolución de los hechos, resulta sobrecogedora. Esta secretaría, Profepa y el gobierno del estado les sacaron una virtual rendición autoacusatoria.

Las autoridades federales y estatales deben estar satisfechas del desalojo que proclaman "limpio". Y la SRA anuncia que algunos aceptaron "reubicarse" mediante previo "perdón".

Los pobladores de Nuevo San Isidro, aún en su poblado dentro de Montes Azules, se encuentran en situación de incertidumbre y ante similares amenazas "de reubicación". Hoy se encuentran en guardia, pues hace dos noches personas provenientes de Chajul intentaron cortarles el suministro de agua, y dijeron a La Jornada haber recibido sólo amenazas.