El gobierno de Bours les fabricó el delito, dice legislador

Dictan formal prisión a 3 ex mineros de Cananea acusados de extorsión

CRISTOBAL GARCIA BERNAL CORRESPONSAL

Hermosillo, Son., 20 de enero. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que se dictó auto de formal prisión por el presunto delito de extorsión, a tres ex trabajadores de Mexicana de Cananea, detenidos el martes de la semana pasada, quienes junto con compañeros suyos bloquearon los accesos al consorcio minero, movilización que inició el 20 de noviembre de 2003 y concluyó el pasado fin de semana.

Ante la negativa del gobernador Eduardo Bours Castelo a mediar en el conflicto, Francisco Javier Cañizales, a nombre de los ex mineros de Cananea, anunció que realizarán protestas en Hermosillo, luego de haberse declarado formal prisión a sus compañeros.

Los bloqueos a la empresa se derivaron de la negativa del grupo México, propietario de Mexicana de Cananea, de cumplir su acuerdo de pagar a ex empleados alrededor de 19.5 millones de dólares correspondientes al 5 por ciento de la compraventa del consorcio minero, realizada en 1990.

El diputado local Jesús Bustamante Machado, quien ha operado como intermediario entre el gobierno y los mineros, aseguró que la PGJE "fabricó" el delito de extorsión, porque "no está plenamente configurado dentro de las acciones" que realizaron los manifestantes.

El legislador perredista, abogado de profesión, consideró que con "argucias legaloides", el Ministerio Público del fuero común con sede en el municipio de Cananea demandó la formal prisión "sin sustento legal alguno". Añadió que "la extorsión es un delito que en el caso de los mineros de Cananea no procede. El gobierno lo ha fabricado por la presión de que ha sido objeto por parte del Grupo México".

De acuerdo con Bustamante Machado, en Sonora "estamos frente a un gobierno represor", que intenta desarticular manifestaciones de protesta con el "uso ilegal de la fuerza pública" .

Nuevo recorte de burócratas

Por otra parte, 68 trabajadores -22 sindicalizados y 46 de confianza- fueron despedidos de Telemax -televisora al servicio del estado-, a pesar de que la semana pasada el contralor general Arnoldo Soto Soto, anunció que había concluido el programa de redimensionamiento de la burocracia estatal.

El secretario general del Sindicato de la Industria de la Radio y la Televisión en la entidad, Ricardo Acedo Samaniego, informó que el recorte involucró a personal de los departamentos de Producción y Noticias de Telemax.

A su vez, la televisora señaló en un comunicado que con los despidos pretendió sanear sus finanzas, y argumentó que 60 por ciento del costo total de operación de la empresa se destina al pago de salarios y prestaciones.